Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

356).-

“Peligroso ejercicio de la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación (o cuando a los abogados les surge un poderoso competidor), publicado en el sitio www.observatoriodelosderechoshumanos.org , octubre de 2006.

Peligroso ejercicio de la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación o cuando a los abogados les surge un poderoso competidor

11 de octubre de 2006 - Por Dr. Jorge Luis Maiorano (*)

En más de una oportunidad tuve ocasión de expedirme sobre los alcances de la legitimación otorgada por el artículo 86 y su concordante 43 de la C.N. a la Institución del Defensor del Pueblo de la Nación. (1)

En todas esas ocasiones reivindique esa legitimación que fue condicionada, durante varios años, por algunos tribunales de nuestro país. Más recientemente sostuve que “Pretender privar al DPN de la facultad de acudir a los tribunales es quitarle el más importante e intenso instrumento de que puede disponer ante una hipotética lesión de un derecho constitucional en caso de que no baste con la persuasión, la publicidad de sus críticas y la autoridad moral de sus decisiones…” (2).

Pero, así como cuando ejercí el cargo como Primer Ombudsman Nacional acudí frecuentemente a las acciones judiciales para la defensa de los derechos humanos de incidencia colectiva, ahora me veo en la obligación de rechazar terminantemente el ejercicio promiscuo y oportunista que ha hecho el actual Defensor cuando interpone un habeas corpus en defensa de la libertad de individual de Jorge Julio López.

Algunos medios de difusión han dado esa noticia y la propia página de la Institución lo confirma (ver www.defensor.gov.ar ); con fundamento en los artículos 86 y 43 de la CN y en la ley 23098, el Defensor se presenta judicialmente en defensa de la libertad del testigo desaparecido. Nadie puede dudar en que la intención es loable; a todos nos interesa la aparición con vida de quien fuera testigo en el sonado juicio contra Miguel Etchecolatz, tramitado por ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata; a todos nos hará bien que se despejen las sombras de dudas acerca de los motivos de su desaparición en circunstancias todavía no develadas; también esa aparición ayudaría a terminar con el mar de especulaciones que se han tejido en derredor de su ausencia; desde una desaparición voluntaria por alguna incapacidad física o psíquica hasta la acción de un “grupo de tareas residual” pasando por la alternativa de que el propio Gobierno lo tenga a buen recaudo para especular políticamente con su figura, todas esas hipótesis, en el terreno estrictamente teórico, pueden ser válidas.

Por ello, no cuestiono la intención que puede haber tenido el Defensor, pero sí alerto a los Colegios Profesionales de Abogados, a los profesionales del Derecho y hasta a los estudiantes de Derecho que les puede estar apareciendo un competidor cualificado que hará más difícil aún el ejercicio cotidiano de la abogacía. Pensemos que esta acción de habeas corpus la ha iniciado el Defensor sin que nadie se la solicite; en esta línea de pensamiento ¿cómo podría negarse el Defensor a promover otra acción judicial cuando un familiar de otra persona ausente se lo solicite? ¿Qué abogado puede competir con una institución estatal que tiene recursos humanos, materiales y jurídicos distantes y lejanos a cualquier profesional del Derecho?

¿Y si el día de mañana se presenta una jubilada que tiene un trámite demorado ante el ANSES y le solicita al Defensor del Pueblo que promueva una acción judicial en defensa de su derecho humano, con que argumentos el Defensor se lo negará?

Desde ya adelanto que si se lo niega, cometerá una inequidad flagrante; pero si accede al pedido estaría invadiendo, como lo hace ahora, el ámbito de las incumbencias profesionales de los abogados. Evidentemente el actual Defensor no tiene claro cual es el alcance y el sentido de la legitimación que la CN le ha otorgado ha esa Institución o en todo caso, sin pensar en las consecuencias que podrían devenir de una acción como la que ha interpuesto, tal vez no ha querido “quedar fuera” del interés colectivo por su aparición con vida.

Antes de ahora expresé que “…estamos ante un verdadero abogado de la sociedad; de un órgano extrapoder que actúa por la sociedad cuando sus derechos son vulnerados. Y son los derechos de incidencia colectiva, no los individuales, los que motivan su actuación; no es abogado de “parte” sino abogado de la sociedad porque ella, a diferencia de lo que aconteció hasta hace pocos años, es titular de derechos; por ejemplo, derecho a un medio ambiente sano, a la protección de su patrimonio histórico, cultural y me adelanto a señalar también, titular de un derecho de incidencia colectiva que se ha ido perfilando paulatinamente como tal al amparo de las normas nacionales e internacionales sancionadas recientemente: el derecho a la transparencia en la gestión pública; no olvidemos que si la “polución” agravia al medio ambiente y afecta la calidad de vida de la sociedad, la “corrupción” (secuela de la falta de transparencia) agravia la calidad de las instituciones de una sociedad. Y el Defensor del Pueblo de la Nación tanto por la vía del control del ejercicio de las funciones administrativas públicas como por la protección de los derechos humanos está habilitado para interponer acciones judiciales tendientes a la defensa de la transparencia como valor colectivo (3)

Reitero, el Defensor del Pueblo de la Nación no es abogado de parte, es abogado del pueblo, de la sociedad y, en este sentido, la acción judicial esta reservada para la defensa de los derechos de incidencia colectiva o derechos colectivos, no individuales; si fuera abogado en causas individuales ello implicaría una arbitraria invasión en las funciones propias de todo profesional del Derecho. De ahí la improcedencia del habeas corpus promovido.

(*)Defensor del Pueblo de la Nación (mandato cumplido)
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman
Profesor Titular de Derecho Administrativo

(1) Ver antecedentes en MAIORANO, Jorge Luis. El Ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones democráticas, 2da. Edición, volumen II, página 533, Buenos Aires, 1999.
(2)Amparo colectivo, legitimación del Defensor del Pueblo. Cosa juzgada, publicado en el sitio www.observatoriodelosderechoshumanos.org y doctrina alli citada.
(3)Articulo citado en nota anterior.