Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

Canada

"La situación social y la labor del Ombudsman" pronunciada en la VIII Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman, realizada en la ciudad de Québec, Canada, 7 de septiembre 2004.

 

La situación social y la labor del Ombudsman

VIII Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman


Québec, Canadá, septiembre 2004.

Taller 2: CONDICION SOCIAL

Conferencista: Dr. Jorge Luis Maiorano


Sumario:
1. Palabras preliminares
2.  Introducción
3.  La Aldea global: el debe y el haber
4.  El Ombudsman y su compromiso con los derechos humanos
5.  Cómo pueden contribuir los Ombudsman a superar las situaciones de inequidad.
6.  Conclusión


1.- PALABRAS PRELIMINARES

Vayan mis primeras palabras para expresar mi más profundo agradecimiento a la Protectora del Ciudadano de Québec, Madame  Pauline Champoux Lesage por su generosidad al invitarme a disertar en esta VIII Conferencia del Instituto Internacional del Ombudsman. Tal vez para muchos de ustedes, Ombudsmen que ejercen sus funciones desde hace pocos años, esta mención no tiene mayor trascendencia que una mera referencia protocolar; pero para quienes me conocen saben que encierra una íntima y muy profunda satisfacción: es el reconocimiento hacia muchos años de dedicación a esta figura que me permite, en esta ocasión, disertar ante ustedes cinco años después que venciera mi mandato como Primer Ombudsman de Argentina; por ello este especial reconocimiento.
Permítaseme, además, formular un sentido homenaje al  ex Ombudsman de Nueva Zelanda y Ex presidente del Instituto Internacional del Ombudsman, Sir John Robertson quien me honró con su amistad y que nos abandonó físicamente hace dos años.  
Como resultado de una extraña parábola, mi relación con esta Institución ha transitado por diversas etapas desde hace casi un cuatro de siglo: inicialmente, la faz académica, durante casi 15 años de mi vida, desde  1980 hasta 1994 durante los cuales aprendí y enseñé junto a los más destacados Ombudsman del mundo; posteriormente, llegó el privilegio de la práctica cotidiana fundando la institución como primer Defensor del Pueblo de la Nación Argentina en el período 1994-1999, durante los cuales tuve el honor de ser anfitrión en 1996, en la ciudad de Buenos Aires, de la VI Conferencia Internacional del IOI  para retornar, una vez vencido mi mandato, a la prédica doctrinaria, obviamente con la generosa experiencia que me ha brindado la Providencia al ejercer la titularidad de ese cargo y durante 1998-1999 la Presidencia del Instituto Internacional del Ombudsman.
En 1987, al publicar mi tesis doctoral titulada El Ombudsman. Defensor del Pueblo y de las instituciones republicanas señalé…. “que el futuro no debía ser una prórroga de nuestro presente: para que no lo fuera debíamos ponerle condiciones, orientarlo hacia los rumbos que nos fijásemos. Eso exigía un esfuerzo de anticipación. Experiencias ajenas servirían de ayuda. Aquello que era futuro para nosotros, era presente para otros. En eso, al fin de cuentas consiste el subdesarrollo: en ir detrás, en ignorar lo que otros ya saben y uno sabrá más tarde, en carecer de lo que otros tienen y uno podrá tener más tarde. Al indagar en otros presentes, hallaremos claves que nos faltan. Descifraremos los retos que nos esperan”.

Esas “experiencias ajenas”, que aprendí de los países donde la Institución se acunó,  mucho nos sirvieron para conocer a esta bicentenaria Institución y para encarar el reto  de insertarla en América Latina y en mi país, especialmente, a partir de la década de los años ‘80.

2.- INTRODUCCION

Esta disertación apuntará a encontrar un punto de convergencia entre la situación o condición social de las personas y las responsabilidades del Ombudsman de nuestros días.

Veamos entonces, en primera instancia, qué se entiende por condición o situación social.

La condición social es la situación que el individuo ocupa  en la sociedad y que lo sujeta a determinadas conductas disvaliosas, tales como  la falta de oportunidades laborales, condicionamientos culturales; ausencia o goce  de derechos de acceso al sistema de salud publica o privada;  de acceso a una vivienda digna, a planes sociales, a un medio de transporte digno, a una jubilación digna; en suma, de acceso y goce, efectivo, sostenido, y sustentable de sus derechos humanos y que no implique discriminación o exclusión alguna.

3.-  LA ALDEA GLOBAL:   EL DEBE Y EL HABER


El siglo XXI se muestra pleno en oportunidades y riesgos para la humanidad.  Por una parte, los revolucionarios avances tecnológicos en una serie amplia de áreas, han cambiado sustancialmente las posibilidades de producción de bienes y servicios; los progresos en campos como la informática, las comunicaciones, la electrónica, la biotecnología, la medicina, la ciencia de los materiales, entre otras, abren posibilidades inéditas al género humano.  Tanto prometen la ampliación de la esperanza de vida como multiplican la capacidad de producción de alimentos y bienes de toda índole.  Pero no todo progreso garantiza una mejor calidad de vida para todos.

Es evidente que en los albores de este siglo,  es la humanidad misma la que constituye la amenaza más grande a su propia existencia. La proliferación de armas nucleares ha dado lugar a una perspectiva igualmente sombría: el riesgo constante de conflictos étnicos, la violencia y la inestabilidad entre y al interior de muchos países. Los efectos derivados incluyen la degradación del medio ambiente, la pobreza, la marginación, la superpoblación, las migraciones y flagrantes desigualdades sociales.

Como lo constata la experiencia de la vida cotidiana, la evolución histórica no ha sido lineal ni se dirige, como sostiene acertadamente Fukuyama, a un mundo final, ineluctable y feliz. Las viejas utopías que durante el siglo XX pretendieron definir el curso de la historia social y política de los pueblos, cedieron paso a una suerte de desideologización que centró exclusivamente la vida en lo puramente material. Si bien la ola democratizadora de América Latina, en términos de Huntington, produjo entusiasmo sobre la posibilidad de consolidar democracias, muchos puntos han quedado sin hilar. La globalización y la liberalización que han acompañado a las transiciones han traído el cuestionamiento indiscriminado y crítico en algunos aspectos del Estado. Los veloces cambios, sin embargo, no siempre produjeron efectos benéficos sobre todo en los ámbitos microeconómicos; la crisis de gobernabilidad de varios de los países del área  indica que hay muchas asignaturas pendientes y que la democracia por sí sola no es suficiente para calmar los persistentes reclamos de ciudadanos que demandan empleo, salud, ingresos, servicios básicos y la satisfacción de sus necesidades más elementales.

Cerca de la mitad de la Población del globo se halla por debajo de la línea de la pobreza, 2000 millones carecen de agua potable, 800 millones sufren hambre, 500.000 madres mueren anualmente al dar a luz sus hijos, el 99% de ellas en países en desarrollo, mientras la esperanza de vida en los países más ricos llega a los 80 años, en los más pobres supera escasamente los 53 años.  Ilustrando esa situación, un reciente Informe de Naciones Unidas señala que: "La tortura de un solo individuo despierta la indignación de la opinión publica, con justa razón.  Pero la muerte de más de 30.000 niños por día por causas fundamentalmente prevenibles pasa inadvertida. ¿Por qué? ¡Porque esos niños son invisibles en la pobreza!

Como lo han destacado el Secretario General de la ONU, Koffi Anan, el Papa Juan Pablo II y prominentes personalidades mundiales, las desigualdades crecen fuertemente.   El 20% más rico de la población mundial es dueño del 86% del Producto Bruto, tiene el 82% de las exportaciones y recibe el 68% de las inversiones. El 20% más pobre tiene menos del 1% en todas esas áreas.

Las paradojas son permanentes.  A pesar de los avances médicos, enfermedades como la tuberculosis, la malaria y el SIDA, cobran millones de víctimas anuales, muchas de ellas evitables, entre los sectores pobres que no tienen posibilidad de acceso a esos avances.   En países como los latinoamericanos con un enorme potencial de producción de alimentos, ha aumentado la desnutrición y se están produciendo muertes de niños por hambre.

Las tasas de desocupación y subocupación han ascendido en numerosos países, y el conjunto de la situación ha generado que vastos sectores de la población mundial se encuentren en situación de pobreza y exclusión social.  

América Latina es la región del mundo con la mayor desigualdad entre ricos y pobres. Se sostiene, generalmente, que esa abierta desigualdad es el lado negativo de la globalización; en cambio, hay quienes afirman que nuestra región desde los comienzos mismos del régimen colonial, dio la espalda a la igualdad social, dando forma institucional a la desigualdad. Los altos índices de pobreza actuales, las profundas diferencias de ingresos que recogen los cómputos internacionales y la inequidad en el trato a los colectivos discriminados (mujeres, indios, gente de color, ancianos), son el reflejo del fracaso por superar los obstáculos históricos al progreso. La exclusión social, a la que está llevando la pobreza, da lugar a una nueva sociedad fragmentada, en la que los pobres, marginados y excluidos  resisten el castigo de la precariedad material y la indefensión legal.

Según estudios del BID, algunos países latinoamericanos con grandes poblaciones indígenas o afro-descendientes obtendrían inmensos réditos sociales y económicos si pusiesen fin a la exclusión que prevalece en sus sistemas de educación y salud y en sus mercados laborales.

En esas naciones, las personas de color tienen, en promedio, la mitad de años de educación que sus compatriotas blancos. El racismo se refleja en salarios menores, beneficios limitados y peores empleos para los integrantes de los grupos marginados.

En un reciente Seminario del BID incluso se denunció que la discriminación persiste en los Estados Unidos, aun décadas después de que el movimiento por la igualdad racial lograra victorias históricas como el fallo de la Corte Suprema por el cual se calificó, en 1954, que la segregación en el sistema educativo era inconstitucional.

La exclusión social perdura porque las minorías siguen siendo en gran medida invisibles para un mundo que apenas si sabe que existen. En América Latina, hasta hace pocos años sólo un tercio de los países consideraban las razas y etnias como factores en sus censos y encuestas. Esta situación solo desaparecerá cuando se reafirmen los derechos de los marginados a participar plenamente en sus sociedades, con voz y representación política. Si bien en algunos países los grupos indígenas han cobrado mayor fuerza política en años recientes, otros grupos históricamente discriminados siguen relegados.


4.- EL OMBUDSMAN Y SU COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS

El entorno en el cual se desarrolla el moderno Ombudsman dista mucho de aquel que se desarrolló en la segunda mitad del siglo pasado. Como lo acabo de señalar, vivimos en un mundo globalizado caracterizado por enormes disparidades sociales y económicas que afectan las bases del contrato social y donde se percibe, cada vez con mayor intensidad, la necesidad de cambio para superar las brechas sociales. Desde una perspectiva internacional, el escenario mundial posterior a la guerra fría ha cambiado y, en consecuencia, también ha cambiado la naturaleza de los conflictos. De la violencia de la guerra ideológica se ha pasado hoy a la violencia social que produce la pobreza, la marginalidad, la ignorancia y la exclusión.

El Ombudsman, en sus versiones más recientes de las dos últimas décadas, está comprometido, no sólo con las disfunciones administrativas, sino también con la defensa de los derechos humanos, de cualquier generación que se trate asumiendo, en este sentido, un decisivo rol en las sociedades modernas. Ello pone en evidencia la adaptabilidad y generosidad de esta bicentenaria institución que ha podido adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad.

Respecto a la supervisión que el Ombudsman ejerce en relación a los derechos humanos, en una primera etapa debemos tener presente los derechos humanos tradicionales (vida, libertad, dignidad) que son los llamados derechos civiles, individuales o fundamentales, en segundo término surgen los llamados “derechos económicos, sociales y culturales”. Estos derechos sociales fundamentales brindan las bases para que las personas puedan estar expuestas a la acción estatal sólo en la medida en que ello no afecte su desenvolvimiento como individuos y como miembros de la sociedad.

Por último, los derechos de tercera generación, o derechos de la solidaridad, es decir, aquellos que superan el egoísmo y exclusividad individuales, el interés sectorial de los sociales y que se fundamentan en la incidencia colectiva; por ejemplo el derecho a un medio ambiente equilibrado, a la protección de los valores culturales o históricos de una comunidad. Aquí se supera aquella regla tradicional que rezaba “lo que es de todos, no interesa a ninguno”; hoy, lo que es de todos, interesa a todos y a cada uno como parte integrante del conjunto, es el último estadio de este proceso en el cual se ha transitado de los individual a lo social y de lo social a lo comunitario o, del egoísmo, al sector y de éste, a lo social imbuido de solidaridad.

Siguiendo el modelo español, el Ombudsman latinoamericano se ha ido caracterizando por tener una activa y decidida intervención en la defensa de los derechos humanos de primera generación (a la vida y a la libertad), de segunda generación (los derechos económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (de incidencia colectiva).

Cabe aquí destacar el marcado desarrollo que en materia defensorial y de derechos humanos tiene lugar en los países de Europa Central y del Este a partir de la caída del Muro de Berlín. Con el claro liderazgo de Polonia, pasando por el ejemplo de Hungría, Eslovenia y llegando a la propia Rusia, se generalizó el establecimiento constitucional y legal de una institución autónoma para la promoción y defensa de los derechos humanos, heredera del modelo español y, como tal, pariente cercano de los  defensores iberoamericanos.  
Por todo ello, la comunidad internacional de Ombudsman ya no considera disonantes ni ajenos los desafíos garantísticos que los Defensores del Pueblo, Procuradores de los Derechos Humanos o figuras con denominaciones equivalentes, han asumido actualmente como propios.

Una prueba fehaciente de la importancia que tiene la figura del Ombudsman en la actualidad lo constituye el pronunciamiento de la UNESCO, quien ha reconocido en los Ombudsman a las figuras principales del respeto a los derechos y obligaciones de los seres humanos y agentes multiplicadores de la cultura de paz que permiten superar, por su medio, los estados de marginación e injusticia que atentan contra la dignidad de los seres humanos.

Podríamos preguntarnos válidamente si el Ombudsman, en sus más recientes versiones está preparado para contribuir a forjar una cultura de paz y superar esas situaciones de marginación que condenan a una vida miserable a cientos de miles de personas. ¿No será éste un objetivo demasiado pretencioso para instituciones tan jóvenes que actúan en sociedades donde se advierten profundas y crecientes situaciones de marginación, resabios de autoritarismo y donde las políticas sociales aparecen postergadas frente a las políticas económicas?

Con total convicción estoy persuadido que el Ombudsman actual es una instancia absolutamente necesaria para contribuir a forjar esa cultura de paz. El Procurador del Ciudadano, el Proveedor de Justicia, el Comisionado para la protección de los derechos civiles, no importa cómo lo denomine la legalidad de cada ordenamiento, es un agente de paz. La defensa continua de los derechos del ciudadano más humilde, del que tiene voto, pero que a menudo comprueba que su voz no es escuchada; sus diligencias para que los derechos fundamentales sean más que un mero documento, para que sean algo más que un simple preciosismo del discurso político, convierten al Ombudsman en un funcionario que puede contribuir activamente a un clima de paz.

La paz sólo se puede asegurar cuando el ser humano tiene libertad con dignidad, no con hambre o con miseria.

En la dignidad se apoya toda la doctrina de los derechos humanos. Y aquí viene uno de los primeros desafíos para el Ombudsman que no puede atender una categoría de derechos y dejar de lado otra. El sociólogo Fernando Calderón plantea que, a pesar de que existen estatutos diversos en cuanto a su carácter y exigibilidad, ambos grupos de derechos forman parte de una visión sustantiva sobre los derechos fundamentales de la persona  de manera tal que de no realizarse avances en los derechos económicos, sociales y culturales, los mismos derechos civiles y políticos, tan difícilmente alcanzados, tienden a perder todo sentido.

Basta recordar de las quejas recibidas en las Oficinas de Ombudsman que, la falta de pago de pensiones puede derivar en la vulneración de los derechos de las personas de la tercera edad; que la falta de recursos para la educación puede significar que, en los hechos, amplios sectores de la juventud carezcan de oportunidades y por lo tanto se vean privadas de ejercer plenamente su ciudadanía, que la mala atención en salud puede afectar un derecho humano tan fundamental como el de la vida. Y así los ejemplos podrían multiplicarse indefinidamente. Quienes hemos ejercido la función de Defensores y no solo ejercido la función sino, además de ello, nos hemos puesto en la situación de los desesperanzados, sabemos cuánta distancia existe entre las normas pulcramente escritas y la dura realidad cotidiana que se empeña afanosamente en convertirlas en catálogos de ilusiones.

Desde esta función se puede advertir la profunda brecha que existe entre las insatisfacciones del pueblo y las prioridades de su clase dirigente. Y lo que lo legitima aún más es que, actuando con autonomía funcional irrenunciable, esa cruda radiografía la efectúa desde el seno del propio Estado, permitiéndole a éste la posibilidad de recrear su relación con la sociedad. No olvidemos que la paz no es sólo la ausencia de guerra sino, además, un compendio de justicia, libertad y solidaridad que suponen la superación de antinomias. Y las sociedades actuales están pobladas de antinomias; por ejemplo: interés público - interés privado; autoridad - libertad; justicia - injusticia; capital - trabajo; egoísmo - solidaridad; macroeconomías – microeconomías; inclusión – exclusión; tolerancia – intolerancia, sobre las que opera la institución del Ombudsman.

El Ombudsman en su versión actual  está afirmando su trascendencia a  partir de que consolidó su condición de interlocutor privilegiado entre el pueblo y sus necesidades y el poder en cualquiera de sus expresiones; desde esa posición se erige en un mediador calificado, no para buscar responsables, sí para articular soluciones a los problemas que generan las antinomias; es también un signo de identidad democrática; un instrumento de participación ciudadana; un medio de legitimación cotidiana de las instituciones estatales; una forma de recrear la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales; un instrumento ágil, diferente, informal e inmediato para defender los derechos humanos; en suma, es un medio de sensibilización del poder público acerca de las reales insatisfacciones de una sociedad.

En la base de todas las situaciones de marginación subyace la discriminación. La Conferencia Mundial de Durban, en 2001 prohíbe las discriminaciones que sufren las victimas del antisemitismo, la islamofobia, el racismo, la intolerancia y la discriminación que afectan a los pueblos indígenas, romaníes, gitanos, nómades, afrodescendendientes, asia descendientes, islamistas, judíos, así como cualquier otra minoría.

La discriminación supone la denegación por el respeto de la dignidad humana, de tolerancia y de diversidad.  Tanto ella como otras violaciones a los derechos fundamentales no se van a cambiar con discursos y normas sino que requieren la modificación de comportamientos y modos de pensar que son predominantes en las sociedades actuales. En esa tarea, la labor del Ombudsman resulta muy trascendente ya que puede, con su prédica, sus observaciones, su influencia moral, convertir a la opinión pública en una autentica sombra ética del poder.

Los colectivos indígenas y tribales, las minorías raciales, los pensionistas, los prisioneros, los refugiados, y la población rural como principales colectivos objeto de discriminación. En este sentido, el Defensor del Pueblo debe tratar de llegar especialmente a sociedades multiétnicas y multilinguales que aparecen, en principio, condenadas a la marginación.

Con relación a los inmigrantes debe insistir en la protección de ese grupo vulnerable tanto en el país de origen como en el país receptor.

El tema migratorio ha sido objeto de preocupaciones de las Defensorías desde tres perspectivas diferenciadas: 1) la del desplazamiento forzado, a raíz de los conflictos armados, y eventualmente, desastres naturales en países como Colombia; 2) el traslado de los connacionales al exterior que caracteriza a una situación que cada vez convoca mayor atención en Ecuador; y 3) la migración económica hacia los países del cono sur del continente de bolivianos y peruanos que dio lugar a la constitución de una Red Defensorial de Protección a los Migrantes, fundada en la ciudad de Córdoba (Argentina) en 1998, en la que participan las Defensorías de Bolivia, Perú, Argentina.

Junto a ellos, colaborando estrechamente con su elevada función, han surgido recientemente otras instituciones llamadas Observatorios, concebidos como nuevas instituciones públicas o de la sociedad civil.  La creación de observatorios constituye un fenómeno relativamente reciente que testimonia la creciente toma de conciencia  acerca de la necesidad de realizar de una manera permanente y sistemática la evaluación de una situación o de un fenómeno dado.
Son organismos auxiliares, que deben facilitar una mejor información a la opinión pública y propiciar la toma de acciones concretas por parte de las autoridades responsables.

El anclaje definitivo del Defensor del Pueblo en el ámbito constitucional y en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos logrado a partir de la Constitución Española de 1978, ubica a cada una de las instituciones defensoriales de la América de habla hispana en el marco del sistema regional interamericano de los derechos humanos.  Efectivamente, así como los Defensores de España y Portugal en el cumplimiento de sus funciones hacen referencia al instrumento vinculante europeo de derechos humanos (La Convención Europea) y deben tener relación con el máximo órgano de protección (la Corte Europea de Derechos Humanos) y el propio Defensor del Pueblo Europeo, sus pares en este lado del océano se encuentran obligados a promover la difusión y el cumplimiento de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como “Pacto de San José”) y los demás instrumentos de carácter especializado que se vinculan a ambos en el Sistema Interamericano.

La región vive un período de florecimiento de la institución del Ombudsman en el que las Constituciones que lo consagran y legislaciones que le ponen en práctica vienen añadiendo al mandato de derechos humanos otros asuntos de trascendencia colectiva.  Dentro de éstos se incluye la defensa de los derechos de incidencia colectiva, los intereses difusos, la acción pública, los derechos colectivos y la propia canalización de las demandas populares, junto con la urgencia de propiciar nuevas modalidades de solución de conflictos políticos y sociales.  Esa misma tendencia de consagrar un mandato más abarcativo se desarrolla acompañada de un papel de mediación en los conflictos sociales que a menudo los Defensores iberoamericanos ejercen, en algunos casos de jure, y en otros como resultado de la visibilidad y legitimidad que ha adquirido la institución en el ámbito político y social de la transición de los países de la región. Esta constatación ubica a los Ombudsman de Iberoamérica en una posición más cercana al desempeño que cumplen los Ombudsman de Europa Central y del Este, creados a partir de la caída del Muro de Berlín.

Como los Ombudsman o Defensores del Pueblo se relacionan con la patología de la sociedad, con aquellos que no gozan de las ventajas del poder político o del poder económico, están en condiciones de mostrar una radiografía de las insatisfacciones de una sociedad.

Así, por ejemplo, no podemos ocultar que la extinción del Estado de Bienestar, no trajo aparejada el nacimiento de una sociedad de bienestar. Esto ratifica el silenciamiento de los valores de la escala axiológica, para su reemplazo por otros de la escala económica; la eficiencia reemplaza a la justicia; el afán de lucro a la equidad; el crecimiento económico a la solidaridad. Como si fueran valores opuestos, incompatibles y no complementarios, como lo son eficiencia con justicia, lucro con equidad, crecimiento con solidaridad.

El Defensor del Pueblo, como institución estatal benéfica, supera el control egoísta y avanza hacia el control social donde la opinión pública se convierte en sombra ética del poder. Contribuye así a afianzar el sentido de la responsabilidad, como sinónimo de respuesta en el ejercicio de la función pública enriqueciendo, al mismo tiempo, a la política.

Personalmente siempre he sostenido que su perfil más adecuado es el de un colaborador crítico de la autoridad, no su contradictor efectista; su objetivo no es socavar al poder sino alertar a los Gobernantes acerca de las cotidianas insatisfacciones del cuerpo social; a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, debe agotar sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano.

El Ombudsman, o como se lo llame, no es la panacea, un Rey Midas o un salvador de la Patria. Pero eso sí, es una institución con un profundo contenido solidario, íntimamente comprometida con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social y con la paz.

Como ya adelantara el proceso de supervisión del Ombudsman continúa su actualización, adaptándose a las crecientes necesidades y exigencias sociales de cada Estado. En ese sentido, las legislaciones más recientes han dotado al Ombudsman latinoamericano de  una amplia legitimación procesal para accionar en defensa de los derechos vulnerables. Tal el caso de la Constitución Argentina de 1994 que le ha otorgado al Defensor del Pueblo legitimación procesal para demandar, ante la justicia, a quien violare, menoscabare o vulnerare, derechos de incidencia colectiva, es decir, derechos de los cuales sea titular la sociedad o un colectivo de personas. Durante mi gestión como Defensor del Pueblo de mi país, tuve el triste privilegio de constituirme en el Primer Ombudsman del mundo que demandó a su propio Estado ante un organismo Internacional. Se trató de una demanda articulada contra la Corte Suprema de Justicia por denegación de Justicia ante la demora recurrente en que incurrió para resolver más de 65.000 expedientes jubilatorios.

La contribución más auténtica que puede realizar esta Institución en el mundo globalizado de nuestros días es proteger y defender los derechos humanos de los grupos vulnerables frente a los abusos del poder. Sin complacencia, con rebeldía innovadora y con un profundo compromiso con una visión superadora de la sociedad, los Ombudsman deben procurar que el poder en cualquiera de sus manifestaciones, sea realmente solidario con los derechos del pueblo promoviendo que el orden jurídico interno sea consecuente con la equidad y justicia social sin las cuales no puede existir una sociedad que dignifique al ser humano.

Por todo ello, los desafíos del Ombudsman de nuestros días se encaminan hacia la protección de los derechos humanos basados en su cualidad esencial cual es la universalidad, es decir, que ellos pertenecen a todos los habitantes del planeta, sin consideración de jurisdicciones, por el solo hecho de ser humanos.

Valga como ejemplo lo acontecido en Guatemala donde hace pocos meses el Procurador de los Derechos Humanos  denunció que la situación de los guatemaltecos es seria en Estados Unidos y la falta acompañamiento del gobierno los ha hecho vulnerables y víctimas de atropellos y violaciones a derechos humanos.

En ese país centroamericano se ha estimado que las remesas que los trabajadores migrantes envían a sus familias desde el extranjero, cercanas a los 2.100 millones de dólares, representan el principal ingreso de divisas para Guatemala, desplazando a sectores que históricamente han ocupado esa posición como la agricultura.


5.- COMO PUEDEN CONTRIBUIR LOS OMBUDSMEN A SUPERAR LAS SITUACIONES DE INEQUIDAD

Los Ombudsmen deben luchar por todos los medios para que la globalización sea inclusiva y no excluyente, limitante, gregaria. A esos efectos, tanto desde la persuasión como un reflejo de su poder moral, incidiendo en la rectificación de las políticas públicas como llegando a la denuncia judicial nacional e internacional pueden hacer oír su voz ante las instancias locales e internacionales. Recordemos que el Ombudsman no vence, sino convence; no decide sino incide; desde su incidencia puede colaborar con los Gobiernos aportando las correcciones necesarias a fin de que las autoridades responsables superen los Estados que marginan a sus ciudadanos.

Existen asimismo, en el marco del Sistema Interamericano, los órganos de protección con los que necesariamente se relacionan los Defensores, a saber: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D. C, que recibe las denuncias y lleva a cabo las investigaciones por violaciones a la Declaración Americana, al Pacto de San José de Costa Rica, o al Protocolo de San Salvador, actuando  en rigor como un Ombudsman colegiado para los derechos humanos dentro del mencionado sistema; y la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, que es el órgano jurisdiccional de protección.  Los Defensores pueden denunciar a los Estados ante la Comisión,  aunque con mayor frecuencia participan en apoyo de denuncias formuladas por otros a través de opiniones técnicas dirigidas a la Comisión (conocidas como amicus curiae o amicus briefs).
Puede ocurrir, asimismo, que la Comisión delegue a un Defensor, o a una persona que trabaje en la institución del Ombudsman, para que se desempeñe como agente o experto en ley nacional encargado de ilustrar el criterio de la instancia jurisdiccional con conocimiento de causa y especialización comprobada,  en aquellos casos que se ventilan en la Corte Interamericana.  Allí es donde la Comisión Interamericana recurre para demandar a los Estados que resultan responsables de violación de derechos humanos, ocasión en la que ésta transforma su naturaleza de Ombudsman en  fiscal.  En el Sistema Interamericano, a diferencia de la Corte Europea,  la única forma de acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es a través de la Comisión Interamericana.

Una cuestión íntimamente vinculada a estas acciones que puede llevar a cabo el moderno Ombudsman y que, a mi juicio, adquiere singular trascendencia, radica en el perfil con que debe ejercerlas. En ese sentido, quisiera compartir con ustedes, en esta privilegiada ocasión, algunas de mis experiencias y reflexiones sobre este tema. Cuando me tocó a mí fundar la Institución en mi país apliqué las enseñanzas de mis maestros y en ocasión de presentar el Primer Informe Anual al Congreso Argentino, expresé que esa figura debía apoyarse sobre los siguientes principios esenciales:

1) no debe ser un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; 2) no debe ser una figura cosmética o estética sino, por el contrario una figura seria y objetiva; 3) debe caracterizarse por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia o connivencia con el poder; 4) no puede arrogarse la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos tradicionales de control: sólo en términos de complementariedad se justifica el Defensor del Pueblo; 5) su perfil adecuado ha de ser el colaborador crítico de la Administración, no su contradictor efectista; 6) a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agotará sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano; 7) debe ayudar a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma o efecto de causas, seguramente más profundas, las cuales debe ayudar a superar ilustrando a las autoridades para la búsqueda de soluciones; su función es encontrar soluciones, no buscar responsables; debe actuar sobre el presente para mejorarlo proyectando así un futuro más digno; no es su función revolcarse en el pasado; 8) es un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres.…”. La experiencia del ejercicio del cargo me enseño al año siguiente que debía agregar otra nota peculiar; así, expresé que “el Defensor del Pueblo debe ser un innovador que no puede adoptar una actitud conformista ante la patología que llega a su conocimiento…”

En el Informe Anual de 1998 fui precisando aún más esas notas funcionales. Señalé en esa ocasión “…el Defensor del Pueblo no puede adoptar una actitud conformista ante la patología que llega a su conocimiento. Debe estar comprometido con una visión más justa de la sociedad que permita la dignificación del ser humano y actuar sobre los factores que distorsionan los valores de una comunidad. Debe ser un innovador, casi un rebelde con causa … es una Institución que debe actuar con objetividad, pero con parcialidad. Es que quien convive con la injusticia generada por los excesos o abusos del poder no puede permanecer distante ni imparcial ante esa situación ... cumple cabalmente su misión asumiendo una actitud parcial … debe ponerse en los zapatos del quejoso; debe asumir la posición del insatisfecho, del descreído, del desesperanzado, de aquel cuyos derechos humanos han sido desconocidos, por acción u omisión…” .

Obviamente, el Estado debe evaluar permanentemente sus políticas públicas y su forma de relacionarse con la sociedad a fin de responder en mejor forma a los intereses sociales. Los medidores mas apropiados son los que utilizan para evaluar el respeto de los derechos humanos. Y aquí el papel del Defensor del Pueblo resulta fundamental; se advierte, entonces, la confluencia entre esta Institución y las políticas públicas.

Cierto es que la tarea no resulta sencilla; el mismo nombre de la Institución, en sociedades asimétricas, genera demasiadas expectativas que no siempre puede solventar. No es el Salvador de la Patria, ni el Rey Midas; solo es una institución al servicio del pueblo con profundo compromiso social.

El grado de satisfacción que brinde a los reclamos depende, en gran medida, de su prestigio personal, que su palabra sea escuchada por las autoridades erigiendo así a la sociedad en una sombra ética del poder. El Defensor puede ser visualizado como un poder de la sociedad, más que del Estado; como la voz de los que no tienen voz; a través de sus recomendaciones, advertencias y recordatorios de los deberes legales y funcionales actúa como un acicate sobre quienes debieran desempeñarse siempre al servicio de la sociedad.

La labor de todo Defensor del Pueblo lo conduce al conocimiento y valoración acerca del funcionamiento armónico o desarmónico de una sociedad; la visión que se obtiene del entramado social desde esta Institución seguramente difiere de la que se tiene desde los altos estratos del poder. Es que los Defensores se relacionan cotidianamente con la patología de la sociedad, con aquellos que no gozan de las ventajas del poder político o del poder económico; por ello, desde estas Instituciones se puede mostrar una radiografía de las insatisfacciones de una sociedad

No olvidemos que, actuando con plena independencia funcional sin connivencia o complacencia con el poder, se encuentra en la privilegiada posición de asumir, desde el Estado, el rol de mediador entre las necesidades del pueblo y las autoridades que rigen sus destinos; se erige así, en un valioso instrumento de diálogo entre sectores encontrados y un importante medio de sensibilización del poder político.

El Defensor del Pueblo puede, desde el propio Estado, crear los antígenos que eviten la beligerancia social e incentivar, al mismo tiempo, nuevas formas de conciliación y mediación de intereses. Contribuye activamente al creciente clamor de las sociedades modernas que ya no se conforman con la proclamación retórica del derecho a la vida o a la libertad; quieren más y eso implica mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud, mayor protección de los valores comunes, etc.
El aporte más auténtico que puede realizar esta Institución en la conflictiva sociedad en la que nos toca vivir, es proteger y defender cotidianamente los derechos humanos de los grupos vulnerables, ante los abusos del poder. Sin complacencia, con rebeldía innovadora y con un profundo compromiso con una visión superadora de la sociedad, los Defensores del Pueblo deben procurar que el poder - en cualquiera de sus manifestaciones- sea realmente solidario con los derechos del pueblo, promoviendo que el orden jurídico interno sea consecuente con la equidad y justicia social sin las cuales no puede existir una sociedad que dignifique al ser humano.


6.-  CONCLUSION

Grande es la responsabilidad de los titulares de la figura del Ombudsman ya que les corresponde legitimar cotidianamente a esta maravillosa institución de protección y control que, en última instancia, es un canto a la esperanza y a una apuesta a la solidaridad. Tendremos siempre presente que lo que en muchos países, hasta hace pocos años podía ser considerado como una utopía política o un vano empeño de un erudito del derecho, hoy es un referente inexcusable para conocer las dolencias, carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido social de un país.

Antes de concluir mi exposición ante tan calificado auditorio, quiero reivindicar que más allá de los nombres con que se denominan estas instituciones, más allá de su origen constitucional o, legal y de las modalidades singulares que ofrecen, todos los que ejercimos la función de Ombudsman nos vemos unidos por aquel apasionado salmo del libro de Deuteronomio del Antiguo Testamento que dice: “Justicia, justicia, perseguirás”.

Dr. Jorge Luis Maiorano