Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

El Defensor del Pueblo u Ombudsman en los umbrales del siglo XXI (*)

Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Vicepresidente del Instituto Internacional del Ombudsman   

1. Planteo de la cuestión.

El tema que abordaré no resulta sencillo ni su consideración, pacífica; tampoco tiene una importancia menor. Se trata de responder a los siguientes interrogantes: 1) ¿ existen algunas señas de identidad del Ombudsman que no pueden abandonarse sin el riesgo de desvirtuarlo ?; 2)  el  Ombudsman de los países latinoamericanos, de las nuevas democracias de Europa Oriental, de África y, en general, de los países que lo han adoptado en los últimos años, ¿ es la vieja institución de origen sueco, hoy remozada ? ; 3)  si fuere así, ¿ cuál es el secreto de su lozanía?; 4) en caso contrario ¿ ha dejado de ser el original y se ha desvirtuado ?; 5) o ¿ será el mismo, pero enriquecido y comprometido con nuevos desafíos ?. Por todo ello, entonces, es necesario precisar si los Ombudsman actuales somos continuadores de la figura clásica  o sólo somos parientes muy lejanos.  ¿Será que no ha perdido su identidad  y sólo se ha transformado como consecuencia de su crecimiento?

2.  Los necesarios hitos históricos

Todos reconocemos que, más allá de antecedentes remotos o cercanos (por ej. el Defensor civitatis o Plebis romano; el Sahib  Al Mazalim de la época musulmana o el Justicia Mayor de Aragón), la figura que hoy nos convoca, tuvo su acta de nacimiento formal en Suecia, en la Constitución de 1809, al amparo de la pugna dialéctica que existía entre el Parlamento y el Rey. Fue mediante esa  Constitución  que el Ombudsman quedó desvinculado de la Corona merced a la asunción del principio de separación entre los poderes del Estado. El artículo 96 de aquella Constitución le atribuyó una serie de facultades encaminadas, fundamentalmente, a controlar la  Administración y la Justicia;  a esos efectos, la nueva institución vigilaba la observancia de las leyes y reglamentos en lo referente a su aplicación por parte de todos los funcionarios públicos pudiendo, incluso, citar a juicio ante los tribunales competentes a quienes por parcialidad, favoritismo o por cualquier otro motivo, hubieran cometido actos ilegítimos o incumplido de manera adecuada los deberes de su cargo.

Corrían entonces los años del liberalismo político expresado, generalmente en el régimen parlamentario el cual, a su vez, se fundamentaba en tres clásicos principios: 1) reconocimiento de la soberanía en la Nación;  2) elección de sus delegados, encargados de representarla y escogidos de entre las élites ilustradas  y, finalmente, 3) instauración de la responsabilidad del Poder Ejecutivo ante la asamblea de delegados de la Nación. En este contexto, nació el Ombudsman modelado inicialmente como un delegado parlamentario, con independencia funcional de quienes lo designaban. Otras notas que lo singularizaban eran: ausencia de un trámite solemne para la presentación de las quejas; carácter no vinculante de sus resoluciones despojadas del clásico imperium jurídico; amplias facultades de investigación y obligación de presentar, ante el Parlamento,  un informe anual en el cual daba cuenta de su labor. Estas “huellas dactilares” identificaron la versión original del Ombudsman.

Se había producido el primer hito en este largo camino.

Durante más de una centuria, nuestra Institución no desbordó los límites de Suecia, siendo prácticamente desconocida por el resto del mundo. Una vez que Finlandia obtiene su independencia, en 1917, decide establecer el Ombudsman. Así, quedó constitucionalizado en 1919, acorde con el modelo sueco y dotado de amplias facultades de supervisión de la observancia de las leyes en las actuaciones de los Tribunales y de otras autoridades, con arreglo a las instrucciones que le impartía el Parlamento.

Le cupo a Dinamarca, a través de la Constitución de 1953, el mérito de haberse constituido en el  segundo hito  visible de la evolución del Ombudsman. Varias fueron las razones que se conjugaron para posibilitar este original proceso de deshielo histórico: primero, la circunstancia de que la Institución se aplicó, con éxito, en un país con un sistema diverso al sueco y al finés; en segundo término, su institucionalización estuvo estrechamente relacionada con la necesidad de crear un órgano de control no tradicional de la Administración la cual había asumido al finalizar la segunda guerra mundial un intenso rol interventor.

Es que, de manera pronunciada, al culminar ese conflicto bélico comenzó a verificarse un proceso de creciente intervencionismo estatal en las relaciones sociales. Precisamente uno de los grandes tópicos de la ciencia política de mediados de siglo, ha sido el estudio del extraordinario crecimiento que experimentó la actividad estatal, en particular la Administración Pública. Este incremento de la actividad administrativa respondió, en parte, a un cambio en la concepción de los derechos subjetivos; de aquellas categorías jurídicas subjetivas que denotaban, primordialmente, una abstención por parte del poder estatal, típicas del constitucionalismo liberal - derechos de libertad, de igualdad, de propiedad privada, de seguridad- se pasa ( por vía del constitucionalismo social) a derechos de naturaleza prestacional, donde el Estado asumía compromisos de índole positiva, tales como brindar educación, salud, bienestar, cultura, esparcimiento, un medio ambiente equilibrado, etc. Era la época del Estado de bienestar o “welfare state”, generalizado hace cuatro décadas.

A partir de Dinamarca, la institución comenzó a desarrollarse masivamente por el mundo. Los primeros países que lo incorporaron a sus sistemas jurídicos fueron Noruega y Nueva Zelanda, en 1962. En todos ellos, y hasta mediados de la década de los años 70, el Ombudsman estuvo comprometido solo con el control de legalidad de la actividad administrativa, incluyendo la discrecionalidad y la arbitrariedad. Era, y es, el Ombudsman que atiende lo que se ha llamado acertadamente “maladministration” o, en términos más castizos, la disfuncionalidad administrativa.

En esa época, nuestra Institución ya se empleaba, indistintamente, en sistemas de derecho administrativo y en los del llamado “rule of law” caracterizada como un mecanismo no tradicional de control administrativo, con un procedimiento informal y de fácil accesibilidad por parte de los ciudadanos; representaba una magistratura de persuasión o de opinión. En la mayoría de esos países,  el  titular del Organismo era designado por el Parlamento a quien tenía la obligación de informar anualmente sobre las actividades desarrolladas.

Un rasgo común a los países que incorporaron la figura en los años sucesivos a 1960, fue su creación en Estados que  ya conocían un desarrollo, avanzado como estados democráticos de derecho. El Ombudsman fue incorporado como un complemento de instituciones ya existentes desde largo tiempo pero cuya acción protectora para el ciudadano se consideró, por lo visto, insuficiente. Ejemplos de ello son las instituciones del Ombudsman en la mayor parte de los países del norte y centro de Europa, en Israel y en algunos países de la Comunidad de Naciones, como Nueva Zelanda, en el Canadá y Australia.

Coincido con Álvaro Gil Robles en cuanto sostiene que difícilmente ( el Ombudsman ) hubiera dejado de ser una específica institución escandinava si no se hubiera producido aquel gran cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de regímenes nazis y fascistas que la provocaron, con sus consecuencias traumáticas para las libertades y  el respeto a los más elementales derechos humanos, así como la posterior reconstrucción de Europa con un acentuado intervencionismo público potenciado por las exigencias de una sociedad fuertemente socializada que reclamaba más y mejores servicios públicos.

Así como la finalización de aquel conflicto armado  marcó el inicio de la internacionalización de los derechos humanos, la incorporación de figuras como el Defensor del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos o denominaciones equivalentes, implicó la nacionalización de esos esfuerzos; es decir, la defensa y protección desde el mismo Estado a través de instituciones independientes y dotadas de amplias facultades de poder moral.

Y es aquí donde, a mi juicio, encontramos el tercer hito en este proceso histórico de la figura del Ombudsman.

A partir del Proveedor de Justicia, en Portugal (1975) y del Defensor del Pueblo, en España (1978), la figura del Ombudsman comienza a comprometerse con objetivos que trascendían aquellos que lo identificaron durante las dos primeras etapas ya detalladas. Así, por ejemplo, el artículo 54 de la Constitución española de 1978 contempló a esta figura como un órgano unipersonal, formalmente dependiente y funcionalmente autónomo de las Cortes Generales, cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales frente a las posibles violaciones cometidas por los poderes públicos y sus agentes.

Su incorporación a las recientes democracias de América Latina, de Europa oriental, de África y la paulatina institucionalización en países de Asia, son testimonio de un proceso generalizado en los últimos diez años que afirma la vinculación del Ombudsman de nuestros días con los derechos humanos y con la consolidación del sistema democrático.

3. Ombudsman, democracia y derechos humanos.

Dijo don Joaquín Ruiz Giménez, primer Defensor del Pueblo español, que la Institución que nos ocupa constituye un signo de identidad democrática. Seguramente habrá tenido presente al formular tan acertada afirmación que, en la actualidad, ya no se puede negar que la democracia ofrece el marco natural para el ejercicio de los derechos ciudadanos, no sólo en su sentido abstracto o individual, sino más bien para toda la humanidad solidaria, encajada en sus realidades sociales y en sus vivencias diarias.     Cierto es que a nadie se le pasa por la cabeza definir a un sistema político en función de esta institución, pero sí puede afirmarse que es uno de los nuevos signos - convencionales, si se quiere - que prueba la existencia de una definida voluntad política de preservar un régimen de libertades. Cabe recordar aquí que, tal vez, una de las grandes conquistas de la Humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, la representó la toma de conciencia acerca de sus derechos fundamentales; de que su dignidad no fuera solamente proclamada y declamada, sino, además, garantizada de forma efectiva. Y para la consecución de tan altos objetivos, se acudió a aquella figura acuñada en Suecia, a principios del siglo XIX.

En este estadio de la exposición, se impone ahora la  referencia al tema de los derechos humanos. Ello resulta imprescindible para transitar sólidamente el camino hacia las respuestas a los interrogantes que planteara minutos atrás.

La Historia de la Humanidad es un continuo tejer y destejer de abusos cometidos por la autoridad y de luchas, a veces, encarnizadas, por la libertad. Si sombrías son las páginas de la Historia que hablan de la intolerancia y de las arbitrariedades cometidas por dictadores, caciques, reyes absolutos y generales, también es gloriosa la historia de la Humanidad que ha esculpido monumentos inmortales en defensa de la libertad y de la justicia, tales como Hammurabi, la Carta de Neuchatel, la Carta Magna, el Bill of Rights, entre otros.

En este sentido, la larga marcha de los pueblos hacia esas ansiadas metas, desde la Prehistoria hasta finales del siglo XX, corre paralela con la toma de conciencia de las sociedades y los individuos sobre sus derechos fundamentales. Ahí están para demostrarlo, por ejemplo, varios monumentos estelares de este alborear de la conciencia ciudadana mundial: la Declaración del pueblo de Virginia, en 1776; la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; la Declaración Universal de las Naciones Unidas, de 1948; los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, del año 1969.

Sin perjuicio de las numerosas clasificaciones y criterios que se han esbozado para distinguir en categorías a los derechos humanos, a los efectos metodológicos y expositivos adoptaré la clásica división tripartita de derechos individuales; derechos económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad, cada uno de ellos representando una distinta generación.

Los derechos humanos tradicionales (vida, libertad, dignidad) reconocen ciertas libertades fundamentales que tenemos los individuos por la sola condición de tales. En estos casos, no se trata del otorgamiento de algún derecho por parte del Estado ni de facultad alguna que necesite ser actuada por él. Su garantía radica en los límites impuestos al poder de las autoridades para infringirlos, invocando razones de interés público. Son los llamados derechos civiles, individuales o fundamentales, propios de la primera etapa de este largo y azaroso camino.

En una segunda fase surgen los llamados “derechos económicos, sociales y culturales” cuyo reconocimiento depende, en alguna forma, de cierto tipo de acciones gubernamentales. Estos derechos sociales fundamentales brindan las bases para que los individuos puedan estar expuestos a la acción estatal sólo en la medida en que ello no afecte su desenvolvimiento como individuos y como miembros de la sociedad. Es el caso de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación. Ellos fueron incorporados en forma expresa y puntual a diversos textos constitucionales del primer tercio del siglo XX, luego de una dilatada y agitada gestación, donde no faltaron profundas conmociones sociales y políticas.

Por último, surgen los derechos de la tercera generación, o derechos de la solidaridad, es decir, aquellos que superan el egoísmo y exclusividad de los individuales, el interés sectorial de los sociales y que se fundamentan en su incidencia colectiva; por ej. el derecho a un medio ambiente equilibrado, a la protección de los valores culturales o históricos de una comunidad. Aquí se supera aquella regla tradicional que rezaba “lo que es de todos, no interesa a ninguno”; hoy, lo que es de todos, interesa a todos y a cada uno como parte integrante del conjunto. Es el último estadio de este proceso en el cual se ha transitado de lo individual a lo social y de lo social a lo comunitario o, en otros términos, del egoísmo, al sector y de éste, a lo social imbuido de solidaridad.

Una prueba del universalismo de esta figura, la brindan los ejemplos de sus aplicaciones en países de sistemas políticos parlamentarios y presidencialistas; en Estados unitarios, en Estados federales y en regiones autonómicas, en provincias y en municipios. Además, la Unión Europea tiene su Ombudsman desde el 27 de setiembre de 1995, lo que representa el primer Ombudsman del mundo a nivel supranacional.

A diferencia de lo que podía pensarse hace tres décadas, hoy el Ombudsman no es un lujo de sociedades desarrolladas; es una necesidad evidente de todo Estado de Derecho e inherente a una democracia de avanzada.

Precisamente su universalismo determina que la institución persiga, por encima de  factores de índole jurídico - formal, la satisfacción de un valor esencial a defender cuales son los derechos y libertades fundamentales de toda persona. Por esa razón, ya se está difundiendo, no sólo por América, sino últimamente también en Europa, Asia y África, una concepción de la idea de “mala administración”, más rica en matices que la tradicional acuñada para definir lo que debe ser campo propio de actuación del Ombudsman. A mi entender este concepto, debe abarcar no sólo la fiscalización de los actos diarios y rutinarios de una mala administración (ejemplo: el respeto a los plazos del procedimiento administrativo, la necesidad de no desvirtuar el valor del silencio administrativo, etc.) sino también abarcar aquellas decisiones de administraciones, entes públicos o empresas privadas que prestan, bajo un régimen de permiso, concesión o licencia actividades calificadas como servicios públicos.

Es que en este proceso de “aggiornamiento” continuo de la figura, el Ombudsman debe tener presente las evoluciones de las administraciones públicas en el uso de las técnicas jurídicas, de tal forma que la utilización de técnicas de derecho privado para la gestión de actividades esenciales a la comunidad no implique una huida de los controles públicos de la discrecionalidad con el consecuente abuso a los derechos de usuarios y consumidores. Mientras exista una concesión, subvención, capital público mayoritario o el fin sea la prestación de un servicio público en régimen de monopolio, la competencia del Defensor del Pueblo resulta indiscutible más allá de la técnica de gestión y del marco normativo que se quiera aplicar a las relaciones del ciudadano con el ente prestador del servicio. Lo importante es la función que se presta y quien la presta realmente, y no las técnicas jurídicas que, en un momento determinado, puedan hacer más eficaz una gestión.

4. Su identidad. ¿Crisis o evolución?

Después de haber analizado el origen de la figura, su vertiginoso crecimiento, su generalizada aplicación y su compromiso actual, analizaré ahora la cuestión de precisar si existen “señas de identidad” que lo identifiquen sin dudas y si ellas, o alguna de las mismas, puede abandonarse sin  correr el riesgo de desvirtuar su perfil.

Existen algunos rasgos que caracterizan, de manera singular,  al Ombudsman en su versión original: 1) su condición de institución pública estatal y no privada ni gubernamental; es una figura del Estado, nunca del Gobierno; mucho menos regida por el derecho privado; 2)  su vinculación con el órgano representativo de la soberanía y de la voluntad popular, es decir, el Parlamento o Poder Legislativo; 3) la independencia y autonomía funcional con que desarrolla su función; 4) las funciones de control de la actividad administrativa y de protección del ciudadano contra las disfunciones de ese origen ; 5) el carácter no vinculante o declarativo de sus resoluciones con las cuales no se suspenden, reconocen o niegan derechos ; 6) la condición de figura no tradicional, con poderes atípicos y procedimientos singulares distintos y distantes de los tradicionalmente conocidos y aplicados por la Administración Pública que permiten, por ejemplo, el acceso directo, informal y gratuito a los ciudadanos; 7) amplias facultades de investigación, con la consecuente obligación de colaboración que pesa sobre las autoridades requeridas.

El proceso de incorporación a sistemas jurídicos diversos al que lo cobijó inicialmente determinó, en algunos casos, no sólo objeciones doctrinarias provenientes de juristas clásicos sino, además, resistencias parlamentarias sostenidas. Si bien se aceptaba lo inevitable de tener que articular una nueva y complementaria vía para que los ciudadanos pudiesen formular sus quejas frente al mal funcionamiento de las administraciones, en última instancia, la incorporación de la figura se efectuó con variaciones en alguna medida, significativas. Así, por ejemplo, en algunos casos el titular del organismo es designado por el Ejecutivo, no por el Parlamento; el acceso de los ciudadanos se limitó a ejercerlo a través de los legisladores; se restringió su ámbito competencial a la Administración Pública, en sentido orgánico, excluyendo a la Administración de Justicia de su fiscalización; en otros casos, la institución no se aplicó a los ámbitos nacionales sino sólo a los locales, regionales o cantonales cuando no, sectoriales o especializados.

Toda vez que esas variaciones no alteren el perfil del Ombudsman como órgano público estatal no jurisdiccional de control administrativo, que goza de una independencia y autonomía irrenunciables, entiendo que pueden aceptarse esas nuevas versiones siempre que ellas se verifiquen en un auténtico Estado de derecho.

Si en cambio, aceptáramos incondicionalmente cualquier alteración sustancial a aquellas señas de identidad, correríamos el serio riesgo de devaluar al Ombudsman y convertirlo, simplemente, en un instituto cosmético o utilizado con fines subalternos.

Otra cuestión que he planteado al comienzo de estas reflexiones trata de precisar si, por ejemplo, las últimas aplicaciones del Ombudsman a los países latinoamericanos, a las nuevas democracias de Europa Oriental y de África  o su generalización en la región de Australasia y el Pacífico, se han verificado respetando aquella vieja figura del siglo pasado, hoy remozada o, en su defecto, si los nuevos ombudsman o sus sucedáneos son sólo es un remedo de aquella, de quien se  aprovechó su prestigio.

De manera previa, destaco que en esos países fue la necesidad de añadir una cuota mayor de seguridad a la creciente demanda de tutela integral de los derechos humanos, lo que determinó la necesidad, y no simple conveniencia, de acudir  a una institución prestigiosa y prestigiada en todo el  mundo, aún cuando se le imprimieron modulaciones singulares.

No cabe duda que las últimas aplicaciones de nuestro instituto  han desbordado los estrechos límites impuestos a la figura en su versión original. Una buena prueba de ello lo constituye la activa y decidida intervención que han asumido en estos últimos años, tanto en la defensa de los derechos humanos a la vida y la libertad como en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales o en los problemas vinculados al medio ambiente. Es que sus competencias han aumentado al amparo de las crecientes necesidades y exigencias sociales. Y si bien, en algunos casos, su actuación no se limita al control de los actos estatales sino que alcanza también, a los actos de particulares que lesionan derechos humanos o, en otros, se le ha otorgado una amplia legitimación procesal para accionar en defensa de los derechos vulnerados, siempre el concepto del Ombudsman está presente. Siempre el referente inexcusable es la noble institución de origen nórdico. Diría que, casi con reverencia, quien no presenta los caracteres originarios, aspira a ellos; desborda, incluso, la denominación singular que su ordenamiento jurídico le ha atribuido a la figura y siempre prefiere, si no es llamado Ombudsman, ser considerado como tal.

La generalizada difusión de este instituto - que ha superado límites geográficos, diferencias ideológicas, raciales, de credo, de lenguas, tradiciones, sistemas políticos, etc.- se ha edificado sobre el modelo tradicional (reconociendo su carácter fundacional y paternidad), pero no siempre a su imagen y semejanza. No creo prudente, en este contexto, alentar la distinción entre modelos clásicos y no clásicos si ello tiende a establecer supremacías de un modelo sobre otros; sí, en cambio, si esa distinción denota madurez, evolución y permeabilidad de la institución a las variables exigencias de la sociedad.

El Ombudsman, en sus versiones más recientes de la última década, está comprometido, no sólo con las disfunciones administrativas, sino también con la defensa de los derechos humanos, de cualquier generación que se trate asumiendo, en este sentido, un decisivo rol en las sociedades modernas. La comunidad internacional de Ombudsman ya no considera disonantes ni ajenos los desafíos garantísticos que los Defensores del Pueblo, Procuradores de los Derechos Humanos o figuras con denominaciones equivalentes,  han asumido como propios.

Una prueba fehaciente de la importancia que tiene la figura del Ombudsman en la actualidad  lo constituye el reciente pronunciamiento de la UNESCO, quien ha reconocido en los Ombudsman a las figuras principales del respeto a los derechos y obligaciones de los seres humanos y agentes multiplicadores de la cultura de paz que permiten superar, por su medio, los estados de inseguridad y violencia que obstaculizan la consolidación de la paz duradera.

De este modo valoriza el papel de nuestras instituciones en beneficio del respeto y desarrollo de la democracia, de la formación ciudadana y de la participación organizada de las poblaciones marginadas, excluidas y discriminadas.

No dudo en calificar a éste como uno de los respaldos internacionales más significativos que ha recibido la figura del Defensor del Pueblo, Procurador de los Derechos Humanos, etc. en los últimos años.

Siempre con ánimo de esclarecer los interrogantes, cabe preguntarse si el Ombudsman, en sus más recientes versiones, en América Latina, Europa, África, Asia y Oceanía está preparado para contribuir a forjar una cultura de paz. ¿No será éste un objetivo demasiado pretencioso para instituciones tan jóvenes que actúan en sociedades donde se advierten profundas y crecientes situaciones de marginación, resabios de autoritarismo y donde las políticas sociales aparecen postergadas frente a las políticas económicas?

Con total convicción estoy persuadido que el Ombudsman de nuestros días es una instancia absolutamente necesaria para contribuir a forjar esa cultura de paz. El Procurador del Ciudadano, el Proveedor de Justicia, el Comisionado para la protección de los derechos civiles, no importa cómo lo denomine la legalidad de cada ordenamiento, es un agente de la paz. La defensa continua de los derechos del ciudadano más humilde, del que tiene voto, pero que a menudo comprueba que su voz no es escuchada; sus diligencias para que los derechos fundamentales sean más que un mero documento, para que sean algo más que un simple preciosismo del discurso político, convierten al Ombudsman en un funcionario que  puede contribuir activamente a un estado de paz.

No olvidemos que, actuando con plena independencia funcional sin connivencia o complacencia con el poder, se encuentra en la privilegiada posición de asumir, desde el Estado, el rol de mediador entre las necesidades del pueblo y las autoridades que rigen sus destinos; se erige así, en un valioso instrumento de diálogo entre sectores encontrados y un importante medio de sensibilización del poder político.

Desde esta función se puede advertir la profunda brecha que existe entre las insatisfacciones del pueblo y las prioridades de su clase dirigente. Y lo que lo legitima aún más es que, actuando con esa autonomía funcional irrenunciable, esa cruda radiografía la efectúa desde el seno del propio Estado, permitiéndole a éste la posibilidad de recrear su relación con la sociedad. No olvidemos que la paz no es sólo la ausencia de guerra sino, además, un compendio de la justicia, de la libertad y de la solidaridad que suponen la superación de antinomias. Y es sobre estas antinomias (interés público - interés privado; autoridad - libertad; justicia - injusticia; capital - trabajo; egoísmo - solidaridad; macroeconomías - microeconomías, etc.) sobre las que opera la institución del Ombudsman. Así, por ejemplo, nuestras instituciones hoy  actúan tanto contra las discriminaciones, contra los actos abusivos e irrazonables del poder público como ante las injusticias que agravian a usuarios y consumidores de servicios públicos monopolizados y en manos del capital privado.

En vísperas del siglo XXI, es la humanidad misma la que constituye la amenaza más grande a su propia existencia. La proliferación de armas nucleares de la guerra fría ha dado lugar a una perspectiva igualmente sombría: el riesgo constante de conflictos étnicos, la violencia y la inestabilidad entre y al interior de muchos países. Los efectos derivados incluyen la degradación del medio ambiente, la pobreza, la marginación, la superpoblación, las migraciones y las flagrantes desigualdades sociales. La paz sólo se puede asegurar cuando el ser humano tiene libertad con dignidad, no con hambre, con miseria. Por ello, las diversas iniciativas tendientes a construir una cultura de la paz, vinculan la paz con el desarrollo endógeno, equitativo y sustentable. Si el desarrollo no es endógeno, se corre el riesgo de que contraríe e incluso perturbe, el contexto cultural y económico de las vidas de las personas. Si no es equitativo, puede perpetuar injusticias que conducen a conflictos violentos. Si no es sustentable, puede perjudicar, e incluso destruir, el medio ambiente y las estructuras sociales existentes. Mientras en el pasado, la estabilidad política se aseguraba teniendo como último recurso, la amenaza de la fuerza armada, hoy se obtiene mediante sistemas de democracia participativa. En estos sistemas, el conflicto se aborda merced a una combinación de participación, diálogo, mediación y compromiso. Aquí se inserta el Ombudsman de nuestros días ya que puede, desde el propio Estado, crear los antígenos que eviten la beligerancia social e incentivar, al mismo tiempo, nuevas formas de conciliación y mediación de intereses.

Se constituyen en espacios institucionales donde los individuos abandonan la clásica posición de “administrados” para asumir el rol de ciudadanos o contribuyentes que no tienen sólo la obligación de votar o pagar sus impuestos sino, fundamentalmente, la posibilidad jurídica de exigir el reconocimiento de sus derechos que, por otra parte, en el caso de los derechos fundamentales no son una dádiva graciosa del Estado sino una justa exigencia de la sociedad.

Y en el marco de estos nuevos desafíos, es mi obligación alertar que, ya en algunos países y muy pronto en otros, la figura que nos convoca deberá enfrentarse a las consecuencias de los procesos de liberalización de la economía, modelo que es actualmente hegemónico en el mundo, que si bien fortalecen lo macroeconómico, terminan destruyendo millones de microeconomías con el consecuente demérito de los derechos humanos.

Puede contribuir activamente frente al creciente clamor de las sociedades modernas que ya no se conforman con la proclamación retórica del derecho a la vida o a la libertad; quieren más y eso implica mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud, mayor protección de los valores comunes, etc.

Ante el interrogante que planteara acerca de si los actuales Ombudsman son sucesores directos de la clásica figura original o, en su defecto, sólo parientes muy lejanos respondo que, a mi juicio, somos sus hijos dilectos. El tiempo y la distancia no nos ha alejado del concepto del Ombudsman; la realidad ha cambiado sustancialmente, pero frente a esos cambios, muchas veces vertiginosos, la institución no ha permanecido autista; por el contrario, se ha mostrado tan permeable que ha podido adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad. Siempre reivindicamos, más allá de los  nombres propios de nuestras instituciones que somos Ombudsman y si bien en alguna medida, la denominación de “Defensor del Pueblo”, puede denotar un mayor compromiso con la sociedad, no ocultamos nuestra ascendencia. Es que, además de tener un compromiso institucional en el ejercicio cotidiano de nuestras funciones, somos conscientes que podemos contribuir a la consolidación del reconocimiento alcanzado por  la figura en todo el mundo.

5. Conclusiones

Concluyo afirmando que el Ombudsman en su versión actual, si es edificado sobre la base del modelo original, aunque no necesariamente a su imagen y semejanza, no pierde su identidad de tal. Es más, no sólo no la ha perdido sino que, a mi juicio, la ha afirmado a partir de que  consolidó su condición de interlocutor privilegiado entre el pueblo y sus necesidades  y el poder en cualquiera de sus expresiones; además, se erige en un mediador calificado desde su posición de independencia, no para buscar responsables, sí para articular soluciones a los problemas que generan las antinomias; es también un signo de identidad democrática; un instrumento de participación ciudadana; un medio de legitimación cotidiana de las instituciones estatales; una forma de recrear la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales; un instrumento ágil, diferente, informal e inmediato para defender los derechos humanos; en suma, es un medio de sensibilización del poder público acerca de las reales insatisfacciones de una sociedad.

La clave para todo ello será que siempre, sin concesiones, el moderno ombudsman mantenga su plena independencia de los intereses partidarios y que sea algo distinto, no “más de lo mismo”, dicho esto sin que ello implique descalificar a los órganos y procedimientos tradicionales pero, no obstante carecer del poder de coacción jurídica clásico, su procedimiento flexible, su trámite sumario, la fácil accesibilidad de los quejosos y, sobre todo, su inmediación con la problemática cuestionada son ventajas indudables que puede mostrar a todos los vientos.
Con toda seguridad, no va a engrosar el cementerio de instituciones garantísticas. Goza de buena salud y luce fuerte; puede afrontar el siglo XXI, y todos sus desafíos, con la sabiduría de haber nacido en el siglo pasado, haber crecido en la segunda mitad de la presente centuria y madurado al compás de su evolución.

Grande es nuestra responsabilidad como titulares de la figura del Ombudsman ya que nos corresponde legitimar cotidianamente a esta maravillosa institución de protección y control que, en última instancia, es un canto a la esperanza y a una apuesta a la solidaridad. Tendremos siempre presente que, lo que en muchos de nuestros países, hasta hace pocos años  podía ser considerado como una utopía política o un vano empeño de un erudito del derecho, hoy es un referente inexcusable para conocer las dolencias, carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido social de un país.

Antes de concluir mi exposición ante tan calificado auditorio, quiero reivindicar que más allá de los nombres con que se denominan nuestras instituciones, más allá de su origen constitucional, legal o reglamentario o de las modalidades singulares que ofrecen, todos los Ombudsman nos vemos unidos por aquel apasionado salmo del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento que dice : “ Justicia, justicia, perseguirás”.

(*) Texto de la conferencia pronunciada en el VI Congreso Internacional del Ombudsman, organizado por el Instituto Internacional del Ombudsman y que fuera celebrado en Buenos Aires, República Argentina durante los días 20 al 24 de octubre de 1996.

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