Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

- Informe Anual 1994

PRESENTACION AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION

Buenos Aires, 24 de mayo de 1995.

Honorable Cámara de Senadores, Honorable Cámara de Diputados, señores Senadores, señores Diputados:

Tengo el alto honor de presentar a vuestra consideración el Informe Anual del Defensor del Pueblo, tal como prevé el artículo 31 de la Ley 24.284.

Este primer Informe Anual reviste una singular importancia ya que constituye un balance inicial de los primeros meses de gestión, teniendo en cuenta que la instalación formal de la Institución se produjo a partir del día 17 de octubre de 1994, fecha en que presté juramento ante los señores Presidentes de las H. Cámaras de Senadores y de Diputados.

Es por ello que en estas palabras introductorias, quiero trasmitir a ustedes algunos conceptos que constituirán los principios básicos sobre los cuales desarrollaré la delicada misión que el H. Congreso de la Nación me ha encomendado.

Soy absolutamente consciente que me tocó asumir esta función en la etapa tal vez, más trascendente de la Institución. Se trata, nada más y nada menos que de instalar la Institución del Defensor del Pueblo, tanto en el contexto institucional como en el entramado social. Debo, pues, construir los cimientos de una Autoridad de la Nación que ha diseñado el constituyente y previsto el legislador, para defender los derechos humanos de los habitantes de nuestro país, controlando el ejercicio del poder público.

A esos efectos, tal como lo he venido sosteniendo desde hace muchos años en distintas publicaciones, conferencias y foros internacionales, la figura del Defensor del Pueblo ha de asentarse sobre ciertos principios esenciales, tales como:

1) no debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República;
2) no debe ser una figura cosmética o estética sino, por el contrario, una figura seria y objetiva;
3) debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia con el poder; 
4) no puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos de control: sólo en términos de complementariedad se justifica el Ombudsman o Defensor del Pueblo;
5) su perfil adecuado ha de ser el de colaborador crítico de la Administración; no su contradictor efectista;
6) a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agotará sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano;
7) debe ayudar a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma u efecto de causas, seguramente más profundas, las cuales debe tender a superar;
8) debe constituirse en un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres.

En 1987 sostuve que “la institucionalización del Ombudsman o Defensor del Pueblo implicará la producción de los siguientes efectos benéficos:

1) aumentará el control sobre la Administración en áreas que escapan, generalmente, a los órganos y procedimientos tradicionales;
2) como inmediata repercusión de ello, aumentará la esfera de protección y tutela jurídica de los ciudadanos, propendiendo así a una más integral defensa de las libertades y derechos fundamentales, no sólo los de carácter cívico, sino también, los de índole económica, social y cultural, así como los pertenecientes a la tercera generación, es decir, los de solidaridad social;
3) permite, asimismo, implementar el importante instrumento que estimulará la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos;
4) mediante su inserción orgánica en la órbita del Poder Legislativo contribuirá al indispensable proceso de fortalecimiento del Parlamento en el contexto institucional y social;
5) como obvia consecuencia del fortalecimiento del Poder Legislativo, se alcanzará una mayor consolidación del sistema republicano...” .

En aquel momento, 1987, el Defensor del Pueblo de la Nación era todavía una utopía, tenía la forma de proyectos legislativos y esfuerzos doctrinarios que abonaban la iniciativa; ocho años después, es ya una realidad; su rango constitucional y sus importantes misiones lo muestran como una Institución con la noble misión de defender y proteger los derechos humanos.

Asumo que todo ello implica un desafío y que ha llegado la hora de convertir aquellos postulados antes predicados dogmáticamente, en realidades tangibles que contribuyan a construir una sociedad más justa que dignifique al ser humano. Por mi compromiso con la Institución, ejerzo la función con la absoluta responsabilidad de la misión histórica que se me ha encomendado; es por ello que quiero expresar estos postulados en este tramo inicial de la Institución, a fines de que se tenga la convicción de que el Defensor del Pueblo no es una fantasía política sino, por el contrario, una Institución del Estado que debe responder con sabiduría, actuar con prudencia y predicar su imparcialidad.

Tal como lo sostuve años atrás, quiero asumir como propias, con la debida licencia del caso, las expresiones del diputado Alzaga Villamil en ocasión de debatirse en las Cortes Españolas el proyecto de ley orgánica del Defensor del Pueblo. Esos conceptos, a mi juicio, encierran la noble misión y el fundamento político de esta Institución. Dijo el legislador español: “Es absolutamente fundamental que el Defensor del Pueblo  sea un auténtico colaborador de la Administración, que ha de lograr que esa Administración, que tiene una carga de inercia histórica importante en cuanto a ciertos métodos de funcionamiento, alcance en la nueva situación democrática una mayor predisposición, una mayor preocupación por el respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y esto no es incompatible, sino perfectamente coherente con que la labor del Defensor del Pueblo, a la par, busque y logre que la Administración Pública sea cada vez más funcional. Sólo así contribuirá la nueva Institución al mayor prestigio del poder político ante la opinión pública. Eso es tanto como decir que contribuirá a la legitimación cotidiana del Estado. Y esa legitimación cotidiana del Estado es una pieza básica para consolidar el sistema político que estamos todos, pieza a pieza, construyendo...” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión plenaria número 127, celebrada el 11 de noviembre de 1980, pág. 7963).

Así como el tradicional proverbio latino reza “veritas fili tempori” (la verdad es hija del tiempo), Dios quiera que el tiempo de mi mandato me permita demostrar que el Defensor del Pueblo de la Nación, hoy en su etapa fundacional y de rodaje inicial, se ha convertido en una Institución, no sólo conocida, sino también prestigiada como un pilar fundamental de la República.

Datos Estadísticos correspondientes al período

En el período comprendido entre la fecha de inicio de las actividades del DPN, 17 de octubre de 1994, y el 31 de diciembre del mismo año, se iniciaron 756 actuaciones de las cuales fueron admitidas el 77,9%. En dicho período, y del total de las quejas admitidas, el 77, 7% correspondió a aquellas que involucraban a organismos nacionales, el 7,8% a provinciales y el 14,5% a otras entidades.

Asimismo, de las 756 quejas mencionadas, 35 correspondieron a actuaciones iniciadas de oficio.

1 Maiorano, Jorge Luis, El Ombudsman. Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas, pág. 3 y ss. Buenos Aires, 1987.