Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

Rusia

"La reforma constitucional como un medio de fortalecer la democracia", pronunciada en el Seminario Internacional "Derecho, Política, Economía y Medios de Comunicación", organizado por la Escuela de Estudios Políticos de Moscú, Golitsyno, 21 de mayo de 2001.

La reforma constitucional como un camino para la movilización o fortalecimiento de la democracia

Conferencia pronunciada el 21 de mayo de 2001, en el Seminario Internacional "Derecho, Política, Economía y Medios de Comunicación",  organizado por la Escuela de Estudios Políticos de Moscú, en Golitsyno, Rusia.

Dr. Jorge Luis Maiorano
Ex Ministro de Justicia de la Nación
Defensor del Pueblo de la Nación (mandato cumplido)
Ex presidente del Instituto Internacional del Ombudsman

PALABRAS PRELIMINARES

Hace apenas diez días se celebró en Madrid un importante seminario Internacional, con motivo del 25° aniversario del prestigioso diario español El País. El tema que concitó la atención y concurrencia de destacados políticos, intelectuales y periodistas del mundo entero fue “La Democracia en el Nuevo Milenio”. Sucesivamente fueron tratados los temas más importantes del siglo que acaba de empezar: La profundización de la democracia; La transición democrática en México; Europa unida y libre; Democracia y nueva agenda latinoamericana; Nuevos medios y democracia y Los retos futuros de la democracia.

Aquí y ahora, convocados por la férrea voluntad y lucidez de Elena Nemirovskaya, Directora y Fundadora de la Escuela de Estudios Políticos de Moscú, nos encontramos para debatir, prácticamente, sobre los mismos tópicos lo cual demuestra que no se trata de una inquietud simplemente académica, sino de una reflexión exigida por la sociedad de manera creciente.

Reservo para la intervención coloquial algunas de las conclusiones a las que se arribó en el citado evento y desde ya, sugiero que confrontemos las conclusiones de ambos eventos

Se me ha asignado en esta ocasión un tema por demás atrayente: “La reforma Constitucional como una vía para el fortalecimiento de la democracia”.

Analizaré, sucesivamente, la importancia de las normas constitucionales; la democracia de nuestros días; la reforma constitucional y la democracia; la reforma constitucional en la Argentina para arribar finalmente a algunas conclusiones.

1. IMPORTANCIA DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

La importancia de las reglas constitucionales en el desarrollo de nuestras vidas cotidianas es un hecho que, posiblemente, no sea advertido por muchos ciudadanos. Sin embargo, desde el primero y hasta el último momento de nuestras actividades diarias, nos movemos dentro de un marco jurídico establecido mediante normas de jerarquía constitucional.

Para dar algunos ejemplos: habitamos viviendas propias. O alquiladas recurriendo a la libertad de contratar; nos trasladamos a nuestras ocupaciones o compromisos ejerciendo la libertad de locomoción; una vez llegados a nuestros destinos, empleamos la libertad de comercio e industria, la de trabajo, las de enseñar o aprender, la de reunirnos transitoria o permanentemente con otros mediante las libertades de reunión o asociación; la de expresar por cualquier medio nuestras opiniones y puntos de vista así como recibir información recurriendo a los diferentes medios de comunicación social amparados en la libertad de expresión; cuando trabajamos en relación de dependencia tenemos derecho a recibir una justa retribución, a gozar de descansos diarios y de vacaciones, a constituir asociaciones sindicales, etc.

Nuestras vidas, pues, se desenvuelven dentro de un determinado marco jurídico provisto por una base ideológica.

Si el  Derecho es el lenguaje del poder y la iniciativa del político puede alcanzar la creatividad del poeta, la Constitución es, nada más ni nada menos, que algo tan elemental y necesario al buen poeta como la gramática.

La Constitución es un delicado y sutil entramado de puntos de encuentro en difícil equilibrio y armonía.

Es, por su propia naturaleza, un cuerpo vivo, sí, pero con vocación de longevidad que con el tiempo se enraíza, se dignifica y ennoblece y que con el buen uso se fortalece, se acrisola y mejora su eficacia.

La sociedad no existe sin diálogo, que origina consensos y disensos. El primer consenso es el de la admisión de normas que regulen y garanticen la convivencia. En otras palabras, el referido a la necesidad del Estado. La convivencia reclama actitudes cooperativas sobre  las conflictivas, también presentes en la sociedad como expresión de divergencias que si no se sintetizan, amortiguan, adecuan o toleran, sólo podrán ser superadas a través de la sumisión o eliminación del opositor.

Estos disensos y consensos surgen permanentemente en el permanente proceso de afirmación y perfeccionamiento de la democracia, íntimamente vinculado a la necesidad del hombre de luchar por obtener lo que sabe que le falta para ser respetado en su dignidad.

En general, hay un consenso básico acerca de la necesidad del Estado pero la pregunta que se impone es ¿consenso acerca de qué tipo de Estado?

Si bien ha muerto el Estado de Bienestar o Welfare State de mediados del siglo pasado, hay que estar atentos ante el nacimiento de una sociedad de malestar, una sociedad indefensa ante el poder económico. Las reformas constitucionales, al mismo tiempo que establezcan las condiciones para la seguridad jurídica de los inversores, deben garantizar la seguridad jurídica de quienes constituyen el substractum de su sociedad.

La Constitución ha de reunir determinadas condiciones necesarias para tener autentica legitimidad: ha de ser aceptable por todos; debe garantizar los derechos individuales, como límite al poder del Estado y frente a la imposición de adhesiones localistas; ha de ser suficientemente rígida para garantizar una estabilidad razonable y suficientemente flexible como para permitir que ella pueda responder a las cambiantes demandas sociales; debe asegurar el pleno sometimiento del ordenamiento y de su aplicación a la norma suprema, bajo el control de un Tribunal, y, finalmente, tiene que proteger los derechos y libertades individuales, sociales y colectivas.

En general toda Constitución se propone las siguientes funciones:

  • Una función legitimadora no sólo en el orden interno sino también en el orden internacional;
  • Una función organizativa en cuanto determina la forma de Estado, de Gobierno, de régimen político, los órganos estatales, sus funciones y competencias, los modos de acceso al poder, su ejercicio y transmisión;
  • Una función jurídica determinando los procedimientos y órganos para la legislación, la jerarquía de las normas y el ajuste de las mismas a la Ley Fundamental;
  • Una función garantizadora en cuanto señala los principios, derechos y garantías reconocidos como esenciales;
  • Una función ideológica en cuanto traduce un ideario determinado que determina las aptitudes y comportamientos de los hombres en orden a los objetivos deseados del desarrollo de la sociedad, del grupo social y del individuo;
  • Una función transformadora que permita transitar del Estado de Derecho al Estado de Justicia que debe ser un Estado dinámicamente emergente, progresivo, sensible a las crecientes necesidades materiales y morales de los ciudadanos y que se valga de las funciones propias del Estado de Derecho tradicional para el gradual logro de la justicia social.

2. LA DEMOCRACIA DE NUESTROS DIAS

La democracia logró que el hombre dejara de ser súbdito y se convirtiera en ciudadano, pero no ha logrado, sino en pocos casos, concretarse en el hombre de carne y hueso, auténticamente liberado de cualquier opresión.

Hace tiempo que en Italia Mauro Capelletti afirma que ya no basta con el voto para legitimar la democracia sino que es necesario, además, que se respete el Estado de Derecho porque la aplicación racional de las leyes es un dato que es percibido por la gente. Porque legitimar significa gobernar de acuerdo con lo que espera, con lo que consiente la gente. Y la gente consiente, en nuestro tiempo, en que no sirven la arbitrariedad o la discrecionalidad en el ejercicio del poder.

Hay un dato particularmente revelador: la democracia actual está produciendo insatisfacción. Por ejemplo: la gente vota con la sensación de que no se le ha ofrecido otra manera de manifestar sus preferencias políticas. Se denuncia de manera generalizada que los partidos gestionan excesivamente el acto electoral, marginando al ciudadano, el cual se limita a elegir lo que le imponen desde arriba de forma imperativa; también los Gobiernos aparecen demasiado distanciados de los ciudadanos, de sus sentimientos y aspiraciones. Ello provoca un divorcio entre lo que son las prioridades de las autoridades y las necesidades de la gente. Es que existe ese contraste entre lo que algunos llaman “clase política” y los ciudadanos comunes. Otro dato de la realidad. Los Gobiernos, no obstante las proclamaciones constitucionales asegurando que están supervisados, vigilados, fiscalizados o controlados por las Cámaras representativas, se ubican prácticamente fuera de esa supervisión y control.

Cabe recordar que no hay, en esta materia, conceptos absolutos. Si bien, en principio, donde existe división de poderes y sujeción del Estado al derecho, hay democracia, no podemos afirmar que hay un solo modelo de democracia.

La democracia de EEUU no es la misma que la de los países latinoamericanos; tampoco la Suiza en relación con la paraguaya o haitiana.

Para que exista democracia es condición indispensable que existan demócratas y ¿qué  es un demócrata? Un demócrata es por definición y afición, un hombre tolerante, un hombre que cree en los derechos de los demás y que rechaza los regímenes basados en la fuerza. El demócrata, es aquel que cree en un Estado irreconciliable con el Leviatán de Hobbes. Y ese Estado regido por la Ley y no por el miedo, donde se protegen las libertades y los derechos es el Estado de Derecho que hoy tiende a la búsqueda de un Estado de Justicia.

La democracia debe ir acompañada por el desarrollo económico. El capitalismo crea riqueza pero no se puede depender de él para garantizar la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Las empresas están motivadas por el beneficio, no tienen por objetivo salvaguardar los principios universales. Hasta la protección del mercado requiere mucho más que el beneficio propio: los participantes en el mercado compiten para ganar, y si pudieran eliminarían a la competencia. Por consiguiente la libertad, la democracia y el estado de Derecho no pueden quedar  al cuidado de las fuerzas del mercado:  se necesitan garantías institucionales.  No se puede separar la economía de la política. Amaratya Sen, galardonado con el premio Nóbel razona de manera convincente que el desarrollo se debería definir basándose en el grado de libertad, no en el producto nacional bruto.

Por eso los pueblos buscan vivir en democracias reales, más que formales; en democracias que solucionen los problemas de la gente, que no se aíslen de la sociedad; quieren vivir en democracias organizadas con reglas actualizadas que encajen perfectamente en la realidad social, cultural, económica y política de estos años.

La cuestión radicará entonces en buscar fórmulas para fortalecer la democracia y una de esas formas, tal vez no la exclusiva, pero sí fundamental,  reposa en las reformas constitucionales.

3. LA REFORMA CONSTITUCIONAL Y LA DEMOCRACIA

El artículo 28 de la Declaración de Derechos de la Constitución Francesa de 1793 decía “Una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras”.

Uno de los más destacados juristas de mi país, Juan Bautista Alberdi, en una obra titulada “Las Bases” sostuvo a mediados del siglo XIX que “estas son las necesidades de hoy, y las Constituciones no deben expresar las de ayer ni las de mañana, sino las del día presente. No se ha de aspirar a que las Constituciones expresen las necesidades de todos los tiempos. Como los andamios de que se vale el arquitecto para construir los edificios, ellas deben servirnos en la obra interminable de nuestro edificio político, para colocarlas hoy de un modo y mañana de otro, según las necesidades de la construcción”.

La Constitución no es un tabú que para seguir siendo eficaz, necesita adaptarse a la evolución de la sociedad; debe adaptarse a ella como la piel y no oprimirla como un aparato ortopédico.

Toda Constitución, como ocurre con todo en la Historia, es un ente complejo y de naturaleza dinámica. Tiene su lugar y su tiempo, en los que nace y se desarrolla; responde a unas determinadas tensiones sociales a las que intenta dar cauce; se mueve en un entorno de factores religiosos, exteriores, culturales que, a su vez, son cambiantes.

El Estado, que es la encarnación jurídica de la Comunidad, no puede quedar inerme y marginado ante los cambios que la evolución social, económica y tecnológica han producido. Si así sucediera pudiese llegar a producirse una separación entre el País real y el País Legal con su obvia secuela negativa para la sociedad.

Analicemos sucintamente algunos de esos cambios: se ha creado un nuevo orden internacional, por la denominada globalización de la economía; la política se ha ido vaciando de contenido; los problemas de la sociedad mediática sumergen al individuo en un mar de perplejidades, incertidumbres y escapismos; el sistema de la representación, sobre el que se asienta el pesado edificio de la democracia clásica, pierde  sentido porque en definitiva ni el representado ni el representante saben qué es lo que quieren y en ocasiones ignoran qué es lo que se discute; la técnica suplanta a la política y la tecnocracia a la democracia; desaparece así el sentido moral y avanza la inconducta; la relegitimación comienza a buscarse en el camino del elitismo; cada vez importa menos la gente; la economía todo lo domina y se subordina a ella.

Si comparamos el fin de siglo que nos tuvo como protagonistas con relación a aquel otro que aprendimos o nos contaron advertiremos sus diferencias; cuando el siglo XIX daba paso al siglo XX el problema principal era la explotación del hombre por el hombre; en cambio, en este último cambio del siglo XX al XXI la principal preocupación radica en la exclusión de grandes sectores sociales a favor de otros plenamente favorecidos por una profunda revolución tecnológica que, a diferencia de las anteriores, no está siendo acompañada por la política. A nadie resulta extraño que la pobreza y la exclusión social, lamentablemente, se hayan generalizado de una manera cruel.

En momentos en que se plantea cuál es el papel del Estado, tengamos cuidado de no quedarnos con un Estado de papel, un Estado inerme e indefenso. No olvidemos que si antes estaba el Dios Estado, hoy, por obra de la globalización, hemos pasado al Dios mercado. Toda sociedad necesita de la solidaridad; el problema radica en que el Mercado nunca va a generar esa solidaridad; sólo el estado brindará solidaridad a una sociedad.

Cuando se encara una reforma constitucional seguramente el país que la protagoniza está altamente disconforme con su propia historia institucional. En todas las latitudes, el statu quo tiende a perpetuarse, a menos que existan suficientes voluntades como para pasar de los cauces de la política cotidiana a la política constitucional. En general, esa disconformidad que enciende el proceso de reforma constitucional se manifiesta respecto de tres dimensiones diversas: la legitimidad, el control y la gobernabilidad.

En la dimensión de la legitimidad, las fuentes del descontento provienen de la íntima convicción de que el funcionamiento del sistema institucional está lejos de poder justificarse a la luz de las teorías democráticas que uno considera más apropiadas. En segundo lugar, la disconformidad en materia constitucional puede provenir de la inexistencia de controles adecuados. En tercer lugar, las fuentes del descontento necesarias para motorizar un proceso de reforma constitucional pueden provenir de la ingobernabilidad
del país de que se trate.

4.   LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ARGENTINA

La Constitución Argentina, hasta 1994, era una de las tres más antiguas del mundo; contaba, en ese entonces, con casi un siglo y medio de vida. Las reformas que se habían introducido en 1860 y 1957 solo habían logrado una acotada actualización a los criterios más modernos. Obviamente, la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales permitieron, con sus pronunciamientos, una acomodación relativa a las nuevas circunstancias y a los cambios producidos en ese siglo y medio.

Las reformas introducidas a la Constitución histórica de 1853 pueden clasificarse, a los efectos metodológicos, de la siguiente forma: 1.Reformas del sistema político sobre la forma de Gobierno; 2. Reformas sobre el Congreso Nacional; 3. La reforma en el Poder Ejecutivo; 4. La reforma en el Poder Judicial; 5. La incorporación de nuevos órganos de control del Poder; 6. La admisión de nuevos derechos y nuevas garantías.

Con relación a la reforma sobre la forma de Gobierno se ha dispuesto la elección directa del Presidente y vicepresidente de la República dejando de lado al colegio electoral que estaba previsto en la Constitución original; en la práctica, esta modificación ha implicado una democratización del poder público. La gobernabilidad del sistema también se ha fortalecido ya que el período del mandato presidencial se ha reducido de seis a cuatro años; al mismo tiempo se ha atenuado al presidencialismo clásico asignándole mayores poderes al Congreso y al Poder Judicial en su función de control de los actos de Gobierno.

Las reformas sobre el Congreso Nacional alcanzan al ejercicio de la potestad legislativa que, como regla general, aparece prohibida al Poder Ejecutivo; a la fecha de iniciación de las sesiones ordinarias; a la composición de la Cámara de Senadores y a la atribución de esas Cámaras respecto de Tratados Internacionales que resultan aprobados por las mismas y que tienen jerarquía normativa superior a la propia Ley.

El Poder Ejecutivo sigue siendo ejercido por un ciudadano con el título de Presidente pero ahora comparte  funciones ejecutivas con el Jefe de Gabinete y con el Gabinete mismo. Se trata de un sistema presidencialista atenuado.

El Poder Judicial ha resultado afirmado en su independencia y fortalecido con la institucionalización del Consejo de la Magistratura, órgano integrado por representantes de la judicatura, de la abogacía, de la política y del ámbito académico con la función de intervenir en la designación de los jueces integrantes del Poder Judicial a través de propuestas. Además de la función antedicha, ejerce la función jurisdiccional interviniendo en el juzgamiento de la conducta de los magistrados.

Se han incorporado tres órganos de control extrapoder; ellos son la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo de la Nación y el Ministerio Público. La Auditoría General l ejerce el control externo en lo patrimonial, económico y financiero del sector público y el control operativo; por su parte, el Defensor del Pueblo de la Nación es una institución independiente que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y cuyas funciones radican en la defensa de los derechos humanos de los habitantes ante actos, hechos u omisiones de la Administración y al control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Ministerio Público, por su parte, es otro órgano independiente cuya función es la de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Tal vez la reforma más importante desde el punto de vista de los ciudadanos, del fortalecimiento cotidiano de las instituciones resida en la inclusión o admisión de nuevos derechos y las correspondientes garantías para defenderlos.

Además de los clásicos derechos individuales, se han institucionalizado los denominados derechos colectivos, tales  como el derecho a la protección del ambiente en estos términos: “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

También los derechos de usuarios y consumidores aparecen tutelados en la reforma comentada: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en las relaciones de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno..”.

Es que de acuerdo a la nueva Constitución Argentina no ya solo el individuo tiene derechos sino la sociedad también puesto que se trata de valores o intereses que exceden el ámbito individual y comprometen aspectos de carácter colectivo.

Se han ampliado los derechos políticos al incorporar la posibilidad de que la sociedad deje de tener una actitud pasiva y expectante y pase a tener una posición más activa y comprometida; ello se logra a través de los derechos de iniciativa y consulta popular mediante los cuales se activan mecanismos o procedimientos de democracia participativa.

Las garantías previstas para proteger esos derechos son el amparo individual, el amparo colectivo, el hábeas corpus y el hábeas data.

Sin perjuicio de las numerosas clasificaciones y criterios que se han esbozado para distinguir en categorías a los derechos humanos, a los efectos metodológicos y expositivos adoptaré la clásica división tripartita de derechos individuales; derechos económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad, cada uno de ellos representando una distinta generación.

Los derechos humanos tradicionales (vida, libertad, dignidad) reconocen ciertas libertades fundamentales que tenemos los individuos por la sola condición de tales. En estos casos, no se trata del otorgamiento de algún derecho por parte del Estado ni de facultad alguna que necesite ser actuada por él. Su garantía radica en los límites impuestos al poder de las autoridades para infringirlos, invocando razones de interés público. Son los llamados derechos civiles, individuales o fundamentales, propios del primer tramo de este azaroso camino.

En una segunda fase surgen los llamados “derechos económicos, sociales y culturales” cuyo reconocimiento depende, en alguna medida, de cierto tipo de acciones gubernamentales. Estos derechos sociales fundamentales brindan las bases para que los individuos puedan estar expuestos a la acción estatal sólo en cuanto que ello no afecte su desenvolvimiento como individuos y como miembros de la sociedad. Es el caso de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación. Ellos fueron incorporados en forma expresa y puntual a diversos textos constitucionales del primer tercio del siglo XX, luego de una dilatada y agitada gestación, donde no faltaron profundas conmociones sociales y políticas.

Por último, aparecen los derechos de la tercera generación, o derechos de la solidaridad, es decir, aquellos que superan tanto el egoísmo y exclusividad de los individuales como el interés sectorial de los sociales y que se fundamentan en su incidencia colectiva; por ej. el derecho a un medio ambiente equilibrado, a la protección de los valores culturales o históricos de una comunidad. Aquí se trasciende aquella regla tradicional que rezaba “lo que es de todos, no interesa a ninguno”; hoy, lo que es de todos, interesa a todos y a cada uno como parte integrante del conjunto.

Es, hasta ahora, el último estadio de este proceso en el cual se ha transitado de lo individual a lo social y de lo social a lo comunitario o, en otros términos, del egoísmo, al sector y de éste, a lo social imbuido de solidaridad.

Aquel Estado de Derecho de naturaleza liberal, ha ido incorporando la dimensión social que en un principio no tenía, como consecuencia de las sucesivas conquistas populares.

5. CONCLUSIONES

Si nosotros queremos crear una nueva comunidad, es al hombre a quien debemos recrear. Los diseños del desarrollo se han establecido en función del crecimiento económico y de la creación de riqueza material, asimétricamente distribuida. El triunfo de la democracia -que significa gobierno por todos, por el pueblo- consistirá en dar a todos las mismas oportunidades, consistirá en desmontar la estructura bipolar que acumula progresivamente riqueza en un extremo y pobreza en el otro. No hay paz duradera sin desarrollo. No hay desarrollo sin paz. No hay democracia estable sin paz y desarrollo.

No olvidemos que no es democrático el sistema meramente declamador de derechos; sí lo es aquel que tiene encarnadura axiológica y realización fáctica, brindando espacios solidarios útiles para los grupos sociales más débiles o vulnerables.

Cuando publiqué en el año 1987 mi primera obra sobre el Ombudsman sostuve que “El futuro no debe ser una prórroga de nuestro presente. Para que no lo sea debemos ponerle condiciones. Orientarlo hacia los rumbos que nos fijemos. Eso exige esfuerzo de anticipación. Experiencias ajenas servirán de ayuda. Aquello que es futuro (eventual) para nosotros, es presente para otros. En eso, al fin de cuentas, consiste el subdesarrollo: en ir detrás, en ignorar lo que otros ya saben y uno sabrá después, en carecer de lo que otros tienen y uno podrá tener más tarde. Al indagar en otros presentes, hallaremos claves que nos faltan. Descifraremos los retos que esperan... ”

Y uno de los retos  que nos esperan es precisamente bregar permanente por un Estado de Justicia que supere el esquema clásico del Estado de Derecho; éste será el piso desde el cual partamos; aquél será el techo que debemos alcanzar.
Y no olvidemos que mientras Shakespeare sostuvo que “el pasado es solo un prólogo”, Cicerón enseñó que “el pasado no tiene remedio, el futuro, sí”.
Esto nos debe alentar a la búsqueda permanente de una sociedad más justa  y solidaria que dignifique al ser humano.

Una de las premisas básicas que debe tener presente toda reforma constitucional es aquella que tienda a promover una economía puesta al servicio del hombre y la justicia social.

Debe establecerse una relación adecuada entre la política económica y la política social, ya que ésta no debe ser un apéndice de  aquella, como parece aconsejar el liberalismo y los organismos auditores de créditos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Deben superarse las profundas asimetrías y las dificultades de coordinación entre ambas políticas.

Establecerse redes sociales interorganizacionales, que superen los conflictos jerárquicos que se plantean  generalmente en los gabinetes ministeriales y en la administración pública, cuando se ejecutan y deciden los programas sociales, donde deben participar no sólo el Estado, en sus distintos niveles, sino también el tercer sector, como se llama el integrado por las ONG, el voluntariado, las empresas, los centros de salud, las comunidades educativas, los sindicatos, los centros vecinales y las comunidades en general.

Para ello debe fortalecerse el Estado- que la política globalizadora y privatizadora ha debilitado- erradicar la corrupción y hacer más transparente el gerenciamiento de las políticas sociales y la articulación de las mismas con las organizaciones sociales que tenga en cuenta los distintos objetivos que se proponen como por ejemplo en materia de educación, salud, empleo, vivienda, etc.