Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

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“Los Observatorios de Derechos Humanos: su contribución al control de las políticas públicas y al fortalecimiento de la sociedad civil”, publicado en el Diario Legitima Defensa, página 5, año 9, numero 94, mayo de 2006.

LOS OBSERVATORIOS DE DERECHOS HUMANOS COMO FORMA DE CONTROL DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Dr.Jorge Luis Maiorano(*)

I. INTRODUCCION

En 1987, al publicar mi tesis doctoral titulada “El Ombudsman: defensor del Pueblo y de las instituciones republicanas” señalé que "el futuro no debía ser una prórroga de nuestro presente: para que no lo fuera debíamos ponerle condiciones, orientarlo hacia los rumbos que nos fijásemos. Eso exigía un esfuerzo de anticipación. Experiencias ajenas servirían de ayuda. Aquello que era futuro para nosotros, era presente para otros. En eso, al fin de cuentas consiste el subdesarrollo: en ir detrás, en ignorar lo que otros ya saben y uno sabrá más tarde, en carecer de lo que otros tienen y uno podrá tener más tarde. Al indagar en otros presentes, hallaremos claves que nos faltan. Descifraremos los retos que nos esperan". (1)
Luego, la Providencia y la política se conjugaron para que en 1994 asumiera como Primer Defensor de la Nación Argentina y tuviera la responsabilidad de fundar en mi país esa noble Institución de cuño nórdico.
Estas líneas tratan entonces de explicar cómo los Observatorios, concebidos como nuevas instituciones públicas o de la sociedad civil, pueden contribuir al fortalecimiento de las instituciones de los países de la región lo que es igual a decir, a la mejor gobernabilidad de nuestras sociedades desde la perspectiva de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la lucha contra la corrupción.
En particular, pueden aplicarse a diversos ámbitos siempre con el objetivo de ilustrar y sensibilizar a las autoridades y a la opinión pública acerca del cumplimiento de las políticas públicas en determinadas materias. La creación de observatorios es un fenómeno relativamente reciente que testimonia la creciente toma de conciencia de la necesidad de realizar de una manera permanente y sistemática la evaluación de una situación o de un fenómeno dado.
Son organismos auxiliares, colegiados y de integración plural que deben facilitar una mejor información a la opinión pública y propiciar la toma de acciones concretas por parte de las autoridades responsables. En este sentido, se constituyen en instituciones que refuerzan la democracia y la práctica de los derechos y las libertades, promoviendo de este modo el acercamiento de los ciudadanos a los que ostentan legítima y legalmente el poder.
Concebida así, su función puede ser aplicada, y de hecho así lo ha sido, a fenómenos tan diversos como la igualdad entre el hombre y la mujer en el terreno político, económico y social (Vg., en Francia donde se trata de un servicio creado a instancias del Primer Ministro); la democracia (Vg., el Observatorio Panafricano de la Democracia, que es un organismo privado); podría aplicarse también como órgano de control de la ética pública, de la transparencia de los actos de gobierno, entre otros.

II. SU IMPORTANCIA PARA AMERICA LATINA

La crisis que atraviesan los países latinoamericanos si bien pareciera, en principio, expresarse más crudamente en términos económicos y sociales, no puede negarse que tiene una raíz moral; es crisis política, social, económica, institucional pero, por sobre todo, es crisis de valores que se traduce en la pérdida de sentido de la política como instrumento de cambio social. Importantes sectores de la población que están en situación de franco deterioro económico, cuando son consultados sobre qué es más importante hoy: ocuparse de la corrupción o bien ocuparse de los problemas económicos, priorizan ocuparse de aquélla porque vincula la problemática económica a la solución previa del tema de la corrupción.

De lo dicho se sigue otra conclusión, relativa a la importancia de los derechos humanos en cuanto limite al ejercicio del poder político. Si admitimos que dicho poder no es más que un medio para buscar el bien común y que este es el bien de una comunidad humana, es decir, de una multitud de personas cada una de las cuales constituye en sí mismo un todo que, aunque en ciertos aspectos forma parte de la sociedad política, en lo que respecta a su dignidad espiritual y a su destino último lo trasciende, debemos necesariamente concluir que el poder del Estado, órgano secular de la sociedad política, no es absoluto frente a las personas.

En el largo bregar de la Humanidad hacia formas de vida civilizada, es decir, auténticamente humanas, adecuadas a la dignidad del hombre, ocupa un lugar muy importante la demarcación del limite entre lo que es del Estado y lo que pertenece a las personas. Diversas formulaciones sobre los derechos fundamentales del hombre frente a los gobiernos han ido encarnándose en la historia, frutos de arduas y gozosas conquistas de la criatura humana en su lucha por poner coto al ejercicio arbitrario y brutal del poder del Estado y someterlo al imperio de la razón y la justicia. La conciencia común de los hombres de nuestro tiempo los expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los numerosos Pactos Internacionales que la complementan.

El preámbulo de esa Declaración, enunciando los principios en que se fundamenta, precisa –entre otras cosas- que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”; que “el desconocimiento y menoscabo de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad” y que es “esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen de Derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

De lo dicho resulta que el poder de cada Estado, por muy soberano que sea, tiene un límite en los derechos de las personas, tal como han sido consagrados en esos documentos; en la medida en que excede de ese limite, su ejercicio es abusivo e ilegitimo.
Así lo entiende, cada vez con mayor certeza, la conciencia moral del hombre común, que considera bueno el respeto y promoción de los Derechos Humanos y que repudia como malo todo lo que los atropella o menoscaba.

A partir de los principios y criterios precedentemente expuestos, es posible encontrar orientaciones o pautas directrices para dilucidar gran parte de los cuestionamientos éticos que surgen con relación al acontecer político.

Tales son, entre otros: el tema de los medios legítimos para conquistar el poder político y para retenerlo; el del populismo y la demagogia como instrumentos para esos fines; el del uso del poder del Estado para acrecentar el poder político personal o partidista; el de la corrupción; el del rol de los medios de comunicación como instrumento de proselitismo, de desprestigio a los adversarios y de tergiversación de la verdad; el del resguardo al honor y dignidad de las personas; y el de la separación o los límites entre la vida pública y privada.

En todas estas situaciones hay comprometidos valores morales, entre otros la verdad, la justicia, la dignidad u honor de las personas y el respeto a los derechos humanos, que por su naturaleza deben prevalecer.

Los países latinoamericanos son naciones jóvenes, hijas de la mezcla entre los europeos que llegaron a partir del siglo XV, primero como conquistadores y después como inmigrantes, con los pueblos aborígenes del continente. Los periodos de conquista y colonial, a que solo en el siglo pasado pusieron fin las revoluciones de la independencia, dejaron en nuestras sociedades una muy fuerte huella de dominación. Han sido, y en gran medida siguen siendo, sociedades bastante heterogéneas, marcadas por el signo de la desigualdad en que conviven sus diversos estratos, niveles o clases sociales.

III. LAS ASIMETRIAS DE AMERICA LATINA

Aunque nuestras Constituciones proclaman solemnemente la igualdad ante la ley, lo cierto es que en nuestra América esa igualdad sigue siendo más formal que real; desde el punto de vista político esta conclusión se resume en democracias meramente electorales. En mayor o menor medida, en nuestros países subsisten profundas diferencias entre sectores: los antiguos propietarios de la tierra o sus sucesores, los cuadros militares superiores, los grandes y medianos empresarios y los profesionales universitarios, por una parte, y por otra los trabajadores asalariados, sean del campo, de la minería, de la industria, del comercio o de los servicios domésticos.

En ambos estratos hay, naturalmente, sectores diferentes; así como no es igual la situación ni influencia de los grandes empresarios que la de los medianos y pequeños, también difieren en el mundo laboral las situaciones de los funcionarios del Estado, de los profesionales, de los trabajadores de la industria y de la banca, de los campesinos, mineros y otros sectores. En mayor o menor medida se fue consolidando en todos nuestros países una clase media cada vez más numerosa e influyente. Pero es dramático el hecho, al que parecemos acostumbrados, de que cerca de doscientos millones de latinoamericanos, casi la mitad de nuestra población, vivan en la pobreza y, en cierto modo, en la marginalidad, mientras en casi todos nuestros países hay sectores minoritarios –y a veces muy minoritarios- que exhiben niveles de existencia análogos a los del mundo rico.

Esta realidad social de tan notorias desigualdades –tácitamente reconocidas como si fueran fenómeno natural- no es irrelevante para el tema que nos preocupa, porque explica el hecho de que en nuestra cultura popular prevalezca la creencia de que el poder y la riqueza dan derechos que, justos o no, han de aceptarse como se admiten, aunque no nos gusten, las inclemencias climáticas. Solo así se explica la conformidad con que en algunos de nuestros países se ha aceptado, como si fuera algo natural, el enriquecimiento de los gobernantes durante su mandato.

El dicho “autoridad que no abusa pierde su prestigio”, es expresivo de esta mentalidad, aun frecuente en nuestros países. Todavía el modesto campesino, el indígena o el ciudadano pobre que acude a un servicio público, admite como casi natural que se le cite para otro día o, simplemente, se le atienda mal.

Instituciones tan tradicionales como el patronazgo en las relaciones laborales y el caudillismo o el clientelismo en el ámbito político, erosionan el concepto de ciudadanía y favorecen una cultura de la ilegalidad. Mas allá de las normas que establecen o regulan derechos y deberes, lo que opera efectivamente para muchos es la informalidad, el favoritismo, la excepción. Tanto miembros de nuestras elites como vastos sectores populares, no sienten la necesidad de desarrollar una sociedad igualitaria, participativa y deliberante; por el contrario, perciben el poder como un privilegio que naturalmente da ventajas y oportunidades, que corresponde ejercer con indulgencia y al cual cabe solicitar favores o beneficios.

Se explica así la frecuencia con que el modesto ciudadano que accede a cargos o situaciones de poder tiende a abusar de sus prerrogativas en beneficio propio, de sus familiares o de sus amigos.

Nuestra región se caracteriza por la debilidad de la sociedad civil y la precariedad ciudadana. Es un hecho evidente que en nuestras naciones hay todavía grandes sectores de su población que no se expresan ni participan socialmente, no están organizados, ni tienen una adecuada representación política.

A estos rasgos tradicionales de la realidad latinoamericana debe agregarse, en los últimos años, la implantación creciente de una cultura económica que hace de la riqueza el valor o bien más importante y, consiguientemente, convierte a su búsqueda en la primordial tarea tanto de las naciones como de los individuos.

Cada día es más fuerte el peso de la economía, tanto en la vida privada de las personas como en la marcha de las sociedades. Y a medida que nuestras naciones se van insertando en el proceso de globalización financiera y económica, menor es la autonomía de los Estados para defender el interés nacional mientras se torna mayor la concentración de la riqueza y más desigual la distribución de los ingresos.

Cada día el poder económico es más decisivo y la economía reclama mayor autonomía respecto a las demás dimensiones de la vida, sosteniendo que sus leyes son incuestionables desde otras perspectivas de lo humano.
Como bien sabemos, los sistemas de economía de mercado, que hoy se imponen prácticamente en todo el mundo, si bien se muestran eficientes para crear riqueza, son injustos para distribuirla. El mercado es cruel, porque excluye a los que carecen de bienes materiales para participar en él, porque castiga a los que no están en situación de competir y porque generalmente favorece el triunfo de los más poderosos y los más audaces.

No cabe discutir que para superar la pobreza es indispensable el crecimiento económico, lo que las economías de mercado logran hacer. Pero el crecimiento, siendo necesario, no es suficiente para eliminar la pobreza, y si no se complementa con políticas eficaces de desarrollo social, aumenta las desigualdades.

Los asombrosos progresos científicos y tecnológicos de los últimos decenios han generado, entre muchos otros efectos –como el achicamiento del mundo, cada vez mas convertido en “aldea global”-, cambios muy profundos en las posibilidades de trabajo de la gente; cada vez se necesitan mas trabajadores con alta calificación, al día en las técnicas más modernas para producir o prestar servicios eficaces, y disminuye la demanda de trabajo no calificado. Ello, además de generar desocupación en el ancho mundo de los pobres que no han tenido posibilidades de estudiar y prepararse, provoca crecientes desigualdades en el nivel de las remuneraciones.

Paralelamente, el fenómeno de la globalización reduce o disminuye la soberanía de las naciones, que cada vez dependen más de su inserción en el mercado mundial. Dentro de este, el papel de los países de la periferia o mundo en desarrollo tiende a reducirse al de proveedores de materias primas –muchas veces agotables- y de mano de obra barata.

Las decisiones, a menudo especulativas, de grupos financieros internacionales, pueden sumir en graves crisis a esos países, con el consiguiente empobrecimiento de sus poblaciones.
La publicidad inherente al sistema, destinada a estimular los mercados y sostenida abrumadora y persuasivamente por los medios de comunicación, estimula hábitos de consumismo que terminan esclavizando a la gente y sumiéndola en el endeudamiento.

La creciente concentración de la propiedad y control de los medios termina generando un verdadero monopolio de la información, que valiéndose de las modernas técnicas de la comunicación manipula a la opinión pública con la apariencia de no hacer otra cosa que recoger y difundir las opiniones de la gente.

Todo lo cual esta deshumanizando la vida de nuestras sociedades, en que los seres humanos son cada vez más esclavos de las cosas, más egoístas y centrados en si mismos, menos solidarios y menos capaces de amar al prójimo. Y ello es el resultado de las antinomias que pueblan América Latina; y es sobre estas antinomias (interés público - interés privado; autoridad - libertad; justicia - injusticia; capital - trabajo; egoísmo - solidaridad; macroeconomías - microeconomías, etc.) sobre las que pueden operar los Observatorios como  instituciones de control en la ejecución de las políticas públicas, en materia de desempleo, habitación, salud, seguridad y tantas otras funciones que el Estado nunca debe abdicar.

Las sociedades latinoamericanas hoy se enfrentan, sufridamente, a las consecuencias no deseadas de los procesos de liberalización de la economía, que si bien fortalece lo macroeconómico, termina destruyendo millones de microeconomías con el consecuente demérito de los derechos humanos. Los Observatorios pueden contribuir activamente a la mayor responsabilidad de los Gobernantes frente al creciente clamor de las sociedades modernas que ya no se conforman con la proclamación retórica del derecho a la vida o a la libertad; quieren más y eso implica mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud, mayor protección de los valores comunes, etc.
En nuestro país hemos fundado un Observatorio de los Derechos Humanos, bajo la forma jurídica de Fundación, es decir, como una Organización No Gubernamental destinada a la protección y fortalecimiento de los derechos fundamentales. Estamos persuadidos que no puede existir pleno respeto de los derechos humanos donde impere la corrupción; la gobernabilidad se verá seriamente amenazada donde el desarrollo no sea sustentable; donde las asimetrías sociales se agudicen y donde la exclusión sea la regla. Es que el actual concepto de gobernabilidad transita por los vértices de la participación amplia de la sociedad civil; por la lucha frontal contra la corrupción, por el desarrollo sostenible y por el pleno respeto de los derechos humanos. Los conceptos antes expuestos no son compartimentos estancos; están indisolublemente vinculados.
La corrupción está en la condición humana, igual que el robo, el homicidio. Pero hoy no se corrompe como ayer. Con sus proyecciones, por la impunidad garantizada que la rodea, forma parte de la naturaleza de las cosas; más aún, integra nuestro paisaje cotidiano. De imprevisibles consecuencias entroniza al poder económico y deroga al político; y cuanto más la economía se globaliza, mayores parecen las posibilidades para corromper a los Estados, transformados, a veces, en meras filiales de los enormes capitales.
Existe una constante histórica: el capitalismo que opera en mercados de magnitud, y por ende, con elevados riesgos, trata de minimizarlos; ansia desesperadamente lo seguro. No es cierto que confíe en la competencia, ni en el libre mercado; es más, renuncia a ellos, los abroga y como prudente trapecista prefiere la red. Para ello seduce, fuerza o compele a la clase política; y así se arriba, merced a la corrupción, a la unión de los barones del dinero y de las elites. Dato importante: nunca predican la legalización de ese proceder; lo prefieren secreto, cripto.
En este sentido, las nuevas condiciones internacionales vinculadas a procesos de globalización e integración a mercados mundiales hacen de América Latina una región particularmente vulnerable. Esto último genera una serie de obstáculos -y con ello desafíos - para garantizar la gobernabilidad de los países de la región.
Se advierten todavía serias deficiencias a nivel interno en cuanto a la capacidad institucional de los Estados para responder a demandas sociales, una debilidad de los sistemas democráticos, y la persistencia de problemas de pobreza y exclusión social.
Esta conceptualización asume que una nación se torna ingobernable cuando los mecanismos e instituciones encargadas de articular intereses y mediar las diferencias entre los actores fallan. Ello puede deberse a que el Estado no está atendiendo a las demandas, a que el sistema político y las instituciones que lo sustentan no son capaces de expresar intereses diversos, o bien porque no se dan las condiciones sociales. Si existen amplios sectores postergados en sus demandas, si además las instituciones políticas no son capaces de representar a la ciudadanía, y si el Estado no brinda beneficios sociales en forma efectiva, se incrementa la vulnerabilidad del sistema político y con ello la gobernabilidad de un país está en riesgo.
Dos elementos contribuyen, a mi juicio, al mantenimiento de altos niveles de corrupción:
a) Debilidad institucional. El primer problema es la debilidad institucional de los Estados para sancionar el fenómeno de la corrupción. Débiles sistemas de control dentro del Estado, y sistemas de justicia poco independientes, altamente burocráticos, e ineficientes han contribuido a mantener esta situación. Existe un gran número de reformas que se están implementando en la región para mejorar los sistemas de justicia, aunque los resultados de esas reformas sólo se verán en el largo plazo.
Adicionalmente, América Latina es la región más desigual del mundo y en donde históricamente han existido altos niveles de concentración de poder económico. Al existir instituciones débiles y pocos mecanismos de control, existen más posibilidades para que aquellos sectores poderosos incidan en las políticas públicas y en la política en general.
b) Débiles mecanismos de control social. Otro factor que contribuye a la corrupción es la debilidad de los mecanismos de control social. Por ejemplo, en varios países de América Latina se observa una alta concentración de medios, lo que bajo ciertas circunstancias, puede reducir las opciones de ejercer un control efectivo sobre las políticas públicas.
Las reformas institucionales son necesarias pero no suficientes para terminar con la corrupción. No sólo se requiere generar mecanismos legales para controlar y penalizar la corrupción, se precisan además: (a) regular la relación entre Estado, política y dinero, bajo los criterios de transparencia, igualdad de oportunidades y responsabilidad, y (b) robustecer el rol de sociedad civil en el control de la política pública.
En este sentido, nadie puede ocultar que existe un peligroso y continuado deterioro de las instituciones políticas. A la insuficiencia e impotencia del Estado para dar respuesta a los derechos económicos, sociales y culturales por su escasa o nula presencia en la Sociedad, se suma el avance de la corrupción. El deficiente desempeño de las instituciones democráticas ha impedido avanzar en el establecimiento de una gama más amplia de instituciones que conforman los pilares de una economía de mercado dinámica y competitiva. Las debilidades institucionales se hacen tangibles y evidentes en los muchos escándalos de corrupción que involucran a funcionarios gubernamentales, las deficiencias en la calidad de los servicios públicos y los prolongados retrasos en el trámite de los casos judiciales. Estimaciones comparadas sobre la calidad de la gestión gubernamental en el contexto internacional apuntan también a la debilidad relativa de las instituciones de América Latina. Por ello no resulta aventurado, en este contexto, señalar que América Latina se agota en democracias electorales como testimonio de sistemas políticos que se agotan solo con la participación política.
Resulta imperativo comprender que el tema de la corrupción está vinculado con el déficit de valores morales, con el poder del dinero, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la debilidad de los mecanismos de control, con la falta de rendición de cuentas de los funcionarios, con el presupuesto del Estado, con el financiamiento de la política pero, por sobre todo, está relacionado con la falta de compromiso ético ciudadano.

A esos efectos, será necesario transformar las actitudes de la ciudadanía para permitir ejercer un control responsable sobre la administración pública y orientar sus demandas y acciones de mayor eticidad hacia el Estado.

El desencanto y la frustración que conducen en un círculo vicioso a la no participación y a la apatía de los ciudadanos, y que a su vez significa el desperdicio de lo más importante que tiene un país: su capital social, en términos muy simples: su gente. La gran batalla que hay que ganar es contra la apatía de nuestros ciudadanos.
En la actualidad, para controlar la corrupción (o bien reducirla a su menor expresión) es necesaria la concurrencia simultánea de tres actores: las Empresas, el Estado y la Sociedad Civil unidos en un lugar común desde el cual expresen su pensamiento sobre el tema, muestren sus estrategias para controlarlos, y brinden información a los ciudadanos sobre acciones concretas desarrolladas en tal sentido.

IV. SU CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD   CIVIL

Los Observatorios de Derechos Humanos, dentro de la estructura del Estado o como organizaciones de la sociedad civil, pueden contribuir a una mayor participación ciudadana, a la transparencia de los actos de Gobierno de tal modo que se conviertan en verdaderas sombras éticas del Poder. Quiero adelantar mi opinión en el sentido que la transparencia de los actos de Gobierno no es solo una obligación de todo gobernante sino, además, un verdadero derecho de incidencia colectiva; así, como la polución afecta a la calidad de vida de una persona, la corrupción afecta la calidad de vida institucional de toda una sociedad.
Tal vez de esta forma pueda decidirse aquella vieja polémica acerca de si la política debe o no someterse a patrones éticos o, en otros términos, si la moral es o no aplicable en el ámbito de la actividad política.
Recordemos que si se cree, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es el éxito, las reflexiones que nos ocupan carecen de sentido. Lo que vale es solamente el poder.
Debemos admitir, aunque nos repugne, que esta lógica tiene bastante vigencia en la realidad. El éxito en política se mide habitualmente por la posesión del poder.
En las democracias consolidadas, el riesgo de estas tentaciones es generalmente débil, por el freno que imponen las reglas propias del Estado de Derecho, el ejercicio de las libertades de información y de opinión y los mecanismos de fiscalización o control político y jurídico a que está sometida la actuación del gobierno. En la misma medida en que estas libertades y controles son cercenados o suprimidos, crece inevitablemente la tendencia al abuso del poder. La historia de las dictaduras esta plagada de sórdidas maquinaciones, peculados, enriquecimientos sorprendentes y crímenes horrendos. La de los regímenes totalitarios muestra hasta qué punto y de qué maneras el fanatismo ideológico conduce al aplastamiento y destrucción del hombre por el Estado. Es la lógica inevitable de la política del poder, en que el fin justifica los medios y para cuyo éxito Maquiavelo aconseja a su Príncipe "aprender a no ser bueno".
Para defenderse del anhelo de poder, del inmoderado afán de enriquecimiento fácil, lacras que tanto dañan a nuestras sociedades son necesarios mecanismos políticos, administrativos y jurídicos donde los sistemas de publicidad y control de la gestión pública –política y administrativa- generen la responsabilidad de los gobernantes y servidores públicos.
Los riesgos de corrupción y de abuso del poder público solo podrán erradicarse mediante un cambio cultural sobre la naturaleza y fin de la política. Mientras se crea, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es el éxito, consistente en ganar, conservar y acrecentar el poder, fin cuyo logro justifica cualquier medio, esos riesgos de corrupción y abuso mantendrán viva su amenaza.
Si, a la inversa admitimos que la política, en cuanto forma de actividad humana, está regida por la ética tendremos que admitir que el fin de ella no es el poder sino el bien común, con respecto al cual el poder no es más que un medio a su servicio; y que este medio debe estar siempre condicionado por la dignidad de la persona humana, en sus dimensiones individual y social, cuyos derechos esenciales debe, no solo respetar y tutelar, sino también promover y fortalecer. A esos nobles fines apuntan las instituciones conocidas como Observatorios de los Derechos Humanos.
Bibliografía:

Maiorano, Jorge Luis. El Ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones republicanas, Buenos Aires, Editorial Macchi, 1987 1ª. Edición, 1 tomo; del mismo autor: 2da. Edición, 4 tomos, Buenos Aires, Editorial Macchi, 1999.

(*)Dr. Jorge Luis Maiorano.
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina (mandato cumplido).
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman.
Profesor Titular de Derecho Administrativo.
Ex Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano 
Presidente del Observatorio de Derechos Humanos (FODHU)
Ex Ministro de Justicia de la Nación Argentina