Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

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“La independencia del Defensor ciudadano”, publicado en el diario Diagonales, La Plata, Provincia de Buenos Aires, miércoles 26 de marzo 2008, pagina 48 y reproducido en el sitio Fundación Observatorio de los Derechos Humanos y en el Boletín 29 de ese sitio. Marzo 2008.

 

La Independencia del Defensor Ciudadano

La institución del “Defensor del Pueblo”, “Procurador de los Derechos Humanos”, “Defensor Ciudadano” o denominaciones equivalentes con que se conoce en América Latina, constituye uno de los fenómenos más singulares de los últimos años en los países del área.

Lo que hace treinta años podía ser considerado como una utopía política o un vano empeño de un erudito del derecho, se ha constituido hoy en uno de los referentes inexcusables a la hora de conocer el grado de acatamiento y respeto de los derechos humanos de los habitantes de la región.

Su nombre original- que aun perdura- es Ombudsman; aquí se los llama de manera genérica “Defensores del Pueblo”; esa denominación tiene un sentido y alcance muy particular, sobre todo en sociedades asimétricas, bañadas de injusticias y demandas sociales; implica un compromiso adicional: ser Defensor del pueblo, para quien no conoce la historia de estas instituciones, implica todo un desafío y, a la vez, una esperanza. Pareciera que todo aquello que el gobernante promete y no cumple o que cumple alejándose de aquellas promesas electorales, lo podrá solucionar el “defensor del pueblo”.

Obviamente no es nada sencillo desempeñar esta función: permanentemente hay que oponerse a los intereses políticos que han llevado a la persona a ocupar el cargo; a los intereses económicos que no admiten que desde el Estado se los pueda controlar. Pero ello pone a prueba si el Defensor se sirve del cargo o, en su efecto, honra al cargo sirviendo al pueblo.

Quienes hemos ocupado el cargo honrosamente, sabemos que ser Ombudsman no es ser Superman; ser Defensor del Pueblo implica una entrega total a la función, una lucha cotidiana contra la desesperanza y la injusticia. Y eso el pueblo, que nunca se equivoca, lo advierte. Sabe distinguir entre quien se desempeña honrando el cargo y quien hace uso del mismo para sus apetencias políticas; de esa forma se puede advertir si la Institución es “más de lo mismo” o es algo distinto, una institución con alma, cercana a la gente, no por oportunismo, sino por vocación.

Lo que ningún Defensor del Pueblo debe abandonar, es decir, abdicar, es su independencia de los intereses políticos partidistas; si lo hace será una figura cosmética, de maquillaje y perderá toda la mística que encierra la institución nacida en Suecia y expandida hoy por todo el mundo.

Cuando la política partidista ingresa a una institución independiente por naturaleza, por tradición y por mandato normativo poco puede esperarse de ella; será un lugar de conciliábulos políticos donde se repartirán las apetencias mezquinas y se dará un pésimo ejemplo a la ciudadanía que espera que “su Defensor” lo defienda realmente de los abusos del poder.

Se equivocan quienes piensan que el Defensor es un botín de la política: el Defensor del Pueblo no es un cargo más, no es una institución del Gobierno, es una institución del Estado nacional, provincial o municipal, es más, yo lo he considerado casi como un poder de la sociedad para defenderse de los abusos que se cometen desde el poder. Porque es el lado bueno del poder, el poder que no daña, el poder que ayuda.

Por eso la ciudadanía tiene que defender a su Defensor, si él actúa con independencia, para que la Institución no sea bastardeada o terreno de apetencias partidarias. Un Defensor del Pueblo que no sea independiente de todos esos condicionamientos no será en realidad un Defensor del Pueblo, sino alguien cosmético, maquillado de Defensor. Un Defensor del Pueblo independiente no va a molestar a las autoridades, sólo los ilustrará sobre las insatisfacciones de la gente; no confíen en un Defensor del Pueblo que no los critique, para eso están los adulones del Poder. Los Gobiernos, todos sin excepción, difunden sus obras, los Defensores del Pueblo, porque esa es su misión, destacan las falencias, las carencias, las asignaturas pendientes.

En los 23 años que han transcurrido desde la primera incorporación a una Constitución latinoamericana, el Defensor del Pueblo ciertamente se ha generalizado y ha alcanzado un sólido reconocimiento internacional No obstante ello, nuevos peligros se ciernen amenazadoramente sobre el futuro de esta Institución: proyectos de eliminación, de recorte de sus facultades, cercenamientos presupuestarios, hostigamientos varios, apetencias políticas que amenazan su independencia y, en suma, el serio riesgo de que la figura se vaya mimetizando con el poder político y de esa forma, se pueda ir diluyendo en los países del área, por supuesto, incluyendo el nuestro.

Dos son las razones que explican, a mi juicio, las circunstancias antes anotadas: 1) la apetencia partidaria de convertir a la Institución en un botín político de tal forma que a ella acceden quienes solo acreditan una militancia política partidaria; 2) la circunstancia de que todo Defensor que cumple cabalmente su función y que comienza siendo una figura simpática para las autoridades, termina convirtiéndose en una pesadilla para los Gobiernos que optan por bajarle el perfil sustituyendo a sus titulares.

Esta reflexiones generales que formulo, son aplicables a la vergonzosa situación que esta atravesando el Defensor Ciudadano de La Plata, Dr. Gustavo Galland que ejerce el cargo por tercera vez y quien, desde el cambio de autoridades producido en el Municipio de la ciudad de La Plata, ha venido soportado presiones de todo tipo con la burda intención de que abandone el cargo porque fue designado durante la anterior administración comunal. Quienes asi actúan deshonran la función de Ombudsman, dan pésimo ejemplo a la ciudadanía que comprueba, una vez más, que no se permite por parte de algunos dirigentes políticos la existencia de instituciones independientes; que al Defensor del Ciudadano lo consideran un cargo partidario más.

En el mismo sentido se inscriben las reformas introducidas por la Ordenanza sancionada el 2 de enero del corriente año, modificatoria de la anterior número 10038, por la cual se reduce su mandato de cinco a cuatro años y se prevé que la remoción se hará solo por mayoría simple cuando el derecho comparado esta plagado de normas que aseguran, como mínimo, una mayoría de dos tercios de los miembros del órgano deliberativo correspondiente. Grave error de concepto; solo me queda pensar que una solapada intención ha motivado esta modificación.

En ocasión de la Octava Conferencia Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman, celebrada en octubre de 2004 en Québec, Canadá, a la cual fuera especialmente invitado a disertar, expuse una opinión que sorprendió gratamente a muchos de los asistentes de todo el mundo. Alli propuse, como una forma de garantizar aún más la independencia del Ombudsman, que la reelección eventual de un Defensor no fuera decidida por las autoridades política de turno sino por la propia ciudadanía quien, por un sí o no, podría determinar si la persona que ha ejercido el cargo la ha defendido o no; si los defendidos apoyan su gestión, su nuevo mandato estaría alejado de los intereses políticos; su función estaría legitimada por quienes son sus destinatarios: el pueblo y de esa manera se evitaría que la política partidista premie a un defensor complaciente o castigue a un defensor independiente. Dejo esta idea a las respectivas autoridades para que, modificando el camino recorrido últimamente, prestigien a la institución del Defensor Ciudadano en lugar de perseguirlo. (1)

El art. 8º de la Ordenanza 7854, sancionada en diciembre de 1991 por la cual esta Institución fuera creada, establece expresamente que “En el desempeño de su cargo, el Defensor Ciudadano no estará sujeto a órdenes o instrucciones de las autoridades municipales. Ejercerá su cargo con autonomía funcional y libertada de criterio”.

Esta norma no ha sido derogada ni modificada. Si no queremos que la ley (en sentido amplio) se convierta en una sugerencia, hay que cumplirla y este mandato va dirigido puntualmente a los gobernantes quienes deben respetar la independencia del Defensor Ciudadano.

Por eso sostuve con anterioridad que el Defensor del Pueblo en América Latina no es, ni mucho menos, una obra acabada. Hoy las urgencias son otras: urge fortalecer a estas instituciones demostrando a los Gobiernos que los Defensores o Procuradores no son sus enemigos, no pretenden con sus críticas socavar al poder sino, en cambio, ilustrarlo y sensibilizarlo para que conozcan las insatisfacciones cotidianas del pueblo que van minando la confianza en sus instituciones; urge sensibilizar a las autoridades que deben fortalecer y respetar a una Institución benéfica para los pueblos y que sólo puede molestar al soberbio y al autoritario. (2)

Referencias:

1) “El Ombudsman y la condición social”, publicado en la Revista Argentina Régimen de la Administración Pública, número 316, pagina 9 y siguientes, Buenos Aires, 2005. Ver también: El Ombudsman: Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas, 4 tomos, Buenos Aires, 1999, ediciones Macchi.

2) “El Defensor del Pueblo en América Latina: la necesidad de fortalecerlo”, publicado en la Revista Derecho Administrativo, de doctrina, legislación, jurisprudencia y práctica, número 45, página 506 y siguientes, Buenos Aires, 2003.


Dr. Jorge Luis Maiorano
Primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman
Defensor del Asegurado, designado por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros el 9 de agosto de 2007.