Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

- Informe Anual 1996

PRESENTACIÓN AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

BUENOS AIRES, 26 de mayo de 1997.

Honorable Cámara de Senadores, Honorable Cámara de Diputados, Señores Senadores nacionales, Señores Diputados nacionales:

En los términos del artículo 31 de la ley Nº 24284, reglamentaria del Defensor del Pueblo, me cabe el alto honor de presentar ante el Congreso de la Nación el Informe Anual correspondiente al año 1996.


Constituye esta la tercera oportunidad en que la Institución que represento cumple con el deber de dar cuenta de la actividad desarrollada durante el año anterior. Desde su puesta en funcionamiento el 17 de octubre de 1994, fecha en que asumiera el ejercicio de estas altas funciones, el Defensor del Pueblo de la Nación, como institución constitucional de control y tutela de los derechos humanos, ha recibido múltiples quejas de todos los sectores sociales habiéndose involucrado, también, en numerosas cuestiones que hacen a sus funciones por medio de actuaciones de oficio.

En el último Informe Anual, correspondiente al año 1995, ya adelantaba que mediante los informes anuales y especiales, el Poder Legislativo podía “conocer las dolencias, las carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido social de nuestro país, a las cuales accedemos por nuestro cotidiano contacto con la gente, con el Pueblo”.

La obligación de informar al Congreso Nacional que prescribe la ley al Defensor del Pueblo constituye o representa, en todo caso, un grato deber que afianza el sentido de la responsabilidad. No debemos olvidar que es una característica esencial de todo sistema democrático que los diversos gestores de lo público den cuenta de su actuación, respondiendo de ella ante quienes le han otorgado el mandato o encomendado el ejercicio de la función.

Esta presentación le permite al Defensor del Pueblo de la Nación hacer un balance de su propia actividad y de los resultados del control ejercido sobre las distintas administraciones. Resulta además, una ocasión privilegiada para llamar la atención de los señores legisladores sobre aspectos fundamentales en los que la intervención directa del Congreso de la Nación puede contribuir a una mejor defensa de los derechos de los ciudadanos.

Para el Defensor del Pueblo informar al Congreso de la Nación es mucho más que cumplir una obligación y ejercitar un derecho, es una forma de someterse de manera transparente al escrutinio de la sociedad para profundizar la confianza de aquellos a quienes está llamado a servir, es una vía idónea para impulsar la causa de los derechos humanos; es, en fin, un modo de hacer las cosas, de entender la función pública como un servicio a la comunidad y de esta forma, comprometerse con el pueblo.
Ya había puesto de manifiesto en los dos Informes Anuales precedentes, cuáles eran los principios esenciales sobre los que debía asentarse, a mi criterio, esta figura. La experiencia adquirida en distintas instituciones similares de diversas regiones del mundo y el permanente contacto con la realidad que nos rodea cotidianamente, me enseñaron que esta Institución: 1. No debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República; 2. No debe ser una figura cosmética o estética sino, por el contrario, una figura seria y objetiva; 3. Debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia con el poder; 4. No puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos de control; sólo en términos de complementariedad se justifica el Ombudsman o Defensor del Pueblo; 5. Su perfil adecuado ha de ser el de un colaborador crítico de la Administración; no su contradictor efectista; 6. A esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agotará sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano; 7. Debe ayudar a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos, sin olvidar en ningún momento, que esos problemas son síntoma o efecto de causas seguramente más profundas, las cuales debe tender a superar; 8. Debe constituirse en un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres.
Siento, en esta instancia, la necesidad de agregar una característica adicional que mi experiencia de estos años me indica como esencial. Se trata de que el Defensor del Pueblo no puede adoptar una actitud conformista ante la patología que llega a su conocimiento. Debe estar comprometido con una visión de la sociedad más justa que permita la dignificación del ser humano  y actuar sobre los factores que distorsionan los valores en una comunidad. Debe ser un innovador, casi un rebelde con causa; es que quien ejerce esta responsabilidad no puede menos que ser rebelde frente a las injusticias que su trabajo le muestra.

Ello es así porque el Defensor del Pueblo se pone en contacto diariamente con las miserias de una sociedad, con las insatisfacciones de sus miembros, con las injusticias que provoca el uso abusivo del poder público y privado, político y económico. Y es por ello que está en condiciones de brindar una radiografía sobre el estado social de un país y sobre el grado de reconocimiento y respeto de los derechos de quienes lo habitan.

Todas las condiciones esenciales que he citado anteriormente, a mi juicio, se han cumplido. A nadie puede válidamente caberle alguna duda que esta Institución desempeña sus funciones ante la sociedad con absoluta independencia, no respondiendo a ninguna directiva o instrucción del poder político. Este es uno de los aspectos que creo necesario destacar en esta ocasión. No dudo que la plena independencia con que ejerzo mis funciones pueda disgustar a quienes tal vez esperaban una actitud  complaciente con el poder. Nada más alejado de mi espíritu. En la difícil tarea que me han encomendado ambas Cámaras del Congreso Nacional, la plena autonomía funcional debe ser un referente inexcusable. Cuando se siembra tanta incertidumbre en la sociedad acerca de la real independencia de los poderes del Estado, resulta insoslayable al fundar una nueva Institución de la República, darle a esa sociedad señales absolutamente incontrovertibles e irrenunciables acerca de su correcto y adecuado encuadre Constitucional.
El artículo 86 de nuestra Carta Magna prevé que “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente...que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad ...”.
Cada una de las actuaciones que tramitan ante esta Institución testimonian que ella no es permeable a las presiones o intereses ajenos a aquellos que debe defender. Al solo título ejemplificativo, destaco dos actuaciones que, por su notoriedad, no han escapado a la consideración de la opinión pública y que confirman esta aseveración.
La primera se vincula al problema de los llamados Hielos Continentales. A solicitud de numerosos pobladores de la región en conflicto, esta Institución requirió los informes de rigor a las diversas autoridades competentes . Como consecuencia de la investigación realizada, puse en conocimiento de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo de la Nación del Honorable Congreso de la Nación, las conclusiones de la actuación referida. En esa oportunidad, y en una posición opuesta a la que mantiene el Poder Ejecutivo Nacional, sostuve “que no existirían impedimentos para la demarcación del límite internacional en la zona de los Hielos Continentales, de conformidad con el principio de divisoria de aguas, aceptado por ambos países en los acuerdos oportunamente celebrados” (conf. Informe Especial de fecha 21 de noviembre de 1996).
La restante actuación dio origen a una presentación que no encuentra precedentes en el derecho comparado. No digo esto con orgullo sino, en realidad, con vergüenza ajena ya que me constituí en el primer Ombudsman o Defensor del Pueblo del mundo que tuvo necesidad de acudir a un organismo internacional denunciando la violación a los derechos humanos cometida por un órgano del propio Estado.
Ante la reiterada negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aceptar la presentación del titular de la Institución, quien reclamaba un pronto despacho en las 65.000 causas sobre haberes previsionales que se encontraban demoradas desde hacía más de tres años, hubo necesidad de poner esa situación en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Dicha presentación se efectuó el día 08 de octubre de 1996; dos meses y 18 días después, la Corte Suprema de Justicia resolvía favorablemente los reclamos pendientes en aquellas miles de causas. El objetivo de la presentación ante aquel organismo internacional era impedir la efectiva denegación de justicia. Con legítimo orgullo hoy puede exhibir esta Institución su contribución al cese de aquella violación. Antes de efectuar aquella presentación, puse en conocimiento de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo mi decisión al respecto (conf. Informe Especial del 30 de septiembre de 1996).

Tanto en el caso de los Hielos Continentales como en este último citado, la decisiones que adopté, contra lo que algunos escépticos podían presumir, fueron realizadas en el marco de aquella independencia funcional plena y sin límites. Jamás recibí presiones o sugerencias que obstaculizaran mi función. No desconozco que en diversos corrillos y pasillos oficiales mi actitud fue agriamente criticada y considerada por algunos, a quienes prefiero no calificar, como un testimonio de deslealtad.

Reitero una vez más que, en el marco de la alta responsabilidad de sentar los cimientos de esta Institución, es una cuestión de principios ejercer el más alto grado de lealtad hacia todos los habitantes del país, cumpliendo fielmente las funciones que me fueran encomendadas. Cierto es que la plena independencia funcional que tiene esta Institución es un mérito que debe ser compartido con los gobernantes y dirigentes políticos que valoran y respetan al Defensor del Pueblo de la Nación y le permiten ejercer sus funciones sin interferencias. A ellos va, pues, mi reconocimiento.

Es propicia también la ocasión para expresar mi agradecimiento a todos los funcionarios y empleados de esta Institución quienes, con esfuerzo cotidiano, ponen de manifiesto el profundo compromiso que tienen con la comunidad.
Una prueba de la confianza que va alcanzando esta Institución la constituye la gran cantidad de actuaciones que se han promovido, durante el año 1996 y de manera creciente con relación al año anterior, por legisladores nacionales oficialistas y de la oposición, por legisladores provinciales, por Consejos Deliberantes de diversas ciudades del País y por un número importante de organizaciones no gubernamentales (ONG). Los diversos capítulos de este Informe Anual dan precisa cuenta de ello.

El importante crecimiento cuantitativo de actuaciones que ha experimentado esta Institución en el transcurso del año último con relación al anterior –7.256 en 1995 contra 22.697 en 1996, o sea el 213 %–, demuestra que, a pesar de una limitada labor de difusión por restricciones presupuestarias, su tarea de defensa de los derechos individuales, económicos, sociales y culturales y de los derechos de incidencia colectiva va dando sus frutos a lo largo y lo ancho de todo el territorio del país. En efecto, manteniendo la tendencia marcada en 1995, durante 1996 el 62 % de las actuaciones promovidas han provenido del interior del país, mientras el 38 % restante lo constituyen quejas de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

1.    Sin perjuicio de las precisiones que se efectuarán más adelante, en esta instancia debo destacar inicialmente que dos son las áreas que mayor actividad han demandado de nuestra Institución. El Area de Administración Económica y el Area de Empleo y Seguridad Social son las que han recibido mayor cantidad de quejas.
Así, por ejemplo, el 31.6% de las quejas se refieren a problemas vinculados a los consumidores y usuarios de bienes y servicios, destacándose que los cuestionamientos se fundamentan principalmente en los problemas que afectan a los usuarios “cautivos” de las licenciatarias, quienes en caso de disconformidad con el servicio sólo pueden quejarse en lugar de optar por otra, debido a la índole monopólica de la prestación de los servicios públicos gestionados por empresas privadas.

Teniendo en cuenta que esta tendencia parece afirmarse, pues como en 1995, en 1996 a este Area le correspondió alrededor del 32% de las actuaciones, es mi obligación llamar la atención de las autoridades responsables acerca de la necesidad de que el Estado asuma de manera decidida su rol de regulador de actividades económicas desarrolladas por empresas privadas. La eliminación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que durante su breve existencia sufrió numerosas alternativas que disminuyeron su función de control; la supresión de la Comisión Nacional del Transporte Automotor, el incumplimiento sistemático del precepto previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional –que contempla la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control–, son, entre otras, graves señales que ponen en evidencia el riesgo de encontrarnos frente a un Estado ausente que no asume su rol ante la sociedad.

Si bien las nuevas conceptualizaciones en lo social y en lo económico determinan que el Estado de nuestros días no sea el benefactor que mi obligación como Defensor del Pueblo es proteger las microeconomías; es tutelar el derecho de los débiles; de aquellos que no tienen poder; de los ciudadanos que tienen la obligación de votar pero que no tienen voz o no son escuchados; de los contribuyentes a quienes se les recuerda hasta el cansancio sus obligaciones tributarias pero a los cuales no se les recuerda los derechos de los que son titulares; de aquellos usuarios que reconocen algunas bondades de la economía de mercado pero que no alcanzan a comprender cómo, en el marco de una economía liberal, resultan cautivos de empresas monopólicas que son insuficientemente controladas por las autoridades competentes.

Este y todos los modelos económicos, que en última terminan conformando o deformando a una sociedad, deben tener origen, sustento y eje de su vigencia en el Hombre, epicentro de la creación divina. Por ello, el Defensor del Pueblo es crítico, con el objetivo de colaborar con la autoridad, cuando advierte que la economía prevalece sobre el ser humano y que los derechos humanos (sobre todo los económicos, sociales y culturales) muchas veces se convierten en simples expectativas o catálogos de ilusiones. Quien interprete esta contribución como un  desborde en el ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo, no tiene en claro, evidentemente, cuál es el rol que esta Institución y sus similares del mundo, desempeñan en las modernas democracias. A ellos les recuerdo que el primer Defensor del Pueblo de  España, don Joaquín Ruiz Giménez, sostuvo que “hoy, el Defensor del Pueblo es un signo de identidad democrática”.

A nadie debe escandalizar esta posición porque ella es compartida por mis colegas de América Latina, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por los Ombudsman del mundo quienes así lo expresaron en la Declaración Final de la VI Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman, celebrada en Buenos Aires entre los días 20 y 24 de octubre del año último.

La Federación Iberoamericana del Ombudsman, integrada por los titulares de instituciones similares de América Latina y de España, en una Declaración suscripta por unanimidad el 23 de octubre de 1996, en Buenos Aires, resolvió exhortar al Banco Interamericano de Desarrollo para que en sus actuaciones, condiciones de crédito y seguimiento de programas de ajuste estructural en los países latinoamericanos se vele por la plena observancia de las previsiones contempladas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de que son titulares, en virtud de convenios internacionales, los habitantes de los países prestatarios.

Por su parte, la UNESCO el 30 de junio de 1996 en la Declaración de Antigua Guatemala sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz, reconoció a los Ombudsman o Defensores del Pueblo de Latinoamérica como las principales figuras del respeto a los derechos y obligaciones de los seres humanos y ponderó sus funciones destinadas a forjar una cultura de paz, de igualdad y de justicia social que permitan un desarrollo equitativo, amplio y duradero.

De manera coincidente se pronunciaron en la “Declaración Final” que emitieron los 121 Ombudsman, Defensores del Pueblo, Procuradores y Comisionados de Derechos Humanos que representando a 86 países, asistieron a la VI Conferencia Mundial realizada en Buenos Aires, en octubre último. En esa oportunidad, el Congreso prestó especial atención al impacto producido sobre las actividades de nuestras Instituciones por los programas económicos financiados por los organismos internacionales y los bancos de desarrollo regionales. Formularon, en ese sentido, un especial pedido para que dichas organizaciones llevan adelante esos programas dentro del marco de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

2.    Tal como venía sucediendo desde el comienzo del ejercicio de nuestras funciones, el Area de Seguridad Social también concitó la atención de muchos quejosos, alcanzando el 43% del total de actuaciones. La demora de los trámites previsionales, la falta de respuesta a las peticiones formuladas, la inejecución de las respectivas obligaciones por parte del Estado, etc. son las principales causas de los cuestionamientos. Cabe señalar que, con motivo de la presentación que efectuara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando por la denegación de justicia en miles de causas judiciales, se acrecentó notablemente, a partir de octubre de 1996, la presentación de quejas sobre esta problemática. Al abordar en particular las actuaciones referidas a esta Area, se precisarán los resultados alcanzados mediante la intervención de esta Institución.

3.    Una de las áreas que ha acrecentado su trabajo de manera considerable es la Medio Ambiente. En el Informe Anual de 1995 decía que la citada Area ”... sólo ocupó el 4,8 % del total de las actuaciones ...Tan baja incidencia con relación al total de la Institución encuentra su explicación a partir de la escasa difusión que existe entre la población acerca de la posibilidad que tiene de defender los valores comunitarios ...” (Informe Anual 1995, pág. XXXVI).

Numerosas han sido las actuaciones que se han iniciado como consecuencia de quejas interpuestas por particulares, por organizaciones intermedias y de oficio, entre las cabe mencionar las promovidas en relación a la privatización de Yacyretá, los Hielos Continentales, la represa del Paraná Medio, contaminación de ríos –Salí en Tucumán, Riacho de oro en Formosa, Luján y Matanza en Buenos Aires, Paraná en diversos puntos de su cause, de La Plata, y el Riachuelo–, derrame de hidrocarburos en Plottier y muchas otras más que se detallarán en el capítulo correspondiente, permitiendo que hoy, afortunadamente, podamos exhibir un notable progreso en esa materia representado por un crecimiento durante 1996 del 36.5% en relación 1995, significando en 1996 el 8,6% del total de actuaciones tramitadas.

Antes de finalizar, corresponde efectuar una aclaración relacionada a la modalidad adoptada para elaborar este Informe Anual. Efectivamente, en la presentación del informe correspondiente a 1995, expliqué que: "... La exhaustividad del presente informe, que pudiera calificarse, en principio, como excesivamente pormenorizado, encuentra su justificación en que, tramitando la Institución por sus primeros anos de vida, debe procurar brindar la mayor información posible a toda la comunidad ..." (Informe Anual citado pág. XXVI). A diferencia de aquel, y debido al notable crecimiento cuantitativo que anteriormente explicité, el Informe Anual correspondiente a 1996 ha sido elaborado agrupando las actuaciones promovidas por esta Institución en familias de casos, no individualmente, puesto que ello hubiera demandado una obra tres veces más voluminosa que las anteriores.

Concluyo esta presentación desde la perspectiva cálida, cordial y humana de nuestro trabajo cotidiano. Resolver problemas concretos y ayudar al reconocimiento de derechos que han sido conculcados suponen un fin en sí mismo; produce también, un efecto de distensión como fruto de una relación más justa entre autoridades y ciudadanos. Esta siembra de paz desde la conciliación concreta, desde la crítica honesta y despojada de segundas intenciones es lo que constituye nuestra tarea diaria. Por eso nuestro principio básico es que “tratamos con seres humanos, no con expedientes”.

Desde esta privilegiada posición de observador independiente del  complejo funcionamiento de nuestra sociedad, el Defensor del Pueblo de la Nación se ofrece como un mediador calificado, para interceder desde el Estado, entre las necesidades del pueblo y las prioridades de su dirigencia. Puede ayudar desde esta posición a recrear la relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad para alcanzar la armonía y equilibrio que permitan un desarrollo justo y equitativo de todos los sectores que la integran.

Estadísticas correspondientes al período

Durante 1996 se promovieron 22.697 actuaciones lo que significó un crecimiento respecto del año anterior del 213%. Nuevamente, las áreas de Administración de Empleo y Seguridad Social y Económica fueron las destinatarias de la mayor cantidad de ellas (43,0% y 31,6% respectivamente).

En este período se incremento, asimismo, la cantidad de quejas llegadas desde el interior del país (62%).