Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

- Informe Anual 1995

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

Buenos Aires, 24 de mayo de 1996.

Honorable Cámara de Senadores, Honorable Cámara de Diputados, señores Senadores Nacionales, señores Diputados Nacionales:

INTRODUCCION: En cumplimiento del precepto previsto por el artículo 31 de la Ley Nº 24.284, tengo el alto honor de presentar a vuestra consideración el Informe Anual del Defensor del Pueblo de la Nación, correspondiente al año 1995.

Así como el Primer Informe relativo a la labor realizada desde el 17 de octubre de 1994 –fecha en que asumiera mis funciones– hasta el 31 de diciembre de ese año revistiera, según lo señalara en esa ocasión, “una singular importancia ya que constituye un balance inicial de los primeros meses de gestión...”, en esta oportunidad presento un Informe que reseña, por primera vez, la actividad desplegada en un año calendario completo. Así, daré cuenta de la gestión llevada a cabo desde el 1° de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de ese año, lo cual permitirá conocer más en profundidad todos los problemas que llegan a la Institución, el perfil de los reclamantes, la entidad de las demandas que realizan, la respuesta de los organismos requeridos, su predisposición o renuencia a colaborar con esta Institución y los resultados que podemos exhibir, con legítimo orgullo ante los señores legisladores y ante toda la opinión pública, sin distinción de banderías políticas.

La exhaustividad del presente Informe, que pudiera calificarse, en principio, como excesivamente pormenorizado, encuentra su justificación en que, transitando la Institución sus primeros años de vida, debe procurar brindar la mayor información posible a toda la comunidad para que se conozcan con amplitud sus competencias, la variedad de problemas en que interviene, sus efectos benéficos y también, sus limitaciones constitucionales y legales.

Teniendo presente el insoslayable compromiso moral que me impuse cuando asumiera las funciones de Defensor del Pueblo, de fundar una Institución Constitucional que llegue a gozar de conocimiento y prestigio ante la comunidad, al presentar el Primer informe Anual señalé los principios básicos que, a mi juicio, debían caracterizar al Defensor del Pueblo y comprometer a quien ejerciera tan alta función.

En esa oportunidad, expresé ocho principios esenciales que cada año que dure mi mandato me propongo renovar y mostrar en qué medida mantengo como norte de mi función. Así, dije que el Defensor del Pueblo: “1. no debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República” (pág. 18). Durante el año 1995 he actuado con total prescindencia de los intereses políticos, sin responder a compromisos partidarios o supuestas lealtades personales. Me he visto obligado, en el ejercicio legítimo de mis funciones, a interponer acciones judiciales contra actos, hechos u omisiones de autoridades del Gobierno en casos tan disímiles como la pretensión de aumento de las tarifas telefónicas por las empresas licenciatarias del servicio básico, sin el debido control de las autoridades competentes o ante la inacción de las autoridades competentes frente a la aproximación, a aguas territoriales argentinas, del buque Pacific Pintail, que transportaba una mortífera carga de plutonio.

Tengo la satisfacción de mostrar que, tanto legisladores del oficialismo y de la oposición, como autoridades provinciales y hasta el Poder Ejecutivo de la Provincia de Santiago del Estero, han confiado en la Institución y solicitado su intervención en casos tan diversos como, por ejemplo, la violación de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios o la tutela de los derechos de incidencia colectiva, con especial referencia al medio ambiente.

Sostuve en 1995 que: “2. no debe ser una figura cosmética o estética sino, por el contrario, una figura seria y objetiva...” (pág. 18). En este sentido, insisto que el Defensor del Pueblo no debe caracterizarse por su efectismo sino por su eficiencia, trasuntando firmemente la idea de que no es “más de lo mismo” sino algo distinto a todo lo conocido.

No es la clásica Administración Pública que tiene al expediente como el centro de su actuación, sino, por el contrario, una Institución solidaria que tiene al ser humano como objetivo último de su acción. En ese sentido, he acuñado en la Institución una frase que resume mi pensamiento en esta materia: “no tratamos con expedientes sino con seres humanos...”.

Afirmé también: “3. debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia con el poder...” (pág. 18). Estoy seguro de haber demostrado, a través de la actuación desplegada en el año 1995 y que queda reflejada en el presente Informe Anual, que la Institución no ha sido ni complaciente ni connivente con el poder en cualquiera de sus expresiones, habiendo actuado con prudencia y firmeza al mismo tiempo cuando las circunstancias así lo exigían. Obviamente, esto no ha sido comprendido por algunos funcionarios que no han perdido ocasión para descalificar a la Institución y a quien escribe estas líneas. A esas actitudes destempladas e intolerantes, les he respondido con prudencia mostrando hechos concretos, con el respaldo constitucional que tiene la figura del Defensor del Pueblo y con el mandato que me han conferido los señores legisladores  nacionales. Sobre este particular, declaro mi agradecimiento a los legisladores que confiaron en mí para desempeñar tan delicadas funciones, pero sostengo que esa gratitud no condiciona ni condicionará mi actuación en el futuro.

El Defensor del Pueblo: “4. no puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos de control: sólo en términos de complementariedad se justifica el Ombudsman o Defensor del Pueblo...” (pág. 18). En varias ocasiones, durante el transcurso del año 1995, no sin dolor, nos hemos visto obligados a no dar curso a pedidos formulados por personas que solicitaban que el Defensor del Pueblo interviniera en una causa judicial, promoviendo la revisión de un pronunciamiento judicial que les era adverso. En esos casos, les hemos explicado a esos quejosos que la Institución no podía sustituir a los órganos y procedimientos tradicionales de control; que no era función propia asumir la defensa individual de los derechos e intereses; que no suplía la responsabilidad primaria de las autoridades competentes en cada caso y que no había que pedirle al Defensor del Pueblo más que aquello para lo cual estaba facultado por la Constitución y la ley.

Obviamente, como ha sucedido en otros países del mundo, los primeros años de rodaje de la Institución muestran muchas presentaciones que exceden el marco de competencias de la Institución; ello sucede por el propio nombre de la figura que supone una luz de esperanza para quienes carecen de ella y por su novedad, lo cual obliga, sobre todo en los  tramos iniciales, a que se redoblen los esfuerzos para deslindar claramente sus responsabilidades, competencias y límites. Con el transcurso del tiempo y el conocimiento que se tenga de sus funciones, será menor el número de quejas desechadas y las expectativas que despierte estarán acotadas a los marcos constitucionales y legales.

Sostuve también que: “5. su perfil adecuado ha de ser el de colaborador crítico de la Administración, no su contradictor efectista; 6. a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agotará sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano...” (pág. 18). La mediación es una técnica que utiliza cotidianamente la Institución cuando un particular le requiere su intervención, tanto por la falta de respuesta a una pretensión que articulara, cuanto por la ausencia o insuficiencia de fundamentación de un acto administrativo que deniega su petición. Hemos podido comprobar que existe, en general, un notorio divorcio entre el individuo y sus autoridades. Así, ese hombre o esa mujer se sienten solos y muchas veces, impotentes frente a la pesada burocracia administrativa; saben que tienen la obligación de votar pero que no siempre tienen el derecho de ser escuchados; en ese momento comprueban que no tienen voz, o que si la tienen, no son escuchados. Por ello no utilizamos el término “administrado”, propio de nuestra legislación administrativa ya que ello implica una posición de subordinación hacia la Administración, característica de un Estado todopoderoso. Empleamos, en cambio, los vocablos “ciudadano” (superando su relación con el ejercicio de los derechos políticos); “contribuyente” (más allá del estrecho marco del derecho tributario y de la práctica ciudadana que lo identifica con obligación impositiva) o “interesado”.

Ante la Institución del Defensor del Pueblo, la persona, el individuo, el hombre, la mujer, no son sólo ciudadanos para votar o contribuyentes para pagar sino que, precisamente porque son ciudadanos y pagan sus impuestos están en condiciones de exigir de las autoridades el respeto pleno de sus derechos. Y como defendemos derechos humanos trascendemos edades, sexos, situación social o jurídica, condición económica o cualquier otro elemento que implique una minusvalía de aquellos derechos.

En aquel momento, señalé también que: “7. debe ayudar a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma o efecto de causas, seguramente más profundas, las cuales debe tender a superar...” (pág. 18). Obviamente, cuando reseñé la actividad de los primeros meses de gestión no podía tener la Institución una visión general de las problemáticas sociales, puesto que ella sólo puede alcanzarse luego de un ejercicio continuado e intenso de sus funciones.

Ahora, cuando la Institución ya ha superado su etapa fundacional y cuando son más de nueve mil quinientas las actuaciones que tramita, estamos en condiciones de comenzar a presentar una radiografía social del país, de las demandas de sus habitantes, del respeto de sus derechos y del grado de acatamiento que tienen las autoridades de sus obligaciones funcionales. Lógicamente, el desarrollo futuro de la figura del Defensor del Pueblo, además de mostrar las sucesivas carencias de la sociedad y las insatisfacciones de sus miembros, permitirá precisar con mayor detalle y profundidad el pertinente diagnóstico.

El último de los principios que enunciara en el Primer Informe Anual, apuntaba a destacar que el Defensor del Pueblo: “8. debe constituirse en un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres” (pág. 18). Cuando ya he transitado dieciocho meses al frente de la Institución, puedo asegurar que la figura del Defensor del Pueblo genera en los desprotegidos, en los desesperanzados, en los desilusionados y en los descreídos, una suerte de efecto taumatúrgico. En efecto, cuando se recibe una queja, por ejemplo, por vía postal, desde algún lugar distante del país, la sola respuesta de la Institución acusando recibo de la misma y poniendo en conocimiento del interesado el número de actuación que se le ha asignado, genera una nueva comunicación del quejoso quien ya expresa su gratitud por haber sido atendida su inquietud. Aquí recuerdo, y hago mías, las expresiones formuladas por el ex Ararteko (Ombudsman) del País Vasco, don Juan San Martín Ortiz de Zárate quien sostuvo que la figura que él representaba era una “institución con alma” .

La salvaguarda de la salud física y moral de los internados en hospitales neuropsiquiátricos; la protección del equilibrio ecológico que demanda una comunidad frente a una agresión ambiental; la urgencia en obtener un medicamento; la protección del usuario frente a la empresa monopólica de servicios públicos que pretende percibir una factura que no se ajusta al consumo real efectuado; la reconstrucción de un expediente judicial o la obtención de un beneficio provisional largamente demorado son algunos, y sólo algunos, de los casos que motivaron nuestra actuación y de los cuales da cuenta el presente Informe.

La simplicidad, la austeridad, la firmeza y la celeridad con que se abordan las cuestiones sometidas a consideración del Defensor del Pueblo, ya sea por la presentación de quejas individuales o colectivas, o bien por las actuaciones de oficio, permiten salvar cotidianamente, pequeñas y grandes contiendas. En algunos casos, conforme se da cuenta oportunamente, se ha podido verificar la modificación sustancial de comportamientos disfuncionales o violatorios de los derechos humanos, sólo con la remisión de un pedido de informes al organismo involucrado. La fuerza intrínseca de la Institución –su sustento constitucional y su condición de representante del Poder Legislativo– opera transformaciones que renuevan la confianza de la ciudadanía en la democracia percibiéndose ella, no sólo como un sistema político sino, fundamentalmente, como un estilo de vida.

De esta manera, el Defensor del Pueblo de la Nación se va constituyendo en un referente que camina junto a cada habitante del país que necesita su apoyo, haciendo propios sus reclamos, buscando soluciones a los casos individuales que, a la postre, podrán transformarse en soluciones para el conjunto de la sociedad. No debe olvidarse que esta figura no fue concebida para brindar auxilio directo ante necesidades concretas; esto significa que no puede proveer una vivienda, no puede dar trabajo al desempleado, no puede dar de comer a los niños y ancianos hambrientos o desprotegidos, no puede comprar medicamentos, no puede otorgar subsidios ni dar alojamiento transitorio, por ejemplo. Pero, en cambio, sí puede lograr que los organismos encargados atiendan esos reclamos; que se aplique la legislación vigente; que se modifiquen conductas o prácticas administrativas inveteradas y, fundamentalmente, puede lograr que el individuo, los grupos intermedios y, en suma, la sociedad se conviertan en sombras éticas del poder.

Al concluir estas palabras introductorias, quiero expresar mi reconocimiento a todas y cada una de las autoridades que han colaborado con la misión de control y tutela que tiene asignado el Defensor del Pueblo. En este agradecimiento, vaya un párrafo especial para las autoridades provinciales de todos los niveles que han prestado su apoyo a la Institución dando respuesta a los requerimientos formulados y comprendiendo de esa forma, que el Defensor del Pueblo no busca culpables sino soluciones a los problemas del ser humano.

Otra mención singular y mi formal reconocimiento merecen los medios de comunicación, que en sus versiones escrita, radial o televisiva, han reflejado a lo largo y a lo ancho del país, la labor que desarrollamos en defensa de la dignidad del ser humano. Esos medios constituyen, a diario, la fuente de muchas de las actuaciones de oficio que se promueven y, son al mismo, quienes nos permiten llegar a los rincones más alejados del país con nuestras recomendaciones, exhortaciones, advertencias o acciones judiciales que promovemos en defensa de los derechos humanos, de la calidad de vida, protegiendo los derechos de los usuarios y consumidores o cuestionando actos discriminatorios, abusivos o intolerantes.

Por último, espero que este Informe Anual del Defensor del Pueblo les permita a ustedes señores Legisladores, conocer las dolencias, las carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido social de nuestro país, a las cuales accedemos por nuestro cotidiano contacto con la gente, con el Pueblo.

Este Defensor aspira, en suma, a convertirse en un medio de sensibilización de los poderes políticos y en un instrumento a través del cual lleguen al Poder Legislativo las demandas insatisfechas de la sociedad.

Datos estadísticos correspondientes al período

Durante el año 1995, se iniciaron 7.256 actuaciones, de las cuales, el 3,2% correspondió a actuaciones promovidas de oficio. De las actuaciones admitidas, el 50,44% correspondió a temas del Area de Administración Económica, el 26,36% al área de Administración de Empleo y Seguridad Social, el 7,79% al área de Administración Sanitaria y Acción Social, el 5,75% al área de Derechos Humanos, el 4,78% al área de Administración de Justicia y el 4,69% al área de Medio Ambiente.