Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

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“En camino hacia el Defensor del Pueblo de la Provincia del Neuquén”, publicado en el sitio Fundación Observatorio de los Derechos Humanos, 16 de diciembre de 2009.

En camino hacia el defensor del pueblo de la provincia del Neuquén

Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo de la Nación (Mandato cumplido)
Ex presidente del Instituto Internacional del Ombudsman
Defensor del Asegurado
Profesor Titular de Derecho Administrativo.


Respondiendo a una gentil invitación de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, hace pocos días estuve en esa Provincia y en su ciudad Capital mantuve reuniones con altas autoridades locales. El motivo de la visita fue aportar mi experiencia de casi 30 años en relacion con la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo, ante la decisión de reglamentar el artículo 265 de la Constitución de esa Provincia, reformada el 17 de febrero de 2006.

El citado articulo prevé expresamente la figura del Defensor del Pueblo en estos términos: “El Defensor del Pueblo de la Provincia es un órgano independiente instituido en el ámbito del Poder Legislativo, que actúa con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y con autarquía financiera. Su titular es designado y removido por la Legislatura, con el voto de los tres quintos (3/5) de la totalidad de los miembros. La designación se hace entre aquellos postulantes previamente inscriptos. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores y percibe la misma retribución que no puede ser disminuida. Dura en su cargo cinco (5) años y no puede ocuparlo nuevamente. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución, en las leyes que en su consecuencia se dicten y en la Constitución Nacional ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de toda función administrativa pública, sin que resulte menester que medie una afectación directa e inmediata de derechos fundamentales. Tiene el deber de investigar aquello que, siendo de su competencia, llegue a su conocimiento.

Puede también actuar ante la administración de los municipios que lo requieran por no tener defensor del Pueblo. Tiene legitimación procesal amplia. Puede actuar ante la Administración y accionar judicialmente frente a todo acto u omisión de autoridad pública que agreda, actual o potencialmente, algún derecho subjetivo público.”

Actualmente son varios los proyectos que han sido presentados con la aspiración de reglamentar ese articulo constitucional; así, por ejemplo, el proyecto 5538, expediente D-192/06 suscripto por los diputados Beatriz Isabel Kreitman y Carlos Alberto Moraña, del Bloque ARI-PI; el proyecto 5646 Expediente D-390-06 promovido por el diputado Jesús Arnaldo Escobar, del Bloque Movimiento Libre del Sur; el proyecto 5521, expediente D-153/06 suscripto por el diputado Eduardo Domingo Mestre, titular del Bloque Recrear; el proyecto 5978, expediente D-161/08 firmado por los legisladores Maria Soledad Martinez, Higo Alberto Goncalves y Paula Rayen Sanchez del Bloque Frente Alternativa Neuquina; el proyecto 5856, expediente D-043/08 auspiciado por los diputados Marcelo Alejandro Inaudi y Tomás Eduardo Benítez, ambos del Bloque Concertación Neuquina para la Victoria y el proyecto 5968, expediente E-035/08 enviado por el titular del Poder Ejecutivo Provincial Dr. Jorge Eduardo Sapag.

Todos son valiosos y tienen previsiones que no contradicen, en general, los principios fundamentales de esta Institución ajustándose a la norma constitucional. Sin perjuicio de ello y como lo puse manifiesto en las reuniones realizadas en la Legislatura, hay algunas disposiciones que merecen ser tenidas en cuenta especialmente; asi, por ejemplo, los proyectos 5521, 5646, 5978 y 5856 prevén la facultad del Defensor del Pueblo de asistir a las Comisiones de la Legislatura en las cuestiones relativas a su incumbencia mientras que el proyecto 5521 contiene una interesante norma mediante la cual “Todo proyecto presentado por el Defensor del Pueblo a la Honorable Legislatura deberá ser tratado dentro de los sesenta (60) días a partir de que el mismo tome estado parlamentario. En el mismo plazo serán tratados sus informes y/o resoluciones” (conf. art. 15).

Una de las cuestiones mas arduas reside en la forma de elección del Defensor del Pueblo; es evidente que para alcanzar la mayor transparencia en la designación del titular de esta benéfica Institución, debe realizarse un concurso de antecedentes a través de los cuales se pueda verificar, en los aspirantes, la verdadera idoneidad y compromiso así como el conocimiento de la Institución. He podido comprobar, durante las reuniones mantenidas con los legisladores asi como con sus asesores, que existe unanimidad de criterio en este sentido, más allá de los matices que puedan contemplarse a los efectos concretos de la valuación de esas calidades. Una de mis propuestas fue la creación de un consejo asesor, integrado por expertos en el tema, con funciones no vinculantes y que aporte a los legisladores, que tendrán la responsabilidad de elegir al mejor candidato, su opinión objetiva y estrictamente técnica.

En ocasión de abordar este tema, adelanté algunos de los perfiles personales del Defensor del Pueblo, en base a las enseñanzas de mis maestros de Europa y mi propia experiencia; creo firmemente que el Defensor del Pueblo no es un cargo más, es un verdadero “oficio”; y así como el “oficio” de Defensor no se aprende en la Universidad ni hay un titulo que permita graduarse de tal, ser Defensor implica un compromiso, una vocación ya que supone, para quien lo desempeñe, renunciamientos futuros, compromisos actuales y trayectoria pasada. Renunciamientos futuros porque debe saber de antemano que, si actúa con independencia, tal vez no sea comprendido por los gobernantes y en el futuro tal vez sufra algun grado de marginación; compromiso actual porque debe actuar de oficio o a instancia de las quejas, adoptando una posición parcial; nunca un Defensor del Pueblo puede ser imparcial; sí un juez pero no un Defensor, partiendo de la propia denominación de la figura, que defiende precisamente a los desvalidos, a los que tienen voto pero no llegan a tener voz. Debe comprometerse con una visión más justa y equitativa de la sociedad en la que actúa protegiendo, fundamentalmente, a los grupos más vulnerables de esa sociedad. Y trayectoria pasada porque no es una salida laboral para oportunistas ni para quienes aspiran a una carrera política; por ello, debe exigirse como condición fundamental para la valoración de sus antecedentes, que conozca la Institución del Ombudsman, sus fortalezas y limitaciones, sus perfiles institucionales, el alcance que puede darle a la legitimación procesal que le otorga la Constitución Provincial, etc. Todo esto implica la trayectoria pasada que alegue y pruebe cada uno de los candidatos que aspiren al “oficio” de Defensor del Pueblo.

Durante las arduas sesiones de trabajo que se desarrollaron en esa jornada, compartí con legisladores y asesores algunas reflexiones sobre los perfiles personales del Defensor del Pueblo; aludir al “perfil personal” implica referirse a circunstancias, cualidades, condiciones o notas que, a mi juicio, y sobre la base del conocimiento científico y de la experiencia práctica, singularizan a un “Buen Ombudsman”; ellas son:

1) no debe ser un órgano integrante del Gobierno, sino una Institución del Estado. De esa forma evitará convertirse en amortiguador de disputas políticas o apéndice de intereses político partidistas;

2) no debe ser una figura cosmética o estética sino seria y objetiva. En ningún momento, el Defensor del Pueblo debe trasuntar la imagen de que es un émulo del Rey Midas o un salvador de la Patria pues ello, a la postre, implicaría la frustración de las expectativas que genera la figura en la sociedad;

3) debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como complacencia o connivencia con el poder;

4) no puede ni debe arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos tradicionales de control. Sólo en términos de complementariedad se justifica el Defensor del Pueblo ya que él ofrece ventajas evidentes sobre los procedimientos tradicionales. No obstante, aquella prudencia de la cual hablaba anteriormente, también se manifiesta aquí ya que no es perfil adecuado del Defensor del Pueblo competir con los órganos ya existentes;

5) su perfil adecuado ha de ser el de un colaborador crítico de la Administración, no su contradictor efectista. Esto implica que puede colaborar con la crítica o criticar con la finalidad de colaborar a la solución de los problemas. Errado es, a mi juicio, que adopte la actitud del contradictor que busca el efectismo con sus intervenciones o que utiliza sus poderes para destruir en lugar de construir soluciones para la comunidad;

6) a esos fines, y siempre que las circunstancias se lo permitan, debe agotar todos sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y los ciudadanos;

7) debe ayudar a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntomas o efectos de causas, seguramente más complejas y profundas, las cuales debe tender a superar;

8) debe tener un profundo sentido de la solidaridad y estar imbuido de un singular humanismo ya que quienes acuden al Ombudsman o Defensor del pueblo lo hacen con la esperanza de ser escuchados, de ser atendidos y que su reclamo pueda ser superado. Durante mi gestión fundadora de la Institución nacional, difundí en su sede carteles que acuñaban un lema que fue el norte de nuestra acción: "no tratamos con expedientes, sino con seres humanos...", con esos seres humanos que tienen voto pero que cuando necesitan ser escuchados comprueban que no tienen voz;

9) no debe esperar que la Institución se movilice sólo al amparo de las quejas individuales sino que debe ir en búsqueda de problemas, violaciones y abusos a los derechos individuales en sectores de personas que sufren alguna disminución (jurídica, física, psíquica), por ejemplo: quienes se encuentran privados de la libertad en establecimientos carcelarios, las personas internadas en hospitales neuropsiquiátricos, los ancianos alojados en establecimientos geriátricos, etc.;

10) resulta sumamente ventajoso que el Defensor del Pueblo tenga un sólido conocimiento de la Administración Pública, sus normas, usos, costumbres, criterios de aplicación, etc. Partiendo de la premisa que él se constituye en un mediador entre el ciudadano y la Administración, debe estar en condiciones de identificarse con los intereses, sentimientos y experiencias tanto de un ciudadano individual como de un agente estatal y así comunicarse con ambas partes en condiciones comprensibles para ellas.

11) debe esforzarse por ser respetado por el Gobierno. Siempre será más propio del Defensor que lo respeten a que le teman. Cabe recordar que él no utiliza, por regla general, la coacción jurídica tradicional pero a cambio de la imposibilidad de aplicar sanciones coercitivas, sabe que su autoridad se basa en el poder moral y que, en la medida que se justifique cotidianamente, contará con el respaldo incondicional de la sociedad.

12) es fundamental que constituya una sólida alianza con los medios de comunicación ya que ellos le van a proporcionar elementos para la promoción de actuaciones de oficio y, además, van a constituirse en voceros de sus intervenciones de tal forma que la opinión pública asuma la condición de sombra ética del poder.

Quienes hemos ocupado el cargo honrosamente, sabemos que ser Ombudsman no es ser Superman; ser Defensor del Pueblo no supone ser el sanador de todos las dolencias sociales; pero eso sí, implica una entrega total a la función, una lucha cotidiana contra la desesperanza y la injusticia. Y eso el pueblo, que nunca se equivoca, lo advierte. Sabe distinguir entre quien se desempeña honrando el cargo y quien hace uso del cargo para sus apetencias políticas; de esa forma se puede advertir si la Institución es “más de lo mismo” o es algo distinto, una institución con alma, cercana a la gente, no por oportunismo, sino por vocación.

Estoy plenamente convencido que el año próximo, la provincia del Neuquén tendrá su Defensor del Pueblo a través de una ley consensuada ya que, reitero, los proyectos presentados se encaminan en la buena dirección. Obviamente, una vez sancionada la respectiva ley orgánica, los legisladores tendrán la enorme y trascendental responsabilidad de elegir a una persona a quien se le encomendará la noble misión de defender los derechos humanos de los habitantes de la Provincia y de controlar el ejercicio del poder, sin abdicar en ningún momento de la plena autonomía funcional y de la independencia que caracterizan a esta Institución en el mundo entero.