Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

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“Hacia la búsqueda de la equidad. Los obstáculos que habrá que sortear”, publicado como Editorial numero 10 en el sitio de la Fundación Observatorio de los Derechos Humanos.

Hacia la búsqueda de la equidad: los obstáculos que habrá que sortear

Por Dr. Jorge Luis Maiorano (*)

En América Latina corremos un riesgo. Si las instituciones democráticas no producen pronto resultados económicos y sociales para la mejoría de las mayorías, para superar el abismo entre pobres y ricos y estrechar los espacios entre modernidad y tradición, podemos tener un regreso a nuestra más vieja y arraigada tradición, que es el autoritarismo. Carlos Fuentes.

La crisis que atraviesan los países latinoamericanos si bien pareciera, en principio, expresarse más crudamente en términos económicos y sociales, no puede negarse que tiene una raíz moral; es crisis política, social, económica, institucional pero, por sobre todo, es crisis de valores que se traduce en la pérdida de sentido de la política como instrumento de cambio social.

Lamentablemente ya es un lugar común escuchar siempre la misma idea: la crisis de las instituciones; el desprestigio de los dirigentes, todo en términos, más o menos, similares. Esto implica, en otros términos, que el poder esta en crisis y si lo esta el poder, que es gestor del Bien Común, también lo están las sociedades que son sus destinatarias.

Si admitimos que dicho poder no es más que un medio para buscar el bien común y que este es el bien de una comunidad humana, es decir, de una multitud de personas cada una de las cuales constituye en sí mismo un todo, debemos necesariamente concluir que el poder del Estado, órgano secular de la sociedad política, no puede ser absoluto frente a las personas.

En el largo bregar de la Humanidad hacia formas de vida civilizada, adecuadas a la dignidad del hombre, ocupa un lugar muy importante la demarcación del limite entre lo que es del Estado y lo que pertenece a las personas. Diversas formulaciones sobre los derechos fundamentales del hombre frente a los gobiernos han ido encarnándose en la historia, frutos de arduas y gozosas conquistas de la criatura humana en su lucha por poner coto al ejercicio del poder del Estado y someterlo al imperio de la razón y la justicia.

De lo dicho resulta que el poder de cada Estado, por muy soberano que sea, tiene un límite en los derechos de las personas, tal como han sido consagrados en numerosos documentos y cartas nacionales y extranjeras; en la medida en que excede de ese limite, su ejercicio es abusivo e ilegitimo. Así lo entiende, cada vez con mayor certeza, la conciencia moral del hombre común, que considera necesario el respeto y promoción de los Derechos Humanos y que repudia todo lo que los atropella o menoscaba.

A partir de los principios y criterios precedentemente expuestos, es posible encontrar orientaciones o pautas directrices para dilucidar gran parte de los cuestionamientos éticos que surgen con relación al acontecer político.

Tales son, entre otros: el tema de los medios legítimos para conquistar el poder político y para retenerlo; el del populismo y la demagogia como instrumentos para esos fines; el del uso del poder del Estado para acrecentar el poder político personal o partidista; el de la corrupción; el del rol de los medios de comunicación como instrumento de proselitismo, el desprestigio a los adversarios y de tergiversación de la verdad.

En todas estas situaciones hay comprometidos valores morales, entre otros la verdad, la justicia, la dignidad u honor de las personas y el respeto a los derechos humanos, que por su naturaleza deben prevalecer.

Es necesario recordar aquí la vieja polémica acerca de si la política debe o no someterse a patrones éticos o, en otros términos, si la moral es o no aplicable en el ámbito de la actividad política.

Si se cree, como Maquiavelo, que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación y en que lo único importante es el éxito, la respuesta es simple. Lo que vale es solamente el poder. Debemos admitir, aunque nos repugne, que esta lógica tiene bastante vigencia en la realidad. El éxito en política se mide habitualmente por la posesión del poder. Los triunfos en política, por lo menos formalmente y en el corto plazo, consisten en ganar poder.

En una democracia, triunfa el partido que en las elecciones logra una mayoría capaz de asegurar el gobierno y triunfa el político que es llamado a gobernar. Y en un régimen de facto, triunfa el caudillo que en un golpe de Estado usurpa el poder y el dictador que por cualquier medio prolonga su gobierno.

El poder constituye la gran tentación de los políticos. Incitados por esa tentación, muchos de ellos gastan a menudo sus mayores esfuerzos para alcanzarlo o conservarlo. Cuando se está lejos del poder, éste aparece como la palanca mágica que abre los caminos a todos los proyectos. Los partidos políticos que están en la oposición, confían que el acceso al gobierno le permitirá realizar los cambios que postulan. Los revolucionarios imaginan que les bastara conquistar el poder para llevar a la práctica todas sus utopías.

Pero tan pronto se alcanza esa meta se advierte que, aun estando en el gobierno, no se puede hacer todo lo que se quiere. Entonces el poder del gobierno se aprecia escaso y suele comenzar una nueva lucha por acrecentarlo. Los nuevos gobernantes, cuando se sienten entrabados para realizar sus propósitos, se empeñan en utilizar el poder alcanzado -con las múltiples posibilidades que proporciona- para eliminar o reducir los obstáculos que significa la oposición, generalmente con el sano propósito de facilitar el cumplimiento de los objetivos de bien público del gobierno.

En las democracias, el riesgo de estas tentaciones es teóricamente menor, por el freno que imponen las reglas propias del Estado de Derecho, el ejercicio de las libertades de información y de opinión y los mecanismos de fiscalización o control político y jurídico a que está sometida la actuación del gobierno. En la misma medida en que estas libertades y controles son cercenados o suprimidos, crece inevitablemente la tendencia al abuso del poder.

El anhelo de poder se convierte en el principal factor de la corrupción que tanto amenaza y daña a los Estados y a las sociedades. Para defenderse de esa lacra son necesarios mecanismos políticos, administrativos y jurídicos como la separación de los poderes, base de todo ordenamiento democrático, que Montesquieu propuso precisamente para que “el poder detenga el poder”, los sistemas de publicidad y control de la gestión pública –política y administrativa- y los mecanismos de responsabilidad de los gobernantes y servidores públicos.

Pero estos medios no van al fondo del problema. Los riesgos de corrupción y de abuso del poder público solo podrán erradicarse mediante un cambio cultural sobre la naturaleza y fin de la política.

Si, admitimos que la política, en cuanto forma de actividad humana, esta regida por la ética, que se ocupa precisamente de los actos humanos en cuanto al bien o al mal que ellos entrañan, tendremos que admitir que el fin de ella no es el poder sino el bien común, con respecto al cual el poder no es más que un medio a su servicio, y que este medio es siempre limitado por la dignidad de la persona humana, cuyos derechos esenciales debe no solo respetar, sino también promover.

Objetivamente, la razón nos dice que un gobierno tiene éxito cuando su política y sus realizaciones satisfacen las aspiraciones más sentidas de su pueblo, le permiten vivir en paz, justicia, libertad y bienestar y significan progreso, independencia y prestigio para su Nación.

Eso es lo importante para el país y no para quien detente el gobierno.

Por lo demás, para hablar de verdadero éxito es necesario apreciar los acontecimientos con sentido histórico, en términos de la vida de la Nación y no de la vida de un hombre. Lo que mirado hoy, con ojos de presente, parece éxito, puede resultar un desastre proyectado en el tiempo.

Como enseña Maritain, “los principios de la moral no son ni teoremas ni ídolos, sino reglas supremas de una actividad concreta dirigida a una obra que ha de realizarse en circunstancias determinadas y, en definitiva, mediante las reglas de la virtud de la prudencia, nunca trazadas de antemano, que aplican los preceptos éticos a los casos particulares, en el medio ambiente, con una voluntad concretamente recta… La política, en particular, tiende al bien común del cuerpo social; esta es su medida. Ese bien común es un bien principalmente moral y por ello es incompatible con todo medio intrínsecamente malo. Mas, por lo mismo que representa la recta vida común de una multitud de seres débiles y pecadores, exige también que para procurar lograrlo se sepa aplicar el principio del mal menor y tolerar ciertos males cuya prohibición acarrearía males mayores”. Y al respecto agrega: “El temor a mancharnos por penetrar en el contexto de la historia no es virtud, sino una manera de escapar de la virtud”.

De lo dicho se sigue otra conclusión, relativa a la importancia de los derechos humanos en cuanto limite al ejercicio del poder político. Si dicho poder es solo un medio para buscar el bien común y que este es el bien de una comunidad humana, es decir, de una multitud de personas cada una de las cuales constituye en sí mismo un todo, debemos necesariamente concluir que el poder del Estado, órgano secular de la sociedad política, no es absoluto frente a las personas.

Los países latinoamericanos son naciones jóvenes, hijas de la mezcla entre los europeos que llegaron a partir del siglo XV, primero como conquistadores y luego como inmigrantes, con los pueblos aborígenes del continente. Los periodos de conquista y colonial, dejaron en nuestras sociedades una fuerte huella de dominación. Han sido y en gran medida siguen siendo sociedades heterogéneas, marcadas por el signo de la desigualdad en que conviven sus diversos estratos, niveles o clases sociales.

Aunque nuestras Constituciones proclaman solemnemente la igualdad ante la ley, lo cierto es que en nuestra América esa igualdad sigue siendo más formal que real.

Esta realidad social de tan notorias desigualdades –tácitamente reconocidas como si fueran fenómeno natural- no es irrelevante para el tema que me ocupa, porque explica el hecho de que en nuestra cultura popular prevalezca la creencia de que el poder y la riqueza dan derechos que, justos o no, han de aceptarse como se admiten, aunque no nos gusten, las inclemencias climáticas.

El dicho “autoridad que no abusa pierde su prestigio”, es expresivo de esta mentalidad, aun frecuente en nuestros países. Todavía el modesto campesino, el indígena o el ciudadano pobre que acude a un servicio público, admite como casi natural que se le cite para otro día o, simplemente, se le atienda mal.

Nuestra región se caracteriza por la debilidad de la sociedad civil y la precariedad ciudadana. Es un hecho evidente que en nuestras naciones hay todavía grandes sectores de su población que no se expresan ni participan socialmente, no están organizados, ni tienen una adecuada representación política.

Cada día es más fuerte el peso de la economía, tanto en la vida privada de las personas como en la marcha de las sociedades. Y a medida que nuestras naciones se van insertando en el proceso de globalización financiera y económica, menor es la autonomía de los Estados para defender el interés nacional mientras se torna mayor la concentración de la riqueza y más desigual la distribución de los ingresos.

Cada día el poder económico es más decisivo y la economía reclama mayor autonomía respecto a las demás dimensiones de la vida, sosteniendo que sus leyes son incuestionables desde otras perspectivas de lo humano.

Como bien sabemos, los sistemas de economía de mercado, que hoy se imponen prácticamente en todo el mundo, si bien se muestran eficientes para crear riqueza, resultan injustos para distribuirla. El mercado es cruel, porque excluye a los que carecen de bienes materiales para participar en él, porque castiga a los que no están en situación de competir y porque generalmente favorece el triunfo de los más poderosos y los más audaces.

No cabe discutir que para superar la pobreza es indispensable el crecimiento económico, lo que las economías de mercado logran hacer. Pero el crecimiento, siendo necesario, no es suficiente para eliminar la pobreza, y si no se complementa con políticas eficaces de desarrollo social, aumenta las desigualdades.

Los asombrosos progresos científicos y tecnológicos de los últimos decenios han generado, entre muchos otros efectos –como el achicamiento del mundo, cada vez mas convertido en “aldea global”-, cambios muy profundos en las posibilidades de trabajo de la gente; cada vez se necesitan mas trabajadores con alta calificación, al día en las técnicas más modernas para producir o prestar servicios eficaces, y disminuye la demanda de trabajo no calificado. Lo que junto con generar desocupación en el ancho mundo de los pobres que no han tenido posibilidades de estudiar y prepararse, genera crecientes desigualdades en el nivel de las remuneraciones.

Paralelamente, el fenómeno de la globalización reduce o disminuye la soberanía de las naciones, que cada vez dependen más de su inserción en el mercado mundial. Dentro de este, el papel de los países de la periferia o mundo en desarrollo tiende a reducirse al de proveedores de materias primas –muchas veces agotables- y de mano de obra barata.

Las decisiones, a menudo especulativas, de grupos financieros internacionales, pueden sumir en graves crisis a esos países, con el consiguiente empobrecimiento de sus poblaciones. La publicidad inherente al sistema, destinada a estimular los mercados y sostenida abrumadora y persuasivamente por los medios de comunicación, estimula hábitos de consumismo que terminan esclavizando a la gente y sumiéndola en el endeudamiento.

La creciente concentración de la propiedad y control de los medios termina generando un verdadero monopolio de la información, que valiéndose de las modernas técnicas de la comunicación manipula a la opinión pública con la apariencia de no hacer otra cosa que recoger y difundir las opiniones de la gente.

Todo lo cual esta deshumanizando la vida de nuestras sociedades, en que los seres humanos son cada vez más esclavos de las cosas, más egoístas y centrados en si mismos, menos solidarios y menos capaces de amar al prójimo. Y ello es el resultado de las antinomias que pueblan América Latina; y es sobre estas antinomias (interés público - interés privado; autoridad - libertad; justicia - injusticia; capital - trabajo; egoísmo - solidaridad; macroeconomías - microeconomías, etc.)

Se trata, en mi concepto, de un desafío cultural que ha de operar en la conciencia colectiva de nuestras sociedades. Es preciso, en primer término, que se entienda y acepte que el fin de la autoridad política no es el poder sino la búsqueda del bien común, para cuyo logro el poder no es sino un medio, y no el único. Y es también necesario como natural consecuencia de lo anterior, que se conciba o entienda la actividad política como forma de “servicio público” y no como instrumento para lograr influencia o ventajas personales.

Junto con ello, es fundamental inculcar en la conciencia colectiva los conceptos de dignidad esencial de todo ser humano, titular de derechos fundamentales proclamados en la Declaraciones Universales, de la consiguiente igualdad de todos los hombres y mujeres y de respeto a la ley como regla de convivencia civilizada.

En la medida en que en nuestras sociedades se generalicen las ideas de que los gobernantes, legisladores, jueces y demás autoridades públicas son servidores de la comunidad y no titulares de un poder arbitrario, de que todas las personas por igual son titulares de derechos esenciales que deben serles respetados y tienen a su vez ciertos deberes frente a la sociedad y de que la ley, norma general obligatoria –y no la voluntad arbitraria de ninguna persona- es la regla que regula la convivencia colectiva, los riesgos de arbitrariedades, discriminaciones, favoritismos y otros abusos disminuyen al mínimo.

Debe ser claro, en mi concepto, que la moralización de la política depende o es reflejo de la moral colectiva. Si en una sociedad prevalece la creencia de que el poder es por naturaleza arbitrario y se acepta como natural o lógico que quien lo ejerce abuse de todas las formas posible o persiga a sus adversarios, no podrá esperarse que la política sea ejemplo de moralidad.

En este sentido, el desafío de elevar la calidad ética de nuestra política no solo choca con algunos hábitos derivados de la cultura histórica de las sociedades latinoamericanas –a que antes nos referimos-, sino también con algunos rasgos que tienden a prevalecer en la cultura de nuestros días al menos en el mundo occidental. Me refiero especialmente al excesivo individualismo, al consumismo desenfrenado, a la tendencia al enriquecimiento rápido, a la liberalidad sexual y al menosprecio del Estado como órgano del bien común.

El gran desafío moral de la vida política consiste en crear condiciones que permitan a los seres humanos realizar su anhelo de vivir en paz. Paz entre las naciones; paz al interior de las mismas. Lo cual supone y exige ciertas condiciones que es necesario cumplir.

Un viejo aforismo afirma que la paz es obra de la justicia. Y en su Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII sostuvo que “la paz en la tierra, suprema aspiración de la humanidad a través de la historia”, debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. Es claro que estas condiciones están lejos de darse en el mundo en que vivimos.

No es justo un mundo –como el de nuestros países latinoamericanos-, en que importantes sectores de la población –en algunos casos mayoritarios-, no tienen adecuado acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo bien remunerado. La primera y fundamental exigencia de justicia es la igualdad de oportunidades para todos. Si se invocan criterios de justicia para regular las remuneraciones o ingresos de cada cual según su capacidad y rendimiento, esos mismos criterios exigen que todos inicien esa competencia desde un mismo punto de partida, con análoga capacitación y posibilidades. Esta es, sin duda, una exigencia ética fundamental. Cuando la ética domine a la política, seguramente se alcanzará una sociedad más equitativa donde los derechos no sean catálogos de ilusiones sino realidades cotidianas.

(*) Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina (mc)
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI)
Presidente del Observatorio de los Derechos Humanos (FODHU