Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

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"El Ombudsman: una historia de 200 años y más…", publicado en la Revista de Derecho Administrativo en homenaje al Dr. Miguel Santiago Marienhoff, número 66, año 2009.

El Ombudsman: una historia de 200 años y más…

Dr. Jorge Luis Maiorano (*)

Cualquiera de nosotros conoce durante el transcurso de la vida a miles de personas; la mayoría de ellas no pasan de ocupar un espacio circunstancial; en otras palabras, pasan y no quedan en nuestra memoria ni en nuestros afectos. Pero, al mismo tiempo, durante el decurso de esa vida hay algunas personas que quedan inmortalizadas en nosotros. La mayoría son familiares; otros serán amigos y unos pocos serán maestros de vida. Una de esas personas a quien tuve el honor de conocer y cultivar una sincera amistad en largas charlas que mantuvimos durante años, fue el Profesor Dr. Miguel Santiago Marienhoff. Para mi será, mientras transite por esta vida, un ser humano inolvidable; alguien que me enseñó no solo Derecho, sino que además, me transmitió ejemplos de conducta, valores que, poco a poco, fueron edificando en mí el concepto de don Miguel: un hombre sabio, un ejemplo de hombre público, un hombre sereno aunque vehemente en la defensa de sus opiniones; un Jurista con mayúsculas, un catedrático profundo y exhaustivo; en suma, una persona que ha quedado en mi mente y en mi corazón con un recuerdo imborrable. Una prueba del afecto que mutuamente nos profesábamos fue su generoso aporte a mis alumnos de una exposición que fue grabada en video en su estudio allá por mayo de 1989 y que, año tras año, reproduzco, como prueba de un singular privilegio, a las sucesivas generaciones de estudiantes quienes escuchan y ven el  testimonio de un auténtico Maestro en el sentido más auténtico de esta expresión. Gracias don Miguel y hasta siempre.

I- INTRODUCCION

En estas líneas rindo homenaje a una Institución que esta próxima a cumplir dos siglos de vida, desde su primera muestra visible, y cuyo desarrollo no se ha detenido; por el contrario, la figura del Ombudsman, en sistemas jurídicos diversos y con denominaciones no homogéneas, se muestra cada vez más activa y dispuesta a tender un puente entre las autoridades y el pueblo como una forma de legitimar cotidianamente al Estado como gestor del Bien Común.

Quien escribe estas líneas cumple este año 2009, 29 años de relación con esta figura a la cual me vinculé  inicialmente en el plano intelectual el cual me llevó luego, a redactar el proyecto de ley que años mas tarde se convertiría en la Ley 24284; también me permitió alcanzar el título de Doctor en Jurisprudencia merced a la defensa de la tesis sobre “El Ombusman: defensor del pueblo y de las instituciones republicanas” que se publicara en 1987; posteriormente, por la extraña conjunción de la Providencia y la Política, llegué a fundar la Institución con raigambre constitucional en mi país convirtiéndome así en el Primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, durante los años 1994 a 1999; en ese período, obtuve el reconocimiento de mis colegas del mundo quienes me eligieron en 1998, en Islamabad, Pakistán, Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, con sede en Canadá; desde agosto de 2007 asumí la responsabilidad de fundar el primer Ombudsman corporativo privado del país en carácter de Defensor del Asegurado, figura creada por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros.

II.- SUS ORIGENES

Existe consenso generalizado en que, mas allá de algunos antecedentes remotos  (por ej. los Euthynoi, en Atenas; los Efloren, en Esparta; en China, durante la dinastía Han, el Yan; en Venecia, en el siglo XV, el Consejo de los Diez; el Defensor civitatis o Plebis romano; el Sahib Al Mazalin de la época musulmana o el Justicia Mayor de Aragón)(1), la figura que nos ocupa tuvo su acta de nacimiento formal en Suecia, al amparo de la pugna dialéctica que existía entre el Parlamento y el Rey. De esa forma, el Ombudsman quedó desvinculado de la Corona merced a la asunción del principio de separación entre los poderes del Estado.

Una Comisión Parlamentaria, reunida en la primavera de 1809, redactó una nueva Constitución, en la que influyó la doctrina de la separación de Poderes de Montesquieu prescribiendo que los derechos generales e individuales del pueblo deberían estar protegidos por un guardián designado por el Parlamento, con la misión de vigilar la forma en que los jueces y otros funcionarios cumplían las leyes.  La  idea  básica  era, pues, garantizar los derechos civiles mediante la vigilancia de la actividad de la Administración por un representante del pueblo, independiente del Gobierno.

El artículo 96 de dicha Constitución, sancionada el 6 de junio de 1809,  contempló al Ombudsman, en calidad de delegado del Riksdag, como encargado "de vigilar la observancia de las leyes y reglamentos en lo referente a su aplicación por parte de todos los funcionarios públicos, así como de citar en juicio ante los tribunales competentes a todos los que, en el ejercicio de sus funciones, por parcialidad, favoritismo o por cualquier otro motivo, hubieran cometido actos ilegítimos o no hubieran cumplido de manera adecuada los deberes de su cargo".

La redacción de la norma citada deja ver con claridad la amplitud de las facultades que se conferían al Ombudsman.  Se trataba de estructurar un control de tipo fiscalizador sobre todos los órganos encargados de la aplicación del derecho, vigilando la correcta observancia de las leyes por parte de dichos órganos, es decir, tanto de los tribunales como del Poder Ejecutivo.  Probablemente, la idea básica subyacente en la creación de este cargo fuera la de que los tribunales y otras autoridades se verían menos inclinados a desconocer las leyes para servir a los deseos del Gobierno, siempre que esas actividades fueran vigiladas por un tribuno del pueblo, independiente del mismo.  Esta era, por lo demás, la intención de la Comisión Parlamentaria: un control que no dependiera del arbitrio del Ejecutivo, que tuviera la confianza del Parlamento y que vigilara que los tribunales y los departamentos administrativos respetaran los derechos de los ciudadanos.

En la época del nacimiento del Justitie-Ombudsman, el régimen parlamentario asumía la configuración que aún mantiene, en la cual es característico que el Gobierno responda políticamente ante las Cámaras.

El Ombudsman sueco nació, por consiguiente, como auxiliar del Parlamento en el ejercicio de la función fiscalizadora.  Y ejerce, desde entonces, un vasto poder que no se encuentra en otros ordenamientos, dado que viene determinado por el proceso de decadencia de la autoridad regia, que desembocaría en la independencia de los tribunales y en la supremacía del Parlamento.

Corrían entonces los años del liberalismo político expresado generalmente en el régimen parlamentario el cual, a su vez, se fundamentaba en tres clásicos principios: 1) reconocimiento de la soberanía en la Nación; 2) elección de sus delegados, encargados de representarla y escogidos entre las elites ilustradas y, finalmente, 3) instauración de la responsabilidad del Poder Ejecutivo ante la asamblea de delegados de la Nación.

Fue en este contexto donde nació el Ombudsman, modelado inicialmente como un delegado parlamentario, con independencia funcional de quienes lo designaban. Otras notas que lo singularizaban eran: ausencia de un trámite solemne para la presentación de las quejas; carácter no vinculante de sus resoluciones despojadas del clásico imperium jurídico; amplias facultades de investigación y obligación de presentar, ante el Parlamento, un informe anual en el que diera cuenta de su labor.

Estas “huellas dactilares” identificaron la versión original del Ombudsman. Se había producido el primer hito de este largo camino.
Había nacido entonces, para el derecho público y para los más diversos sistemas políticos y constitucionales, una figura de rasgos muy peculiares que durante más de un siglo permanecería restringida al ámbito escandinavo, siendo prácticamente desconocida por el resto del mundo.

III.- EVOLUCION POSTERIOR

Una vez desaparecida la dominación rusa, en 1917, y con la implantación de un gobierno republicano, fue  Finlandia, en  el articulo 49 de la Constitución del 7 de julio de 1919, quien acogió a esta figura siempre con el nombre originario de “Ombudsman del Parlamento” o “Delegado Jurídico de la Cámara de representantes”, acorde con el modelo sueco y dotado de amplias facultades de supervisión de la observancia de las leyes en las actuaciones de los Tribunales y de otras autoridades, con arreglo a las instrucciones que le impartía el Parlamento.

Treinta y cuatro años más tarde fue el turno de Dinamarca.  La inserción del Folketingets Ombudsmand por el artículo 55 de la Constitución del 5 de junio de  1953 fue un acontecimiento decisivo para el éxito internacional de la institución ya que, por vez primera, se incorporaba a un sistema jurídico distinto al de su país de origen.  En Dinamarca, no existe la separación entre Administración y Gobierno, ni la independencia de funcionarios y autoridades de aquélla en relación con los ministros (como ocurre en Suecia y Finlandia).  La estructura administrativa danesa es del modelo ministerial de corte napoleónico, muy diferente de la sueca y similar a la de los países de  Occidente, con lo que se comprobó la posibilidad de aclimatar la institución en un terreno distinto del de su nacimiento.

Le cupo a Dinamarca el mérito de haberse constituido en el segundo hito visible de la evolución del Ombudsman.

Además de esa razón ya apuntada existió otra que se conjugó para posibilitar este original proceso de deshielo histórico; su institucionalización estuvo estrechamente relacionada con la necesidad de crear un órgano de control no tradicional de la Administración la cual había asumido, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, un intenso rol interventor.

Recordemos que, al culminar ese conflicto bélico, comenzó a verificarse un notable protagonismo estatal. Precisamente uno de los grandes tópicos de la ciencia política de mediados de siglo XX giró en derredor del extraordinario crecimiento que experimentó la actividad estatal, en particular a través de la Administración Pública.

Este incremento de la actividad administrativa respondió, en parte, a un cambio en la concepción de los derechos subjetivos; de aquellas categorías jurídicas subjetivas que denotaban, primordialmente, una abstención por parte del poder estatal, típicas del constitucionalismo liberal –derechos de libertad, de igualdad, de propiedad privada– se pasa (por vía del constitucionalismo social) a derechos de naturaleza prestacional donde el Estado asumía compromisos de índole positiva, tales como brindar educación, salud, bienestar, cultura, esparcimiento, un medio ambiente equilibrado, etcétera.

Era la época del Estado de bienestar o “welfare state”, generalizado hace seis décadas y fuertemente cuestionado en el último tramo del siglo pasado.
Luego de Dinamarca, la Institución comenzó a difundirse masivamente por el mundo. Los primeros países que la incorporaron a sus sistemas jurídicos fueron Noruega y Nueva Zelanda, en 1962.

La República Federal Alemana estableció el cargo por ley de 26 de junio de 1957, creando el Wehrbeauftragte des Bundestages, limitado únicamente a las fuerzas armadas.  El artículo 2º de la ley le otorga competencia cuando existan indicios de haberse cometido una violación de los derechos fundamentales de los militares o de los principios de dirección interna (innere Führung).

En 1960, el Gobierno de Noruega presentó al Parlamento (Storting) un proyecto de ley para la creación del cargo.  Tras algunas modificaciones, se elaboró un nuevo texto, que culminó con la ley de 22 de junio de 1962.  Conforme con su artículo 3º, incumbe al Ombudsman "proteger a cada ciudadano contra posibles injusticias por parte de la Administración Pública"

En Gran Bretaña, tras seis años de discusiones, se publica la Parliamentary Commissioner Act, de 22 de mayo de 1967, por la cual se crea el Ombudsman británico: el Parliamentary Commissioner for Administration.  En Irlanda del Norte, se introduce en 1969, según el modelo inglés.  Desde 1967, se implanta por provincias en Canadá (Alberta, New Brunswick, Quebec, Manitoba, Nueva Escocia y Saskatchewan). Lo mismo ocurrió en Estados Unidos dentro del marco de los Estados federados, iniciándose el proceso de adopción del Ombudsman en 1967. Australia recibe la influencia británica y, en 1971, crea un Comisario Parlamentario.

Por ley aprobada por el Knesset el 18 de mayo de 1949, se creó el cargo de State Comptroller en Israel.  Su función originaria consistió en controlar las operaciones contables y la gestión  financiera  y patrimonial  de la  Administración, pero después de algunos años de funcionamiento se introdujo la práctica de examinar las quejas que le dirigían los particulares, incluidas aquellas que no afectaban a aspectos financieros de la gestión estatal.  En 1971, tal práctica fue institucionalizada, creándose una sección especializada para el estudio de las reclamaciones del público, dentro de los servicios de control, bajo el mando del Commissioner for Complaints from the Public, cargo que, junto al de Controlador del Estado, es ejercido por la misma persona.

El avance avasallador del Ombudsman no se detuvo al llegar a la frontera francesa. A comienzos de de la década del setenta, hubo dos proposiciones de ley: una, de noviembre de 1970, para crear el "Haut Commissariat à la défense des droits de l'homme", y otra, de noviembre de 1972, para propiciar la creación de un "Delegué Parlamentaire à la liberté". Ambas abortaron, debido al escepticismo parlamentario y a la oposición del Gobierno.  No obstante ello en octubre de 1972, el Gobierno francés anunció, ante la Asamblea General, la creación de un Mediateur o especie de Ombudsman, encargado de mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la Administración.  A fines de ese año, se presentó el proyecto de ley, el que fue promulgado como ley de la República, luego de cuatro semanas de trámites legislativos, el 3 de enero de 1973.

IV.  LA INFLUENCIA DE LA VERSION HISPANICA


El tercer hito en este proceso histórico se encuentra, a mi juicio, con la incorporación de la figura del Ombudsman en Portugal (1975) y España (1978).
A partir de esos dos países, la Institución comienza a comprometerse con objetivos que trascendían aquellos que la identificaron durante las dos primeras etapas ya detalladas.

Su incorporación a los países de América Latina- devenidos en Estados democráticos en los últimos veinticinco años-, a los países de Europa central y del Este, de África y la paulatina institucionalización en la región asiática son el testimonio de un proceso generalizado que afirma la vinculación del Ombudsman de nuestros días con los derechos humanos y con la consolidación del sistema democrático. Aquí se aprecia la cuarta etapa de este proceso que, desde otro ángulo, se ha dado en llamar la “segunda generación” de Ombudsman. (2)

Es generalmente admitido que la institución del Ombudsman, bajo cualquiera de las denominaciones con las que se ha desarrollado en Iberoamérica, lo ha hecho al amparo de la influencia que ha tenido la Constitución Española de 1978. Su articulo 54°  se ha convertido en un verdadero paradigma en el tema defensorial, tanto para juristas, legisladores, defensores y estudiosos de las naciones americanas.  Dicho artículo, en primer lugar, ubica a la institución definitivamente en el rango constitucional comportando la creación de un órgano autónomo de la mayor jerarquía cuya reglamentación delega a una ley orgánica, esto es a una mayoría calificada del Parlamento para su aprobación y eventual modificación. En segundo lugar, enmarca el mandato del Ombudsman en la defensa de los derechos comprendidos en el ámbito de lo que la Carta española denomina   garantías de las libertades y derechos fundamentales. Le otorga, en tercer lugar, la facultad constitucional de supervisar la gestión de la administración estatal con el propósito de velar por el respeto de tales garantías y derechos.  Y, finalmente, vuelve a vincular al Defensor con el Poder Legislativo en la rendición de  cuentas a través del Informe Anual a las Cortes.

A ello se añade el artículo 162° que consagra la legitimación del Defensor del Pueblo para interponer, ante el Tribunal Constitucional, el recurso de inconstitucionalidad (inciso a) y el de amparo (inciso b), lo que constituye una clara diferenciación del modelo clásico que se desarrollo como una “magistratura de persuasión”.

A pesar de la evolución, que se reconoce más adelante, en el sentido de que el Ombudsman Iberoamericano se enmarca en el ámbito constitucional y de protección y promoción de los derechos humanos, ello no ha supuesto el abandono de sus labores en el campo del control administrativo (3).  No se ha producido una ruptura en relación a las funciones de control y supervisión que el Defensor del Pueblo siempre ejerce sobre el conjunto de la administración en el marco del artículo 54º de la Constitución Española y de las disposiciones constitucionales equivalentes de Iberoamérica...  A renglón seguido, debe precisarse, que a ambos lados del Atlántico se destaca la legitimación del Ombudsman para interponer recursos de inconstitucionalidad y amparo de acuerdo con lo previsto en las respectivas Normas Fundamentales y las leyes orgánicas de las Defensorías del Pueblo o de los Tribunales Constitucionales que por igual se han generalizado en la región.

Como lo señala con precisión Fernández Segado, luego de describir las vicisitudes del artículo 54° de la Constitución española en el Congreso Constituyente, “(...) la institución encuentra su razón de ser, su ultima ‘ratio’, en la ‘defensa de los [derechos humanos] comprendidos en este Título’, esto es, en el Título I de nuestra ‘Lex Superior’, verdadero catálogo constitucional de los derechos fundamentales.  De este modo, como con toda razón apunta Pérez Calvo (...) nuestro Defensor del Pueblo rompe el esquema clásico del Ombudsman tradicional volcado primordialmente hacia la fiscalización de la Administración.”(4).

Cabe precisar que dos años antes de la aprobación de la Constitución Española, Portugal incorporó en su Carta Fundamental la institución nacida del Ombudsman sueco, que por cierto había sido originalmente concebida en una ley lusitana anterior.  Lo hizo la Constitución de 1976, desarrollándola legislativamente con características muy similares a lo que consagrarían los constitucionalistas españoles del 78, (órgano constitucional, de defensa de los derechos humanos y elegido por el Parlamento, la Asamblea de la República en el caso portugués).  Un análisis detallado permite constatar que el modelo portugués dota a la institución defensorial de una trascendente tarea pedagógica en la promoción de los derechos fundamentales, la que a la postre tendría amplio desarrollo en Iberoamérica.  Se concibió el papel del Ombudsman o Proveedor vinculado a la constitucionalidad de las normas, y a través de medios informales, garante de la justicia y legalidad en el ejercicio de los poderes públicos.

Al decir de Camargo e Gomes, “desde el punto de vista de una perspectiva evolutiva de la institución, la innovación portuguesa más significativa (...) se refiere a la tutela privilegiada de los derechos humanos, hasta entonces no consignada en el ámbito de competencia de los Ombudsman.  Tal competencia, con acento constitucional, se ubica en el amplio plexo de las funciones establecidas en el artículo 1° de la Ley 9/91” (5).

A este respecto es menester anotar, en el contexto del viejo continente, la iniciativa de crear un Ombudsman para la Unión Europea, cristalizada en los artículos 8.D y 138 e) del Tratado de Maastrich (1992), cuya elección corresponde al Parlamento Europeo en cada Legislatura.  Actúa con independencia de cualquier otro organismo y rinde cuentas de sus actuaciones al Parlamento Europeo, pudiendo en el transcurso de sus investigaciones  actuar sobre la base de reclamaciones de los ciudadanos y motu proprio.  Aunque por definición se encuentra más vinculado al ámbito de los supuestos de mala administración de las instituciones y de los órganos comunitarios con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de primera instancia en el ejercicio de funciones jurisdiccionales (6).  No obstante ello, da muestras de tratar asuntos relativos a principios y derechos básicos y a la adopción de un Código de Buena Conducta Administrativa, que de por si contiene elementos sustanciales de derechos fundamentales (7).

A ello se unen los interesantes avances logrados, de una parte, en los Países Bajos donde en 1981 se instituye por ley el Ombudsman y en 1999 se le consagra en la Constitución Holandesa, con atribuciones que juristas de ese país consideran van más allá de lo administrativo para ubicarse en el campo de los derechos humanos,(8) así como las reformas a la Constitución Finlandesa (artículos 38° y 109°) y el desarrollo legislativo que de allí se ha derivado ubicando al Ombudsman de este país escandinavo como garante de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales (9).  En la misma línea se ha creado recientemente la institución del Ombudsman en Grecia, mientras que en Francia, Le Mediateur, o en Inglaterra se mantiene a la institución en el ámbito del control y la supervisión administrativos con características concentradas en una persona en el primer caso o dispersas en varios Ombudsman especializados, públicos y privados en el otro.( 0)

Ningún esfuerzo comparativo entre la evolución del Ombudsman europeo y la del iberoamericano puede dejar de mencionar el formidable desarrollo que en materia defensorial y de derechos humanos tiene lugar en los países de Europa Central y del Este a partir de la caída del Muro de Berlín. Con el claro liderazgo de Polonia, pasando por Hungría, Eslovenia y llegando a la propia Rusia; estableciéndose constitucional y legalmente una institución autónoma para la promoción y defensa de los derechos humanos, designada con el nombre de Alto Comisionado Parlamentario, Ombudsman o Defensor del Pueblo que da cuenta de una clara vinculación con el modelo español y los hace parientes cercanos de los  defensores iberoamericanos (11).

Hasta mediados de la década de los años 70, el Ombudsman estuvo comprometido sólo con el control de legalidad de la actividad administrativa, incluyendo la discrecionalidad y la arbitrariedad. Era, y es, el Ombudsman que atiende lo que se ha dado en llamar acertadamente “maladministration” o, en términos más castizos, la disfuncionalidad administrativa.

En esa época, la figura del Ombudsman ya se empleaba, indistintamente, en sistemas de derecho administrativo y en los del llamado “rule of law”, caracterizado como un mecanismo no tradicional de control administrativo, con un procedimiento informal y de fácil accesibilidad por parte de los ciudadanos; representaba una magistratura de persuasión o de opinión. En la mayoría de esos países, el titular del Organismo era designado por el Parlamento a quien tenía la obligación de informar anualmente sobre las actividades desarrolladas.

Un rasgo común a los países que incorporaron la figura en los años sucesivos a 1960, fue su creación en Estados que ya conocían un desarrollo avanzado como estados democráticos de derecho. El Ombudsman fue incorporado como un complemento de instituciones ya existentes desde largo tiempo pero cuya acción protectora para el ciudadano se consideró, por lo visto, insuficiente. Ejemplo de ello son las instituciones del Ombudsman en la mayor parte de los países del norte y centro de Europa, en Israel y en algunos países de la Comunidad de Naciones, como Nueva Zelanda, Canadá y Australia.

Difícilmente el Ombudsman hubiera dejado de ser una específica institución escandinava si no se hubiera producido aquel gran cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de regímenes nazi y fascistas que la provocaron, con sus consecuencias traumáticas para las libertades y el respeto a los más elementales derechos humanos, así como la posterior reconstrucción de Europa con un acentuado intervencionismo público potenciado por las exigencias de una sociedad fuertemente socializada que reclamaba más y mejores servicios públicos (1 ).

Así como la finalización de aquel conflicto armado, marcó el inicio de la internacionalización de los derechos humanos, la incorporación de figuras como el Defensor del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos o denominaciones equivalentes, implicó la nacionalización de esos esfuerzos; es decir, la defensa y protección desde el mismo Estado a través de instituciones independientes y dotadas de amplias facultades de poder moral.

Téngase presente que una de las grandes conquistas de la Humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, la representó la toma de conciencia acerca de sus derechos fundamentales; de que su dignidad no fuera solamente proclamada y declamada sino, además, garantizada de forma efectiva. Y para la consecución de tan altos objetivos se acudió a la figura acunada en Suecia a principios del siglo XIX.

Claro es que debo formular una advertencia, ya que a nadie se le ha de ocurrir que la definición de un sistema político pasa exclusivamente por esta institución, pero eso sí, se trata de una característica propia de las democracias modernas que, si bien no forma parte de su esencia, sirve al menos como indicador de la existencia de un régimen de libertades.

V.- SU COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

Como ya lo he señalado, la incorporación a las  democracias de América Latina, Europa oriental, África y Asia, son testimonio de un proceso generalizado en los últimos treinta años que afirma la vinculación del Ombudsman de nuestros días con los derechos humanos y con la consolidación del sistema democrático.

Una prueba del universalismo de esta figura, la brindan los ejemplos de sus aplicaciones en países de sistemas políticos parlamentarios y presidencialistas; en Estados unitarios, federales y en regiones autonómicas; en provincias y en municipios. La Unión Europea tiene su Ombudsman desde el 27 de septiembre de 1995, en lo que representa la primera aplicación de la institución en el ámbito supranacional.

En alguna oportunidad escuché decir a uno de mis maestros en esta materia, el primer Defensor del Pueblo español, don Joaquín Ruiz Giménez que la Institución que nos ocupa constituye un signo de identidad democrática.
Hoy, con la experiencia que me han dado los años de vinculación con esta figura y su generosa difusión por todo el mundo, podría afirmar con absoluta convicción  matizando aquella afirmación, que esta Institución es un signo de búsqueda de la democracia.

¿Por qué sostengo este matiz diferencial? Veamos.
No hay conceptos absolutos. Si bien, en principio, donde existe división de poderes y sujeción del Estado al derecho, hay democracia, no podemos afirmar que hay un solo modelo de democracia. Así, por ejemplo, la democracia de EEUU no es la misma que la de los países latinoamericanos; tampoco la suiza en relación con la paraguaya o haitiana. En ese sentido habrá democracias reales y formales o bien, solo formales; en cualquiera de ellas, a mi juicio, la figura del Ombudsman apunta generalmente a concretar un deseo de consolidar la búsqueda de una democracia plena y no meramente formal.

La Historia de la Humanidad es un continuo tejer y destejer de abusos cometidos por la autoridad y de luchas, a veces encarnizadas, por la libertad. Si sombrías son las páginas de la Historia que hablan de la intolerancia y de las arbitrariedades cometidas por dictadores, caciques, reyes absolutos y generales, también es gloriosa la historia de la Humanidad que ha esculpido monumentos inmortales en defensa de la libertad y de la justicia, tales como Hammurabi, la Carta de Neuchatel, la Carta Magna, el Bill of Rights, entre otros.

Metodológicamente se han distinguido tres etapas o fases en el reconocimiento de esos derechos y libertades. En ese sentido, es usual referirse a tres generaciones de derechos.
Los derechos humanos tradicionales (vida, libertad, dignidad) reconocen ciertas libertades fundamentales que tenemos los individuos por la sola condición de tales. En estos casos, no se trata del otorgamiento de algún derecho por parte del Estado ni de facultad alguna que necesite ser actuada por él. Su garantía radica en los límites impuestos al poder de las autoridades para infringirlos, invocando razones de interés público. Son los llamados derechos civiles, individuales o fundamentales, propios del primer tramo de este azaroso camino.

En una segunda fase surgen los llamados “derechos económicos, sociales y culturales” cuyo reconocimiento depende, en alguna medida, de cierto tipo de acciones gubernamentales. Estos derechos sociales fundamentales brindan las bases para que los individuos puedan estar expuestos a la acción estatal sólo en cuanto ello no afecte su desenvolvimiento como individuos y como miembros de la sociedad.
Es el caso de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación. Ellos fueron incorporados en forma expresa y puntual a diversos textos constitucionales del primer tercio del siglo XX, luego de una dilatada y agitada gestación, donde no faltaron profundas conmociones sociales y políticas.

Desde un punto de vista externo de tipo cronológico, los derechos económicos, sociales y culturales coinciden con la segunda etapa del proceso de reconocimiento de los derechos humanos; es decir, una vez agotada la fase de los derechos civiles y políticos o derechos individuales, surgen los derechos humanos de la segunda generación que fueron incorporados a los textos constitucionales de principios del siglo XX.

Últimamente, han surgido los derechos de la tercera generación o derechos de la solidaridad; son aquellos que superan tanto el egoísmo y exclusividad de los derechos individuales como el interés sectorial de los derechos sociales y que se fundamentan en su incidencia colectiva; por ej. el  derecho a un medio ambiente equilibrado, a la protección de los valores culturales o históricos de una comunidad. Aquí se trasciende la regla tradicional que rezaba “lo que es de todos, no interesa a ninguno”; hoy, lo que es de todos, interesa a todos y a cada uno como parte integrante del conjunto.

Es, hasta ahora, el último estadio de este proceso en el cual se ha transitado de lo individual a lo social y de lo social a lo comunitario o, en otros términos, del egoísmo, al sector y de éste, a lo social imbuido de solidaridad.

La evolución del Ombudsman ha seguido puntualmente  las etapas mencionadas, por ello es destacable advertir cómo la Institución se ha adaptado a cambios tan profundos.

Así, sus últimas aplicaciones han desbordado los estrechos límites impuestos por su versión original. Una buena prueba de ello lo constituye la activa y decidida intervención que han asumido en estos últimos años, tanto en la defensa de los derechos humanos a la vida y la libertad como en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales o en los problemas vinculados al medio ambiente. Es que sus competencias aumentaron al amparo de las crecientes necesidades y exigencias sociales.

En algunos casos, su actuación no se limita al control de los actos estatales sino que alcanza también, a los actos de particulares que lesionan derechos humanos o, en otros, se le otorgó una amplia legitimación procesal para accionar  judicialmente en defensa de los derechos vulnerados; en cada una de estas versiones o modalidades, siempre el concepto del Ombudsman está presente. Siempre el referente inexcusable es la noble institución de origen nórdico.

La generalizada difusión de esta figura que,  como he puesto en evidencia, ha superado límites geográficos, diferencias ideológicas, raciales, de credo, de lenguas, tradiciones, sistemas políticos, etc.- se edificó sobre el modelo tradicional (reconociendo su carácter fundacional y paternidad), pero no siempre a su imagen y semejanza.

Por ello afirmo que no hay un solo modelo de Ombudsman; que la Institución se va modelando de acuerdo a cada régimen jurídico y que, ya en funcionamiento, es la misma sociedad en la cual actúa quien le va exigiendo un perfil u otro. Así, por ejemplo, en una sociedad donde existen todavía masivas violaciones a los derechos humanos más elementales (vida, libertad, dignidad), su prioridad será dar respuestas a esos requerimientos; diversa, en cambio, será la actitud ante sociedades con mayor desarrollo democrático y acentuada estabilidad política donde, tal vez, las demandas girarán en torno a los derechos económicos, sociales y a la calidad de vida de esa sociedad.

La comunidad internacional de Ombudsman ya no considera disonantes ni ajenos los desafíos garantísticos que los Defensores del Pueblo, Procuradores de los Derechos Humanos o figuras con denominaciones equivalentes,  han asumido como propios.

VI.  EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y SU CONTRIBUCION A LA PAZ SOCIAL

El Defensor del Pueblo de España y de los países latinoamericanos, el Sindic de Greuges de Cataluña,  el Proveedor de Justicia de Portugal, el Comisionado para la protección de los derechos civiles de Polonia, no importa cómo los denomine la legalidad de cada ordenamiento son, potencialmente, agentes de paz.

La defensa continua de los derechos del ciudadano más humilde, del que tiene voto, pero que a menudo comprueba que su voz no es escuchada; sus diligencias para que los derechos fundamentales sean algo más que un simple preciosismo del discurso político, convierten a los Defensores del Pueblo en instituciones que  pueden contribuir activamente a generar un clima de paz y armonía social.

Cabe recordar que la paz no es sólo la ausencia de guerra sino, además, un compendio de la justicia, de la libertad y de la solidaridad que suponen la superación de antinomias. Y es sobre estas antinomias (interés público - interés privado; autoridad - libertad; justicia - injusticia; capital - trabajo; egoísmo - solidaridad; macroeconomías - microeconomías, etc.) sobre las que opera la institución del Ombudsman.

Actuando con plena independencia funcional sin connivencia o complacencia con el poder, se encuentra en la privilegiada posición de asumir, desde el Estado, el papel de mediador entre las necesidades del pueblo y las autoridades que rigen sus destinos; se erige así, en un valioso instrumento de diálogo entre sectores encontrados y un importante medio de sensibilización del poder político.

Desde esa función se puede advertir la profunda brecha que existe entre las insatisfacciones del pueblo y las prioridades de su clase dirigente. Y lo que lo legitima aún más es que, actuando con  plena autonomía funcional, esa cruda radiografía la efectúa desde el seno del propio Estado, permitiéndole a éste la posibilidad de recrear su relación con la sociedad.

Se constituyen en espacios institucionales donde los individuos abandonan la clásica posición de “súbditos” para asumir el rol de “ciudadanos” que tienen la posibilidad jurídica de exigir el reconocimiento de sus derechos que, por otra parte, en el caso de los derechos fundamentales no son una dádiva graciosa del Estado sino una justa exigencia de la sociedad.

Puede contribuir activamente frente al creciente clamor de las sociedades modernas que ya no se conforman con la proclamación retórica del derecho a la vida o a la libertad; quieren más y eso implica mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud, mayor protección de los valores comunes, etc.

Ninguna duda cabe a esta altura del desarrollo de la figura que sus más recientes aplicaciones estuvieron motivadas por la misión de luchar por la defensa de los derechos humanos clásicos: vida, libertad, dignidad, entre otros. Es más, aun hoy tiene un papel protagónico en las sociedades que no han alcanzado la plena pacificación. Pero, en la actualidad, y al ampro de las desigualdades sociales, le corresponde al Defensor del Pueblo asumir un importante rol en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.

A diferencia de lo que podía pensarse hace tres décadas, hoy el Ombudsman, Defensor del Pueblo o como lo denomine cada ordenamiento jurídico, no es un lujo de sociedades desarrolladas; es una necesidad evidente de todo Estado que pretenda el respeto de los derechos individuales.

VII. SUS DESAFIOS EN LA LLAMADA "ALDEA GLOBAL"


A partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, ya nada es igual en Europa ni en el mundo; y uno se pregunta si en verdad no han desaparecido en él las ideologías y los sistemas, y si, por el contrario los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la democracia, la economía de mercado y la justicia social, no se han impuesto definitivamente y con la validez universal como valores y sistemas por el que ha de caminar el mundo en el nuevo milenio. Un mundo concebido como un todo sin fronteras, sin modelos ideológicos del poder. El globo se ha transformado en el campo de acción visible para todos; las tecnologías modernas permiten conocer todo al instante; las sociedades se encuentran en el umbral de los cambios.

El siglo XXI ya presenta un nuevo modelo social, la sociedad industrial ha llegado a su fin; está transitando una sociedad dominada por la información, los conocimientos y los servicios. Hoy, es la humanidad misma la que constituye la amenaza más grande a su propia existencia. La proliferación de armas nucleares de la guerra fría ha dado lugar a una perspectiva igualmente sombría: el riesgo constante de conflictos étnicos, la violencia y la inestabilidad entre y al interior de muchos países; los efectos derivados incluyen la degradación del medio ambiente, la pobreza, la marginación, la superpoblación, las migraciones y las flagrantes desigualdades sociales.

Mientras en el pasado, la estabilidad política se aseguraba teniendo como último recurso, la amenaza de la fuerza armada, hoy se obtiene mediante sistemas de democracia participativa. En estos sistemas, el conflicto se aborda merced a una combinación de participación, diálogo, mediación y compromiso. Aquí se inserta el Ombudsman de nuestros días ya que puede, desde el propio Estado, crear los antígenos que eviten la beligerancia social e incentivar, al mismo tiempo, nuevas formas de conciliación y mediación de intereses.

En el siglo XXI el Ombudsman asumirá una actitud inquieta, activa, llevando sobre sus hombros el impulso hacia lo justo, avanzando en la consecución del Estado de Derecho. Es que el Ombudsman ama la justicia y es por ello que el Ombudsman debe pelear por la justicia, se rebelará ante la injusticia y denunciará la ley injusta.

Lo imagino comprometido en la lucha contra la corrupción. Recordemos que este flagelo es uno de los grandes vicios que atacan a nuestras sociedades y que ha crecido en los últimos años, al amparo de la crisis y debilitamiento de principios éticos que el mundo enfrenta.
La corrupción tiene repercusiones directas en las esferas económicas, sociales, culturales y políticas de nuestras naciones, socava los más elementales postulados de la armonía social y del orden legal establecido, dirigiendo a pasos agigantados a las sociedades al miedo, a la angustia y a la inseguridad.

El Ombudsman puede desempeñar en este aspecto un importante rol, como aliado de los medios de comunicación, como defensor de los intereses de la sociedad y como órgano de control. Desde este punto de vista, puede ayudar  a la lucha contra la impunidad.

La contribución más auténtica que puede realizar esta Institución en el mundo globalizado de nuestros días es proteger y defender cotidianamente los derechos humanos de los grupos vulnerables frente a los abusos del poder económico y del poder político.

Sin complacencia, con rebeldía innovadora y con un profundo compromiso en una visión superadora de la sociedad, los Defensores del Pueblo, Procuradores de los Derechos Humanos o denominaciones equivalentes deben procurar que el poder económico- hoy, tal vez con mayor protagonismo que el poder político- sea realmente solidario con los derechos del pueblo, bajo el principio de que no es justo ni equitativo que el sacrificio sea de las mayorías y las ganancias sean privadas promoviendo que el orden jurídico interno sea consecuente con la equidad y justicia social sin las cuales no puede existir una sociedad que dignifique al ser humano.

Para hacer frente a la globalización que vive la sociedad  mundial, el rol del Estado es hoy quizás más importante que antes porque es quien debe administrar las consecuencias de la globalización. Por eso urge que los Gobiernos reformulen su rol ante la sociedad con políticas económicas incluyentes, no excluyentes; generen la conciencia ética de obediencia al derecho establecido y una cultura de respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos; profesionalicen a los servidores públicos con salarios decorosos para quienes tienen el deber de servir a la sociedad; castigue a quienes infringen la ley y trabajen solidariamente con la sociedad, las entidades intermedias y el Ombudsman para terminar con la corrupción, la marginalidad y la pobreza.

Pero me siento obligado a formular aquí una reflexión que tal vez amortigüe la expectativa generada en derredor de la figura del Ombudsman: el Defensor del Pueblo, por sí solo, no podrá lograr que se respeten los derechos humanos en un país; no es el Salvador de la Patria ni un Rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba; necesita ser acompañado por los medios de comunicación, valorado por la sociedad y respetado por el Gobierno. Es que la propia denominación de la Institución implica un compromiso adicional: ser Defensor del pueblo para quien no conoce la historia de estas instituciones, implica todo un desafío y, a la vez, una esperanza. Pareciera que todo aquello que el gobernante promete y no cumple o que cumple deficientemente, alejándose del ardor de las promesas electorales, lo podrá solucionar el “defensor del pueblo” y no siempre sucede así.

Acompañado por los medios de comunicación porque necesita de la prensa para difundir su tarea;  valorado por la sociedad quien deberá ver en él un referente legítimo, confiable e independiente a quien acudir para plantear sus quejas, denuncias e insatisfacciones; y, además, deberá ser comprendido por el Gobierno de quien no se constituirá en un opositor sino, en cambio, en un colaborador crítico poniendo de manifiesto las áreas donde se producen violaciones a los derechos humanos. La tarea del Defensor no es criticar para destruir sino criticar para construir, para sensibilizar a las autoridades acerca de las asignaturas pendientes, acerca de las dolencias que afectan el tejido de una sociedad.

Obviamente no es nada sencillo desempeñar esta función: con seguridad, deberá oponerse a los sectores políticos que  lo han apoyado en su elección al cargo; a los intereses económicos que no admiten que desde el Estado se los pueda controlar; invariablemente tiene que dar señales de independencia de todos esos sectores, lo cual no es tarea fácil. Y ello pone a prueba si el Defensor se sirve del cargo para espurias intenciones o, en su efecto, honra al cargo sirviendo al pueblo. Por eso no estará lejano el tiempo en que el propio pueblo deba intervenir en ciertos aspectos de su elección e invariablemente, a la hora de ponderar si debe ser reelecto o no. De esa forma, los intereses políticos afectados o “beneficiados” por la actuación, respectivamente independiente o complaciente del Defensor, estarán distanciados de la posibilidad de influir en la eventual reelección del titular de la Institución.  

Esta posición la he sostenido desde el Observatorio de los Derechos Humanos y la hice pública a mis colegas del mundo en la VIII Conferencia Mundial organizada hace tres años en Québec,  Canadá, por el Instituto Internacional del Ombudsman a la cual concurrí especialmente invitado.

VIII.  EL OMBUDSMAN EN EL SECTOR PRIVADO

Así como en el sector público, ante la insuficiencia de los mecanismos tradicionales de control se ha generalizado la figura del Ombudsman o Defensor del Pueblo de tal forma que hoy existe en casi 100 países, en los ámbitos empresariales privados, trazando un paralelo, se ha abierto paso la creación de Ombudsman sectoriales o especializados instituidos con la finalidad de armonizar las relaciones entre los clientes, consumidores o usuarios  y las empresas prestadoras o proveedoras.

En el ámbito privado peruano las compañías de seguros a través de su organización gremial, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, han creado la Defensoría del Asegurado que tiene influencia de instituciones similares españolas (1 ). Desde marzo del corriente año funciona en Chile la figura del Defensor del Asegurado. En la misma línea, la Asociación de Bancos del Perú acordó crear en el 2003 el cargo de Defensor del Cliente Financiero con atribuciones para recibir quejas y reclamos del público y buscar solución a los conflictos planteados.  En perspectiva –diferente por cierto- pero surgida de la iniciativa de la sociedad civil el Instituto de Defensa Legal viene promoviendo las Defensorías Comunitarias que están concebidas como modalidades de acercamiento entre la población, las autoridades y el servicio de justicia alternativa.

Sin perjuicio del detalle más pormenorizado que realizaré más adelante, para poner en evidencia los sectores o actividades en las cuales se ha creado esta figura basta reseñar los siguientes ejemplos, con la mención de los respectivos países: para el servicio de aguas (Austin-Texas, EE.UU.; Reino Unido); Bancos y Finanzas (Australia, Canadá, Gran Bretaña, Suiza, Colombia, Irlanda, Japón, Bogotá); Consumidores (Costa Rica, Suecia, Noruega, Dinamarca, EE.UU., Finlandia); Corporaciones Privadas (Texaco, International Technology Group of Xerox Corp); Electricidad (Australia, EE.UU.); Empresas Constructoras (EE.UU.; Gran Bretaña);Inmobiliarias (Salisbury -Gran Bretaña-); Materiales Peligrosos: (California, EE.UU.); Neuropsiquiátricos (Washington, St. Paul -Minnesota, Condado de King, EE.UU.-); Seguros (Nueva Zelanda, Canadá, Irlanda, Singapur, España, Brasil, Sudáfrica, Gran Bretaña, Países Bajos, Nueva Zelanda); Servicios Funerarios (Países Bajos, Reino Unido); Telecomunicaciones (Canadá, Australia); Universidades: Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Jaime I, Universidad de Murcia, todas en España; Instituto de Tecnología de California, Universidad del Estado de Portland, Universidad de Princeton, Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, Universidad del Estado de Michigan, Universidad de Illinois del Norte, Universidad del Estado de Colorado, Florida Atlantic University, Universidad de Los Ángeles,  Universidad de Florida Central, Universidad de Colorado en Boulder, Universidad de Columbia, Escuela de Medicina, Odontología y Salud Pública de la Universidad de Harvard, Universidad de Illinois, Universidad de Northern Colorado, Universidad de California en Berkeley, Universidad de Arizona, Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado, Universidad de Massachusetts, Universidad de Colorado, Universidad de California, Santa Cruz, Universidad de Búfalo, Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de Loyola, Chicago, en EE.UU.; Universidad de Tecnología de Sydney, Australia; Universidad de Western Ontario, Universidad de York y la Université Laval de Québec, en Canadá.

En materia bancaria, por ejemplo, se pueden anotar los siguientes ejemplos: en Colombia se ha previsto el Defensor del Cliente Financiero; en España, se ha creado el Defensor del Cliente; la Asociación de Bancos Alemanes, por su parte, introdujo en 1991 la figura del Ombudsman como mecanismo que permite solventar en forma rápida las discrepancias que puedan surgir entre los bancos y sus clientes.

En el Reino Unido existen varias aplicaciones; entre ellas el Banking Ombudsman; el Cooperative Bank Ombudsman; últimamente se ha creado un Ombudsman para las operaciones bancarias que se realizan por Internet, llamado “First-e Banking Ombudsman”; en Australia y Grecia se denomina Banking Ombudsman;  en España ADICAE; en Suiza: Ombudsman Banking Asociation; en Colombia: Asobancaria Grupo Financiero; en Nueva Zelanda: Banking Ombudsman Scheme; en Canadá lo tienen previsto, entre otros, los siguientes Bancos:  Royal Bank,  Scotia Bank, Bank of Montreal,  Toronto Dominion Bank, National Bank, Citibank, Canadian Western Bank, Bank of Nova Scotia y Amex Bank of Canadá, entre otros ; en Bélgica: Belgian Bankers Association; en Sudáfrica: Banking Ombudsman Organization; en EE.UU. New Jersey Bank Ombudsman.

En el ámbito universitario, se ha creado en varios países; entre ellos, EE.UU. en las siguientes casas de estudio: Instituto de Tecnología de California; Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado; Escuela de Medicina, Odontología y Salud Pública de la Universidad de Harvard; Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan; Universidad de Arizona;  Universidad de Atlantic;  Universidad de Berkeley;  Universidad de Boulder;  Universidad de Buffalo;  Universidad de Colorado; Universidad de Columbia; Universidad de Florida Central; Universidad de Illinois del Norte; Universidad de Los Ángeles; Universidad de Loyola;  Universidad de Massachussets; Universidad de Michigan; Universidad de Northern; Universidad de Portland; Universidad de Princeton; Universidad Santa Cruz.
También en las Universidades de Harvard; en el Instituto de Tecnología de California; en la Universidad de California y en la Universidad Atlántida.
En Australia, en la Universidad de Tecnología de Sydney; en España: Universidad Jaime I; Universidad de Murcia; Universidad de Santiago de Compostela (Defensor del Estudiante y de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Santiago de Compostela)
En Italia, por su parte, está previsto  en la Universidad de Foschia; el Defensor de los Estudiantes de la Universidad de Foscari de Venecia: en Canadá: Universidad de Alberta, Université Laval de Québec,  Universidad de Notario: Ombudsman de la Universidad de Notario; en la Universidad de York; en México, Universidad Autónoma de México (UNAM) donde se denomina Defensoría de los Derechos Universitarios.

En materia aseguradora  se han previsto figuras similares; así, por ejemplo, en España el Grupo Winterthur ha instituido el Defensor del Cliente; en Australia  es el Ombudsman del Seguro; en Irlanda, Ombudsman del Asegurado; en Singapur, Nueva Zelanda y Finlandia se denomina Bureau del Ombudsman del Seguro; en EE. UU Ombudsman para los Reclamos de Seguros de New Jersey; en India: Guru–cibernético-de Seguros; en Gran Bretaña, el Insurance Ombudsman Bureau atiende los reclamos de clientes y empleados de más de doscientas empresas del sector.

En la generalidad de las aplicaciones que se encuentran en el derecho comparado, la figura del Defensor Sectorial u Ombudsman especializado ha sido concebido como una unidad funcional dentro de la Empresa o Institución respectiva (por ej. una Universidad) bajo la premisa de actuar con independencia de las instancias de conducción de la Empresa y con la finalidad de dar respuesta a las insatisfacciones que los clientes encuentran en la prestación del servicio o en su condición de consumidores (por ej. de productos alimenticios, de clientes de un hipermercado, etc.).

Siguiendo las pautas clásicas de la figura del Ombudsman público o estatal, los sectoriales privados cuentan con un poder de persuasión ante las instancias decisorias de la Empresa o institución; ellos no buscan culpables o responsables sino que procuran la solución al problema planteado por un cliente de un comercio, el alumno de una Universidad, el asegurado en una Compañía privada o el cliente de un Banco.

La experiencia del derecho comparado en materia de Defensores sectoriales es sumamente rica y variada en cantidad y calidad. Tanto en el ámbito universitario (naturalmente contestatario), como en el área de seguros, bancos, servicios públicos y de consumidores en general, las diferentes aplicaciones ponen en evidencia las múltiples ventajas que ofrece a los usuarios, consumidores y clientes y a las propias Empresas.
En este último caso, el Defensor u Ombudsman de las actividades bancaria, de servicios, de seguros, universitaria o del consumidor amortigua y tamiza los reclamos derivándolos conforme corresponda.

En la Argentina ya se encuentran algunos ejemplos de Ombudsman corporativos privados, si bien ofrecen matrices diversos En la mayoría de los ejemplos que se encuentran en ámbito empresarial privado se pone la figura a disposición de los trabajadores.  De esa forma provee asesoramiento e información confidencial a los empleados que tienen preocupaciones, conflictos, quejas o disputas que los afecten. Su objetivo es aumentar la habilidad de los trabajadores para manejar de una manera efectiva la situación y buscar una solución oportuna, justa y equitativa", explica Thomas Zgambo, ombudsman corporativo de Coca-Cola Enterprises Inc. y ex presidente de la Asociación Internacional de Ombudsman.

Para escuchar quejas por casos de discriminación u hostigamiento, inquietudes sobre prácticas de manejo de personal; para evacuar dudas sobre normas de ética, recibir denuncias por temas de seguridad, o para cumplir -en el caso de las firmas norteamericanas- con regulaciones gubernamentales que requieren que las compañías habiliten un canal para que los empleados informen sobre violaciones a la ley e irregularidades contables o financieras, cada vez más empresas tienen su ombudsman corporativo. En nuestro país las empresas que tiene Ombudsman con este perfil de control interno son American Express, General Electric y Petrobrás Energía; en cambio, desde el 09 de agosto de 2007 la Asociación Argentina de Compañías de Seguros ha puesto en funcionamiento el Defensor del Asegurado como figura destinada a intervenir en las diferencias o conflictos de carácter jurídico que se generen entre los asegurados y su compañía aseguradora. Las notas que caracterizan a esta figura son las siguientes: 1. se trata de una figura de carácter privado; 2. esta orientada a la protección de los derechos de los asegurados (clientes); 3.presupone la existencia de un conflicto concreto entre el asegurado y la compañía; 4.el procedimiento es informal y gratuito para el asegurado; 5.rige el principio de subsidiariedad por lo cual debe agotarse la via administrativa interna ante la propia aseguradora antes de acudir el Defensor del Asegurado; 6.para el Asegurador el sistema es de adhesión voluntaria pero una vez adherido, la resolución del Defensor es de acatamiento obligatorio para la Aseguradora; 7.para el asegurado la resolución es obligatoria solo si él la acepta; 8.la presentación de un reclamo ante el Defensor no limita el derecho del asegurado de acudir posteriormente ante la Justicia ni de desistir en cualquier momento del procedimiento. (14)

IX.  LA SITUACION ACTUAL EN AMERICA LATINA

Si siguiera la línea de evolución y crecimiento de la figura del Ombudsman que he relatado, no podría negar que su  futuro sería venturoso al que solo acompañaría el éxito y su reconocimiento unánime. Casi podría, en ese sentido, hablarse  de una obra acabada. Sin embargo, mi visión es un tanto distinta.

Y nada mejor para expresar ciertos temores acerca de su desarrollo futuro que referirme brevemente a lo que ha sucedido en América Latina. Desde ya no quisiera que se tomara esta reflexión como una referencia localista, de alcance solo regional y sin proyección ulterior. Me atrevo a decir que es una señal de alerta para las demás instituciones que existen en algunas regiones del mundo.

La institución del “Defensor del Pueblo”, “Procurador de los Derechos Humanos”, “Defensor de los Habitantes” o denominaciones equivalentes con las que se lo conoce en América Latina, se ha constituido en uno de los fenómenos más singulares de los últimos años en los países del área.

Lo que hace treinta años podía ser considerado como una utopía política o un vano empeño de un erudito del derecho, es hoy uno de los referentes inexcusables a la hora de conocer el grado de acatamiento y respeto de los derechos humanos de los habitantes de la región.

Se encuentra previsto en los ordenamientos de Argentina, Brasil (en ámbitos estaduales y municipales), Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay , Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Por su parte, en Chile ya existe un anteproyecto de reforma constitucional que acoge al Defensor Ciudadano.

La experiencia del Ombudsman en América Latina estuvo desde sus inicios íntimamente vinculada a su compromiso con la protección de los derechos fundamentales. Fue, precisamente, la necesidad de añadir una cuota mayor de seguridad a la creciente demanda de tutela integral de los derechos humanos lo que determinó acudir a una Institución prestigiosa y prestigiada en el resto del mundo, y sobre todo en Europa, aun cuando se le imprimieron modalidades singulares.

Y fue el modelo del Ombudsman español –con esa esperanzadora y comprometida denominación de “Defensor del Pueblo”- el que adoptó, en líneas generales, el constituyente latinoamericano. A sabiendas digo “en líneas generales”, porque hoy la mayoría de esas instituciones han desbordado los objetivos originarios y se encuentran comprometidas con desafíos garantísticos.

Con ese nuevo matiz se ha configurado la institución del Ombudsman con perfiles definidos y singulares, superando, pero no agotando, la clásica definición del Ombudsman como un órgano de control de la disfuncionalidad administrativa, de promotor de reformas, para involucrarlo, además, en la defensa y protección de los derechos humanos.

Obviamente, la evolución de la Institución no escapó a las profundas transformaciones que se operaron en nuestras sociedades. La realidad de nuestra América Latina es  hoy muy diversa a la de más de veinte años atrás cuando se incorporó a la Constitución de Guatemala en 1985; los regímenes democráticos se han generalizado al mismo tiempo que los Gobiernos tienden a una vuelta hacia el Estado interventor con políticas  de neto corte populista.

En varios países de la región, la institución del Ombudsman nació cuando estaba muriendo el Estado empresario, cuando el Estado de Bienestar había desaparecido; por ello se encontró, en sus primeros años de funcionamiento, con una sociedad muy distinta a la que acompañó su evolución en todo el mundo tres décadas atrás; nació en sociedades con vocación participativa, demandantes de calidad de vida, de derechos económicos, sociales y culturales y con una creciente conciencia sobre su rol activo en las democracias modernas. Es que los países de la región no escaparon a las causas que, en todo el mundo, provocaron las profundas mutaciones de las cuales somos, a la vez, testigos y protagonistas. Por ello, más allá de las políticas circunstanciales que adopten los Gobiernos para cada país, los Defensores del Pueblo no deben ceder en su objetivo prioritario: proteger los derechos humanos de los habitantes para que esos derechos humanos no se conviertan en líricas declaraciones plenas de virtuosismo pero sin vigencia real cotidiana.

Sobre este particular, ya expresé en otra oportunidad, que una de las prioridades del actual Ombudsman latinoamericano radica, precisamente, en la función peculiar que debe desempeñar frente a los procesos de transformación económica antes apuntados (15).

Creo firmemente que América Latina ha sido el campo propicio para  el desarrollo de una etapa muy singular en la evolución de esta Institución. Para fundar esta afirmación, me baso en las siguientes razones:

a) es definida la tendencia a la constitucionalización de la figura. La mayoría de los países de América Latina que la han incorporado, lo han conformado como una institución del Estado, no del Gobierno;

b) la independencia funcional que le confieren esas Cartas Magnas impide, por lo menos desde el plano normativo, que esas instituciones se conviertan en apéndice de intereses partidarios o amortiguador de disputas políticas;

c) a diferencia de lo que aconteció en el resto del mundo, no fue la necesidad de controlar las meras disfuncionalidades administrativas, la causa inmediata que movilizo su interés;

d) a esos efectos, y partiendo de la base del esquema clásico del Ombudsman parlamentario, se adaptaron las experiencias ajenas y se conformo este Ombudsman criollo con funciones de defensa y protección de los derechos humanos y de control del ejercicio del poder en sus facetas pública y privada;

e) por la necesidad de asegurar el ejercicio pleno de esas funciones, algunas normas constitucionales les han asignado legitimación procesal amplia superando incluso la del Defensor del Pueblo de España; ello implica la posibilidad de impugnar judicialmente comportamientos estatales y aún, actos de particulares que violaren derechos fundamentales;

f) si bien fueron los derechos individuales los que motivaron inicialmente su difusión, en consonancia con la tendencia que predica que los derechos humanos se van reconociendo y defendiendo progresivamente, sus competencias han aumentado también al amparo de las crecientes necesidades sociales, es decir, en el marco de los derechos económicos y sociales;

g) recientemente se ha ido perfilando una nueva y trascendente función de algunos Ombudsman latinoamericanos; me refiero a la custodia de los intereses colectivos o difusos o, como los denomina la Constitución Argentina, “derechos de incidencia colectiva” (artículos 43 y 86). No se trata de la colectivización de la legitimación sino de la institucionalización de una figura que, administrativa y judicialmente, se presenta como defensora de los derechos de la sociedad ampliando de esa forma  la defensa del ser humano en el plano individual al plano genérico o abstracto, al ser humano en la especificidad o en la concreción de sus diversas maneras de estar en la sociedad, de pertenecer a una sociedad (como niño, usuario, anciano, trabajador, jubilado, aborigen, enfermo, etc.);

h) consecuente con la característica de “promotora del cambio” que es propia de la figura, el Ombudsman latinoamericano ha asumido un papel relevante en los procesos de promoción y difusión de los derechos humanos;

i) su creciente protagonismo como intérprete de las demandas de la sociedad civil está determinando el reconocimiento por parte del sistema interamericano, de su derecho a recurrir ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (16).

La comunidad internacional de Ombudsman ha reconocido la importancia que América Latina ocupa en el marco de la evolución de esta figura. Sin embargo, ese reconocimiento no estuvo exento de recelos, desconfianza y cierta incomprensión porque estaba naciendo un nuevo Ombudsman, bastante alejado de la figura original nórdica. No obstante ello, y como una muestra de la fuerza de este proceso, la  República Argentina fue sede, en 1996, de la VI Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman siendo el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, cuando yo ejercía el cargo, el anfitrión de los 800 participantes de 80 países.
Ello llevó, casi naturalmente a que, quien escribe estas líneas, accediera primero a la Vicepresidencia de ese Instituto Internacional-1996- y luego, en 1998, a la Presidencia del IOI, con el respaldo masivo de las regiones de América Latina, América del Norte, Asia, África y algún voto de Europa.

También los organismos internacionales observan la labor que realizan nuestras Instituciones con singular atención e interés. Tal es el caso de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) quien, en 1996, comprometió a los Ombudsman iberoamericanos en un programa de acción en favor de lo que ese Organismo especializado de Naciones Unidas ha dado en llamar “la cultura de paz” (17).

Así, por ejemplo, se ha expresado que “La UNESCO asimismo reconoce en los Ombudsman, a los principales agentes multiplicadores de la cultura de paz, permitiendo por su medio superar los actuales estados de inseguridad y violencia que obstaculizan la consolidación de la paz duradera y valoriza su papel, especialmente en América Latina, en beneficio del respeto y desarrollo de la democracia, de la formación ciudadana y de la participación organizada de las poblaciones marginadas, excluidas y discriminadas.” No he dudado en calificar a éste como uno de los respaldos internacionales más importantes y explícitos que ha recibido la figura del Defensor del Pueblo, Procurador para la defensa de los Derechos Humanos o Comisionado de los Derechos Humanos en los países de América Latina (18).

Una prueba de ello lo representa la Declaración sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz, suscrita por los Defensores del Pueblo de Argentina, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México y Puerto Rico conjuntamente con el entonces Director General de la UNESCO, Dr. Federico Mayor Zaragoza, el 30 de julio de 1996, en Antigua, Guatemala.

En esa oportunidad, se acordaron las siguientes acciones, reflexiones y objetivos:

1. La construcción y fortalecimiento de la cultura de paz implica el conocimiento, respeto, protección y desarrollo de los derechos humanos: tanto los civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y culturales y los de tercera generación, sin distinción alguna. Asimismo, es necesario promover mediante la educación en derechos humanos una actitud permanente y natural de respeto a los valores y principios de los derechos humanos.

2. La construcción de una cultura de paz requiere una acción continua y positiva de los Estados y de los pueblos, dirigida a la prevención de conflictos, la eliminación de amenazas varias a la paz, el respeto por el principio de la renuncia al uso de la fuerza, la solución de conflictos, la tolerancia, el desarme y el desarrollo económico duradero.

3. El ejercicio de la libertad de opinión, de expresión y de información, como parte integrante de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, constituye un factor esencial para el fortalecimiento de la cultura de paz. En sus tareas cotidianas, los medios de comunicación de masas deben hacer todos los esfuerzos para contribuir eficazmente a reforzar la idea de paz, la promoción de los derechos humanos, el establecimiento de un orden económico justo y equitativo, el respeto por la diversidad de culturas y evitar la incitación a la guerra.

4. La plena participación y el fortalecimiento de las mujeres son esenciales para el desarrollo de una cultura de paz. La historia social, la exclusión, la marginación y la discriminación han impuesto a las mujeres una serie de desafíos y desventajas. La superación intelectual y cultural de tantos obstáculos sitúa a la mujer como copartícipe fundamental para la construcción de una cultura de paz basada en el respeto y valoración de sus derechos humanos.

5. Observamos con beneplácito el esfuerzo de la UNESCO en una nueva concepción intelectual de la paz, que asumida como cultura de paz potencia los valores universales fundamentales de: respeto a la vida, la libertad, la justicia social, la solidaridad, la tolerancia y la equidad; así como la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto a los derechos de los niños y niñas, los de las personas pertenecientes a las minorías y los de las poblaciones indígenas y poblaciones desarraigadas.

6. Para darle permanencia a una cultura de paz, es necesario que los Estados y los pueblos adopten medidas concretas para eliminar el hambre y la mala nutrición y para lograr que las necesidades humanas básicas sean satisfechas. Asimismo, es necesario terminar cuanto antes con el analfabetismo existente.

7. La Cultura de Paz y los Derechos Humanos solo serán posibles en el marco de la aplicación de los principios democráticos de justicia, equidad, libertad y solidaridad como lo establece el preámbulo de la Constitución de la UNESCO, y no en la aplicación o imposición de modelos ajenos al contexto cultural e histórico de los pueblos.

8. La inversión de recursos humanos o materiales para la construcción de una cultura de paz debe ser por lo menos tan grande como el de la guerra, a fin de eliminar la ventaja comparativa de esta ultima, en tal sentido, para lograr construir una cultura de paz, es necesario apoyar iniciativas destinadas a lograr el control del comercio de armas, a reducir los presupuestos militares y a utilizar dichos recursos en educación, salud y en beneficio del desarrollo de otros derechos económicos, sociales y culturales. Nunca ha sido tan urgente la necesidad de limitar, y a la larga, poner término, a la producción de armamentos.

9. Cultivar valores que favorezcan la paz, los derechos humanos y la democracia representa un desafío esencial para la educación. La educación debe desarrollar la capacidad de resolver conflictos con métodos no violentos. Por consiguiente, debe promover el desarrollo de la paz interior en la mente de los estudiantes para que puedan asentar con mayor firmeza las dotes de tolerancia, solidaridad, voluntad de compartir y atención hacia los demás. La educación debe enseñar a los ciudadanos a respetar el patrimonio cultural, a proteger el medio ambiente y a adoptar métodos de producción y pautas de consumo que conduzcan al desarrollo social. También es necesario que promueva el equilibrio y la armonía entre los valores individuales y los colectivos.

10. La cultura de paz es un proceso humano que se desarrolla en la práctica colectiva y la vivencia de los Derechos Humanos. Los Ombudsman de Ibero América apreciando los conceptos filosóficos que orientan el programa de Cultura de Paz de la UNESCO, consideran en su doble misión de promotores y defensores de los derechos humanos, la conveniencia de integrar un movimiento internacional que, por medio del intercambio y contribución mutuo de experiencias, facilite el cambio cultural de actitudes de violencia y exclusión como solución de divergencias, en actitudes de diálogo, tolerancia, consenso y participación. Para el efecto acordamos la creación de la Red Iberoamericana de Ombudsman para la Cultura de Paz, cuyos objetivos sean aprobados en la próxima reunión de la Federación Iberoamericana de Ombudsman.

11. Los Ombudsman de Ibero América valoramos la cooperación técnica de la UNESCO para poder incorporar en las estrategias de educación, formación y promoción de los derechos humanos los objetivos del Plan de Acción a favor del Programa.

12. Consideran que, como parte de la formación de una cultura de paz, debe tenerse siempre presente que el papel de las fuerzas armadas debe estar circunscrito a la preservación de la seguridad democrática. Asimismo, que la función de seguridad publica y persecución de los delitos corresponden a las corporaciones policíacas civiles. En todos los casos los ejércitos deben estar supeditados a la autoridad civil que emana de las leyes fundamentales de los Estados nacionales de la región...”

Más recientemente distintas resoluciones de la OEA han ponderado la actuación de los ombudsman en Latinoamérica, en especial N° 2030(XXXIV-04) de la Asamblea General sobre “Fortalecimiento de los Sistemas de Derechos Humanos En seguimiento del plan de acción de la Tercera Cumbre de Las Américas” (Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2004) y la VIII Reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO, reunida en la Ciudad de Panamá, del 17 al 21 de noviembre de 2003.

En América Latina, mientras las Constituciones de nuestros países se esfuerzan por modelar casi a la perfección los rasgos peculiares de los derechos económicos, sociales y culturales, la realidad cotidiana pone en evidencia el divorcio existente entre los gobernantes y los gobernados.

En los 24 años que han transcurrido desde la primera incorporación a una Constitución latinoamericana, el Defensor del Pueblo ciertamente se ha generalizado y ha alcanzado el reconocimiento internacional como lo acabo de puntualizar. No obstante ello, nuevos peligros se ciernen amenazadoramente sobre el futuro de esta Institución: proyectos de eliminación, de recorte de sus facultades, cercenamientos presupuestarios, hostigamientos varios y, en suma, el serio riesgo de que la figura se vaya diluyendo en los países de América Latina.

Dos son las razones que explican, a mi juicio, esta circunstancia: 1) la apetencia partidaria de convertir a la Institución en un botín político; 2) la circunstancia de que todo Defensor que cumple cabalmente su función y que comienza siendo una figura simpática para las autoridades, termina convirtiéndose en una pesadilla para los Gobiernos que optan por bajarle el perfil sustituyendo a sus titulares o a la inversa, son reelectos aquellos que resultan “funcionales” a los sucesivos Gobiernos.

Para comprender plenamente las razones que acabo de exponer, vale recordar que:  a) en un comienzo, la incorporación de la figura encontró un obstáculo casi excluyente: su desconocimiento por la dirigencia política que creía ver en el Ombudsman un injerto de otras culturas y motivado por razones ajenas; hoy, en cambio, el principal obstáculo es precisamente el inverso: los políticos conocen mucho a la figura y saben cuánto puede molestar una institución que actúa alejada de intereses partidarios, con independencia de finalidades mezquinas y que soluciona las insatisfacciones de los ciudadanos; b)  las primeras aplicaciones de la Institución la presentaron en una firme defensa de los derechos humanos contra las violaciones producidas desde el propio Estado en forma de acciones; hoy, en cambio, al compás del  relegamiento de la presencia del Estado y del fortalecimiento de las concentraciones empresarias, las principales violaciones se visualizan en la inacción del Estado, la omisión de cumplir su función de garante de los derechos y paralelamente, en los abusos cometidos por los monopolios privados.

Y aquí expreso mi temor de que similares situaciones se produzcan en el resto de los países que han incorporado recientemente esta Institución.

Cierto es que también advierto un factor que puede contribuir a la expansión de esta figura. En los años ’80, el Ombudsman fue incorporado- para decirlo gráficamente- de “arriba” hacia “abajo”; es decir, fueron las autoridades las que acogieron una figura que la sociedad no conocía, en algunos casos, incluso, para mostrar al mundo una patente de identidad democrática; hoy, en cambio,  la sociedad necesita quien la defienda de las acciones u omisiones gubernamentales; se dan, pues, las condiciones para que la figura crezca o brote de “abajo” hacia “arriba”. Hoy son los pueblos, los de “abajo”  quienes piden, a veces a gritos, que alguien los defienda de los abusos privados y públicos.

Por eso sostengo que el Defensor del Pueblo en América Latina- y me adelanto a extender esta afirmación a los países que no han alcanzado un desarrollo profundo de sus democracias- no es, ni mucho menos, una obra inconclusa. Hoy las urgencias son otras: urge fortalecer a estas instituciones demostrando a los Gobiernos que los Defensores o Procuradores no son sus enemigos; no pretenden con sus críticas socavar el poder sino, en cambio, ilustrarlo y sensibilizarlo para que conozcan las insatisfacciones cotidianas del pueblo que van minando la confianza en sus instituciones; urge poner en evidencia que los ajustes presupuestarios nunca pueden justificar la eliminación o debilitamiento de una Institución benéfica para los pueblos y que sólo puede molestar al soberbio y al autoritario.

Para ello será necesario destacar que los Defensores del Pueblo de nuestros países se constituyen en referentes inexcusables en la difícil labor de defensa de los derechos humanos; que su misión es la defensa individual de los ciudadanos agraviados, la tutela de los intereses colectivos y la sensibilización de la opinión pública y del Poder Legislativo a quienes les podrá proporcionar una verdadera radiografía sobre el estado de la Nación. Obviamente, gran parte de esa responsabilidad la tienen también quienes ejercen el cargo; así ya he sostenido que ningún Defensor del Pueblo debe abandonar su independencia de los intereses políticos partidistas; si lo hace será una figura cosmética, estética o de maquillaje y perderá toda la mística que encierra la institución nacida en Suecia en el año 1809.

Cuando la política partidista ingresa a una institución independiente por naturaleza, por tradición y por mandato normativo poco puede esperarse de ella; será un lugar de conciliábulos políticos donde se repartirán las apetencias mezquinas y se dará un pésimo ejemplo a la ciudadanía que espera que “su Defensor” lo defienda realmente de los abusos del poder.

X. SU FUTURO

Concluyo estas reflexiones afirmando que el Ombudsman en su versión actual, si es edificado sobre la base del modelo original, aunque no necesariamente a su imagen y semejanza, no pierde su identidad de tal. Es más, no sólo no la ha perdido sino que, a mi juicio, la ha consolidado a partir de que  afirmó su condición de interlocutor privilegiado entre el pueblo, sus necesidades  y el poder en cualquiera de sus expresiones; además, se erige en un mediador calificado desde su posición de independencia, no para buscar responsables, sí para articular soluciones a los problemas que generan las antinomias; es también un signo de búsqueda de la democracia; un instrumento de participación ciudadana; un medio de legitimación cotidiana de las instituciones estatales; una forma de recrear la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales; un instrumento ágil, diferente, informal e inmediato para defender los derechos humanos; en suma, es un medio de sensibilización del poder público acerca de las reales insatisfacciones de una sociedad.

La clave para todo ello será que siempre, sin concesiones, el moderno Ombudsman mantenga  plena independencia de los intereses políticos partidarios y actúe parcialmente para defender los derechos de los débiles; no olvidemos que el poderoso no necesita Defensor; el poder económico o el poder político no necesitan quien los defienda; si, en cambio, lo necesita aquél que muchas veces se convierte en un moderno súbdito del Estado de Derecho.

Con toda seguridad, no va a engrosar el cementerio de instituciones garantísticas; afronta el siglo XXI con la sabiduría de haber nacido en el siglo XIX, haber crecido en la segunda mitad del siglo XX  y madurado al compás de su evolución. Sin embargo, reitero, será necesaria una permanente tarea de apoyo y esclarecimiento de su labor.

Grande es la responsabilidad de aquellos que ejercen las competencias de esta figura ya que a ellos les corresponde bregar para legitimar cotidianamente a esta maravillosa institución de protección y control que, en última instancia, es un canto a la esperanza y a una apuesta a la solidaridad.

El cometido del Ombudsman es edificar una cultura de respeto a los derechos humanos, la promoción  de esa cultura consiste en informar a la sociedad respecto al orden jurídico y fortalecer una conciencia general del respeto recíproco entre quienes la integren. El Ombudsman ante todo debe ser un hombre rebelde cuya causa sea la lucha contra la corrupción. La labor del Ombudsman debe enfocarse en vigilar la conducta de los servidores públicos; él tiene la responsabilidad de investigar a la Administración y debería identificarse como un verdadero soldado de la democracia.

Cuando escribí mi tesis doctoral sobre el Ombudsman, allá por el año 1986, reflexioné acerca del futuro, del presente, del desarrollo y del subdesarrollo. Hoy, 22 años después, mantengo esa posición aunque he aprendido que desarrollo y subdesarrollo son conceptos que no tienen por qué agotarse en lo económico; también hay desarrollo y subdesarrollo en el respeto de los derechos humanos; en la madurez cívica, cultural y política de los pueblos.

Es este contexto que comparto con ustedes, para concluir, aquellos pensamientos de 1986: “El futuro no debe ser una prórroga de nuestro presente: para que no lo sea debemos ponerle condiciones, orientarlo hacia los rumbos que nos fijemos. Eso exige un esfuerzo de anticipación. Experiencias ajenas servirán de ayuda. Aquello que es futuro para nosotros, es presente para otros. En eso, al fin de cuentas consiste el subdesarrollo: en ir detrás, en ignorar lo que otros ya saben y uno sabrá más tarde, en carecer de lo que otros tienen y uno podrá tener más tarde. Al indagar en otros presentes, hallaremos claves que nos faltan. Descifraremos los retos que nos esperan”.


(*) Dr. Jorge Luis Maiorano
Primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI)
Presidente del Observatorio de los Derechos Humanos
Defensor del Asegurado


NOTAS

1. Jorge Mario QUINZIO FIGUEIREDO: “El Ombudsman. El Defensor del Pueblo”, pág.15, Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1992; Jorge Luis MAIORANO: “El Ombudsman: Defensor del Pueblo y de las instituciones republicanas”, 4 tomos, Buenos Aires, 1999.

2.  Daniel JACOBY: Minutas de la Asamblea del Consejo Directivo del IOI celebrada en Copenhague del 13 al 15 de octubre de 1997, pág. 24. Canadá, 1997.

3. La “Declaración de Lisboa” emanada del VI Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) considera  “la buena administración como fundamento para la gobernabilidad, garantizando el pleno goce de los derechos y libertades fundamentales, con participación ciudadana, transparencia en la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la responsabilidad de los servidores públicos”.  Véase la declaración en www.provedor-jus.pt

4. Francisco, FERNÁNDEZ SEGADO: “El Estatuto Constitucional del Defensor del Pueblo en España”.  En IUS ET PRAXIS DERECHO EN LA REGIÓN.  Defensor del Ciudadano o Defensor de los Derechos Humanos en América Latina y el Proyecto Chileno. Universidad de Talca –Facultad de Ciencias Sociales.  Konrad Adenauer Stiftung.  Talca: 2001; Alberto PÉREZ CALVO  “Rasgos Esenciales del Defensor del Pueblo según la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril”.  En Revista de Derecho Político, N° 11.  Madrid: 1981, p. 71.

5. Manuel Eduardo CAMARGO E GOMES “Do Instituto do Ombudsman á Construcciao das Ouvidourias públicas no Brasil”. En PINTO LYRA, Rubens. A Ouvidoría en Esfera Pública Brasileira.  Editora Universitaria da UFPB. Editora Universitaria UFPR. Curitiba: 2000, p. 57; traducción libre del autor

6. Conf. Luciano PAREJO ALFONSO, Antonio JIMÉNEZ BLANCO y Luis Ortega Álvarez.  Manual de Derecho Administrativo.  Volumen 1.  Editorial Ariel S. A.  Barcelona: 1998. Pp. 2 821 – 824; se ubica a la institución defensorial dentro del marco de los controles no judiciales de la administración pública relacionándola con el ámbito parlamentario.

7. Jacob SÖDERMAN (the European Ombudsman), Annual Report for 1998. Strasburg, 1999.

8. Marten OOSTING: “The National Ombudsman of the Netherlands and Human Rights”.  En The Ombudsman Journal. Número 12, 1994.  THE NATIONAL OMBUDSMAN OF THE NETHERLANDS.  Annual Report 2000 English Summary. Office for Official Publications. The Hague 2000.

9. Ver los artículos de tres distintos autores ( Mikael HIDÉN; Matti  PELLONPÄ  y Liisa  NIEMINEN, bajo el título “Finnish Parliamentary Ombudsman as Guardian of Human Rights and Constitutional Rights” que contienen una visión integrada, otra desde la perspectiva de la Corte Europea de Derechos Humanos y la última desde la óptica de la Universidad de Laplan.  En Ilkka  RAUTIO (editor).  Parliamentary Ombudsman of Finland 80 years.  Helsinki, 2000.

10. Véase Martin Arnaud: “El Mediador de la República en Francia”.  En IUS ET PRAXIS   DERECHO EN LA REGIÓN.  Defensor del Ciudadano o Defensor de los Derechos Humanos en América Latina y el Proyecto Chileno.  Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Konrad Adenauer Stiftung, Talca;  INTERNATIONAL OMBUDSMAN INSTITUTE  The International Ombudsman Anthology: Selected Writings from the International Ombudsman Institute.  IOI: 1999. El sitio web del Instituto Internacional del Ombudsman en  www.law.ualberta.ca/centres/ioi/

11. Conf. Iván, BIZJAC “La Defensoría del Pueblo en Países en Transición” En Debate Defensorial Nº 3, Lima, 2001.

12. Álvaro GIL ROBLES y GIL DELGADO: El Defensor del Pueblo. De la utopía a la esperanza.  En la obra colectiva Los derechos del Europeo. Madrid, 1993.

13. Véase http://www.defaseg.com.pe/index.htm

14. Véase www.aacs.org.ar  ; Jorge Luis MAIORANO : “La solución la tienen las empresas” publicado en la revista La Gaceta del cielo, martes 4 de abril de 2006, página 2 y reproducido en el sitio www.observatoriodelosderechoshumanos.org; “Los derechos humanos en las empresas privadas”, publicado en el Boletín numero 20 del Observatorio de los Derechos Humanos  www.observatoriodelosderechoshumanos.org  agosto de 2006; “Argentina: del Ombudsman público al privado”, publicado en el sitio www.observatoriodelosderechoshumanos.org y en el Boletín número 28 de ese sitio, septiembre 2007.

15.    “El Defensor del Pueblo de la Nación: una nueva institución de control y tutela”, publicado en la revista IDEARUM, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, 1997-2000, pág.115 y sigtes. Números 23/26, Mendoza; “Pasado, presente y futuro del Ombudsman”, publicado en la Revista Historia, año XXI, n° 81, pág. 60 y sigtes., marzo- mayo 2001; “El Defensor del Pueblo en América Latina: la necesidad de fortalecerlo”, publicado en la Revista Derecho Administrativo, de doctrina, legislación, jurisprudencia y práctica, número 45, página 506 y siguientes, Buenos Aires, 2003.

16. Cuando ejercía el cargo me vi en la obligación de recurrir, sentando el primer antecedente en el derecho comparado, de acudir a un organismo internacional por retardo en la administración de justicia a favor de los jubilados que tenían causa pendiente en los tribunales de nuestro país.  Ampliar en Agustín GORDILLO,  Tratado de Derecho Administrativo Parte General.  Fundación de Derecho Administrativo -  Biblioteca Jurídica Diké. Medellín: 1998.  P. XII-43;  Jorge Luis MAIORANO  “La Legitimación del Pueblo de la Nación: De la Constitución a la Corte Suprema”.  La Ley, 1977-A-808. 

17. Jorge Luis MAIORANO “La UNESCO y el Defensor del Pueblo”, publicado en la Revista La Ley, Buenos Aires, 9 de octubre de 1996.

18. Ob. citada en nota 17, pág.