Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

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“El Primer Ombudsman sectorial: Procurador Penitenciario”, publicado en el sitio Fundación Observatorio de los Derechos Humanos, 7 de mayo, 2008.

El primer Ombudsman sectorial: procurador penitenciario

Dr. Jorge Luís Maiorano.
Defensor del Pueblo de la Nación (m.c)
Ex Ministro de Justicia de la Nación.

Hace pocos días se conoció, por intermedio del diario La Nación, una noticia por la cual se daba cuenta que el Procurador Penitenciario, Dr. Francisco Mugnolo, denunció ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la actitud del Ministerio de Justicia, de quien depende el Servicio Penitenciario Federal.

En esa nota, manifestó que el Organismo Penitenciario le impide realizar auditorías en las cárceles federales en las cuales, a su juicio, se están cometiendo groseras violaciones a los derechos humanos. En esa misma nota el Procurador manifiesta su sorpresa en estos términos “…Me llama la atención que el Gobierno ponga tanto énfasis en la lucha por los derechos humanos hacia el pasado pero ponga trabas para investigar la violación de los derechos humanos en las cárceles”. La lectura de esa nota da cuenta de otros detalles que afirman su cuestionamiento. A ella pues me remito. (1)

No es mi intención abordar, en esta oportunidad, la específica denuncia sino, aprovechando la ocasión de que la figura muestra públicamente una faceta de su actividad, recordar los orígenes de la misma y su singular condición de que se trata del primer Ombudsman sectorial que tuvo nuestro país.

Cuando corría el año 1993, desde el Ministerio de Justicia, propicié la creación de esta figura lo cual se concretó a través del decreto número 1598, de fecha 3 de agosto de ese año. La verdadera razón de la creación de esta Institución radicó, en ese momento, en la necesidad de incorporar la figura del Ombudsman, aunque sectorial al fin, cuando el Congreso de la Nación demoraba desde hacia 9 años la sanción de la ley que creaba la figura del Defensor del Pueblo. Sobre los antecedentes de ese verdadero “embarazo legislativo” ya me he ocupado con anterioridad en extenso. (2)

Fue por ello que, convencido de las bondades de la figura del Ombudsman, propuse al presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl Menem, la creación del Procurador Penitenciario a lo cual accedió suscribiendo así el aludido Decreto.

Dicho acto administrativo prescribía que el objetivo fundamental de su titular era la protección de los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal (art. 2º). A esos efectos, el mismo Decreto preveía que el Procurador debía visitar periódicamente los establecimientos penitenciarios, encontrándose facultado para investigar de oficio o a pedido de un interno, cualquier acto, hecho u omisión susceptibles de lesionarlos en sus derechos. Podía solicitar expedientes, documentos e informes; realizar inspecciones y auditorías formulando, incluso, denuncias penales contra los responsables.

Por ley 25875, sancionada el día 17 de diciembre de 2003 y promulgada de hecho por el Poder Ejecutivo el día 20 de enero de 2004 se derogó aquel Decreto pero se elevó al rango legislativo la figura del Procurador Penitenciario. Adoptando como propias algunas disposiciones del Decreto 1598/93 junto a otras normas tomadas de la ley 24284, que regula la figura del Defensor del Pueblo de la Nación, se conformó una Institución que, actuando en el ámbito del Poder Legislativo, cumpliría la función de proteger los derechos humanos de los internados en establecimientos carcelarios federales o provinciales.

A la luz de lo que se ha hecho público hace pocos días en el diario La Nación, la figura está cumpliendo eficazmente su función aunque con las obvias resistencias de las autoridades respectivas que no facilitan su labor. Es de desear que esos obstáculos se superen y que los reclusos en cárceles nacionales alcancen el pleno respeto de sus derechos humanos. En última instancia, ese fue el objetivo que se pretendió cuando se dictó aquel Decreto del año 1993 y que diera nacimiento al Primer Ombudsman sectorial que tuvo nuestro país.

Referencias:
(1) Edición del dia 16 de abril de 2008.
(2) Maiorano, Jorge Luis “El Ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones republicanas”, 2da. Edición, tomo I, pág. 417 y sigtes. Buenos Aires, 1999.