Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

Honduras

"El Ombudsman y los derechos de la tercera edad", pronunciada en el IV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), Tegucigalpa, 28 de setiembre de 1999.

 

El Ombudsman y los Derechos de la Tercera Edad

IV Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman -F.I.O.-

Tegucigalpa, Honduras, 27/29 - 9 - 1999

“El Ombudsman y los Derechos de la Tercera Edad”

Dr. Jorge Luis Maiorano
Defensor del Pueblo de la Nación Argentina
Profesor Titular de Derecho Administrativo (Univ. de Belgrano, del Salvador y Buenos Aires)


1.- PARTE GENERAL.
Para Platón el filósofo es un sabio que dedica su vida a aprender a morir, y la filosofía, entre otras cosas, un largo y arduo aprendizaje que nos enseña a ser viejos y enfrentarnos al momento culminante de nuestras vidas. Por supuesto que este “aprender a morir” está muy lejos de la melancolía.

Por el contrario, significa que sólo al final de la vida se está verdaderamente facultado para sacar buen partido de ella y para abordar la inminencia de la muerte con la debida entereza y decisión, y sin asomo de desánimo. De ahí que para la mentalidad antigua llegar a viejo fuera, más que una compensación seguida del debido respeto social, el reaseguro de un tránsito apacible del mundo de los vivos al reino de los muertos.

La cultura antigua proponía dos formas de existencia a imitar: la de los héroes, que disfrutan de una vida breve y vertiginosa como el destino de Aquiles, y la de los ancianos venerables que aprenden a vivir callados y ocultos, tal como promueve el ideal del hombre estoico. En cierta forma, estas pautas de existencia individual no podían concebirse la una sin la otra, y funcionaban como modelos de vida cuando se lograba determinarlas por contraste entre sí.

Consecuentemente, nuestra tradición cultural ha rendido durante siglos un culto casi religioso a ambos arquetipos, el héroe y el anciano. El primero cifra la heroicidad en el arrojo que permite afrontar los riesgos y vicisitudes de la vida y forja el carácter. El segundo esgrime como la imagen realizada de la experiencia y la serenidad. En suma, para los antiguos sólo merecía la pena morir muy joven o, si no, muy anciano, ya que la vejez, pese a sus inconvenientes, era la edad de la razón en la que sobreviene el definitivo triunfo del espíritu.

Sin embargo, no vivimos hoy en tiempos helenísticos, ni renacentistas, ni siquiera en la vieja sociedad burguesa, que también basculaba entre el ideal del prócer y la cultura del patriarca, sino a días del nuevo milenio en una sociedad que ha conseguido trascender los antiguos valores tradicionales y se inclina peligrosamente por dar a cada problema de la vida una solución exclusivamente técnica.

No es que se deje a un lado al valor de la experiencia o la tradición que antaño se depositaba en el natural conocimiento de los más viejos, sino que hoy sabemos que ningún sabio, por memorioso o agudo que sea, atesora tanta memoria como una computadora.

Nuestro ideal colectivo es maquínico y sabido es que a las máquinas, cuando se hacen viejas, se las retira de circulación, se las desguaza para reciclarlas, o bien simplemente se las envía a los depósitos de chatarra para ser destruidas. Eso mismo hacemos con nuestros “viejos”, de ahí que si bien la técnica ha conseguido extender como nunca antes los límites de la vida útil, ha equilibrado las dietas y poco a poco va desentrañando todos los secretos de nuestros cuerpos, no parece que haya podido hallar una solución satisfactoria para la vida en la vejez.

Las sociedades occidentales enfocan la vida humana en períodos sucesivos, de modo que tras las fases de crecimiento, de madurez y de apogeo, vienen la decadencia, el ocaso y el fin ineluctable e irreversible. Enfrentadas a la prolongación sin precedentes de la esperanza de vida y aumento constante del número de personas de edad, esas sociedades han llegado a enunciar dos postulados: prevención individual y solidaridad de todos hacia los viejos más desamparados.

Prevención individual dado que la vejez no es deseable ni envidiable, hay que tratar de alejar su aparición, a fin de lograr una vida cada vez más larga en un estado de inmutable juventud. Ya nadie tiene derecho a despilfarrar su “capital juventud” sino, por el contrario, su deber es luchar por prevenir los estragos de la edad gracias a una higiene adecuada y el recurso a los múltiples medios de la ciencia: pastillas, cremas, cirugías ... Si bien la medicina preventiva apunta a garantizar un buen estado de salud, lo que persigue la prevención de la vejez es impedir su advenimiento. Su finalidad no es desarrollar las capacidades vitales de las personas sino negar esa edad de la vida porque se la considera degradante.

Esta lucha es un asunto de responsabilidad individual y se traduce en que los perdedores se sienten culpables: aquellos que a causa de una enfermedad, un duelo o un accidente fracasan en su intento de “mantenerse jóvenes de cuerpo y espíritu”. Para ellos, el vuelco es total; entran en la edad avanzada, la “edad de la dependencia”. El criterio aplicable a este tránsito no es social ni cultural, sino biológico: permite hacer un balance de las potencialidades físicas de un individuo independientemente de su edad.

En las sociedades occidentales esa época de la vida pasa a ser aquella en que dominan las imágenes negativas, el período de la soledad, la incapacidad y la inutilidad social.

La receta es entonces que la sociedad se haga cargo: cuando la vejez es sinónimo de pérdidas y de carencias que hay que colmar, es preciso reaccionar mediante acciones específicas. Valiéndose de instrumentos de evaluación, los responsables de la acción social frente a la vejez deciden qué ayudas han de otorgarse y qué medios han de utilizarse: consultas geriátricas, instituciones que brindan servicios médicos.

Esta lógica se desarrolla imperturbablemente y plantea la cuestión del costo de esta dependencia, lo que refuerza la imagen abrumadora de los viejos como carga económica.

Es probable que una sociedad haya hecho tanto por sus viejos, que están así económicamente y socialmente protegidos. Pero la visión que se tiene de ellos sigue siendo profundamente negativa.

La condición del anciano, por mucho que la técnica haya paliado su penuria, no se parece en nada a aquella panacea que predicaban los antiguos estoicos. Llegar a viejo no sólo implica la amenaza de sufrimientos antaño desconocidos, como el mal de Alzheimer, sino que además viene acompañada de flagelos, como la soledad, que no resulta fácil mitigar. Sólo un nuevo estoicismo, una regla de vida que, como antaño, enseñe a envejecer y morir, puede evitarnos que la prolongación técnica de la esperanza de vida nos depare nuevas y dolorosas experiencias.

En la actualidad, las personas viven más años y, por ende, la población está envejeciendo más rápidamente. El envejecimiento de la población es el nuevo desafío de nuestra época.
Con una tasa de mortalidad decreciente y un mejor nivel de sanidad e higiene cada vez hay más personas longevas. Este hecho, sumado a una merma de la fecundidad, modifica la estructura demográfica.


2.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN Y LA TERCERA EDAD.

En un siglo la esperanza de vida ha aumentado tanto como en los cinco mil años precedentes. El espectacular aumento de la longevidad ha hecho que desde 1950 la esperanza de vida mundial haya aumentado 20 años hasta llegar a su nivel actual de 66 años, según los datos de las Naciones Unidas. Desde 1950, la proporción de la población mundial mayor de 60 años ha pasado de 1 persona cada 13 a 1 de cada 10, y en algunos países en desarrollo la longevidad crece más que en ciertos países desarrollados.

La longevidad de la población está aumentando. Actualmente las personas con 80 años o más constituyen el 11% de la población de 60 años o más. Actualmente 1 de cada 10 personas tiene 60 años o más. En el año 2050, 1 de cada 5 personas tendrá 60 años o más, y en el 2150 la proporción será de 1 de cada 3 personas.

En los 75 años que van de 1950 a 2025, la población anciana del mundo (personas de más de 60 años) habrá aumentado de 200 millones a 1.200 millones, es decir, al 14% del total de la población mundial. Entre las personas de edad, las longevas (más de 80 años) habrán pasado de 13 millones en 1950 a 137 millones en el año 2025.
Es posible que en el siglo XXI el alza sea aún más espectacular: la prevención, la eliminación de enfermedades y el control del proceso de envejecimiento empujarán probablemente la esperanza de vida media mundial de 66 a 110 o 120 años.

Los científicos estiman que 120 años corresponde a la “duración natural de la vida” del ser humano, pues muchos individuos han llegado a esa edad avanzada y algunos especialistas hablan de alejar aún más ese límite, si se logra manejar los genes de la longevidad.

Las consecuencias del aumento de la longevidad para las políticas socioeconómicas y la cultura de las sociedades ya está planteando problemas a los gobiernos.

Si bien las nuevas conceptualizaciones en lo social y en lo económico determinan que el Estado de nuestros días no sea el benefactor que conocimos durante décadas, ello no puede implicar, por sí sólo, que se desdibuje su responsabilidad ante los ciudadanos y que ella se transfiera al sector privado y más específicamente, al sector empresario. De esta manera, se corre el riesgo de conformar una sociedad inequitativa, carente de solidaridad, donde se privilegie el individualismo y donde el ser humano resulte postergado por la economía.

Prolongar la existencia tiene un precio: al inclinarse el equilibrio demográfico en favor de las personas de más edad, se somete a dura prueba el orden cultural, político y económico de las sociedades, produciéndose algunos interrogantes difíciles de responder. En una época en que se cuestiona el Estado providencia, ¿quién proporcionará los medios financieros necesarios para mantener a los ancianos? ¿El Estado o el individuo? ¿El envejecimiento de las sociedades concluirá al estancamiento económico? Las personas de edad, ¿van a constituir una minoría políticamente poderosa? En caso afirmativo, ¿cuáles serán sus exigencias?. Al prolongar nuestra presencia en éste planeta, ¿podremos mantener una cierta calidad de vida, o estamos condenados a envejecer sumidos en la enfermedad y la incertidumbre financiera? Culturalmente, ¿el interés actual por los jóvenes se trasladará a los viejos?

El modelo económico de la globalización y todos los modelos económicos, que en última instancia terminan conformando o deformando a una sociedad, deben tener origen, sustento y eje de su vigencia en el Hombre, epicentro de la creación divina.

Por ello, el Defensor del Pueblo es crítico, con el objetivo de colaborar con la autoridad, cuando advierte que la economía prevalece sobre el ser humano y que los derechos humanos -sobre todo los económicos, sociales y culturales- muchas veces se convierten en simples expectativas o catálogos de ilusiones.

Los Defensores del Pueblo no estamos en contra del poder institucional sino a favor de la gente y no pretendemos, con nuestras críticas o impugnaciones judiciales a actos estatales, socavar ese Poder. Muy lejos está eso de nuestros espíritus; aspiramos, en cambio, a ilustrar a quienes tienen la difícil misión de gobernar acerca de cuáles son las insatisfacciones o dolencias más frecuentes que sufren los integrantes de nuestra sociedad.

Por supuesto que es tarea difícil gobernar; por supuesto que resulta ardua y compleja la labor de conciliar los distintos tipos de intereses que convergen y colisionan, según el caso, en la sociedad; pero no puede ocultarse que la primera o última justificación del Estado -según sea causa fuente o causa fin- es servir de medio para la consecución de una sociedad más justa que dignifique al ser humano; así, todos los actos estatales deberían encaminarse hacia el cumplimiento o satisfacción de tan alto objetivo y todos lo funcionarios deberían constituirse en virtuales defensores del pueblo.

Por lo expuesto, quien interprete las críticas del Defensor del Pueblo como un desborde en el ejercicio de sus funciones, no tiene claro, evidentemente, cuál es el rol que esta Institución y sus similares del mundo, desempeñan en las modernas democracias. A ellos les recuerdo que el primer Defensor del Pueblo de España, don Joaquín Ruíz Giménez, sostuvo que “Hoy, el Defensor del Pueblo es un signo de identidad democrática”.

A nadie debe escandalizar esta posición porque ella es compartida por mis colegas de América latina, por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y por los Ombudsman del mundo quienes así lo expresaron en la Declaración final de la VI Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman, celebrada en Buenos Aires entre los días 20 y 24 de octubre de 1996.

En este orden de ideas y para hacer frente a la situación que plantea la longevidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en 1992 celebrar en 1999 en Año Internacional de las Personas de Edad, su objetivo es crear conciencia acerca de la rápida evolución demográfica de la longevidad en todo el mundo, estimular el debate promover estrategias de acción y alentar las actividades de investigación y de intercambio de información.

La Asamblea General de las Naciones Unidas desea hacer hincapié en la magnitud de la “revolución de la longevidad” y en la inmensa importancia de los desafíos que supone. El “boom de los abuelitos” pero, sobre todo de las “abuelitas”, puesto que las mujeres viven por término medio bastante más que los hombres, esto se ha convertido en un fenómeno universal.

La comunidad internacional examinó por primera vez en las Naciones Unidas la cuestión del envejecimiento en 1948, por iniciativa de la República Argentina.

Las personas de edad avanzada gozan de la experiencia de la ancianidad, es de importancia su contribución a la sociedad, su parecer respecto de los acontecimientos importantes, su creatividad, su capacidad de organización, la confianza en sí mismos y la dignidad y el coraje con que hacen frente a la pobreza, a las enfermedades y la muerte.

Aunque el hecho de que el número de personas de edad esté aumentando rápidamente en todo el mundo representa para la humanidad un éxito desde el punto de vista biológico, las condiciones de vida de los ancianos en la en la mayoría de los países se han ido quedando muy atrás con respecto a las de la población económicamente activa.

Las personas de la tercera edad componen aquel grupo de personas que integra toda sociedad y que se denominan “grupos vulnerables” en función de que sus derechos se encuentran en una posición más debilitada que otros con un status más fortalecido. Así, por ejemplo, en toda sociedad hay aborígenes, discapacitados, asalariados, enfermos internados en hospitales públicos, niños en situación de abandono, procesados y condenados privados de su libertad, jubilados, etc.
En los países en desarrollo, que en los próximos decenios experimentarán previsiblemente un envejecimiento más rápido que el registrado en los países desarrollados, se están implantando gradualmente diversas políticas y programas, sobre todo para los muy ancianos.

Hay dos factores críticos en el envejecimiento de la población de los países en desarrollo: una infraestructura institucional insuficiente para dar cabida al número y la proporción crecientes de personas de edad y la incertidumbre de que la familia pueda seguir prestando a sus ancianos la misma atención y solidaridad que antes.
El Estado no responde, la solidaridad familiar se derrumba, la ayuda mutua sigue siendo insignificante.

El riesgo es cada vez más grave es que se erige una suerte de apartheid entre las personas de edad y los activos, para los cuales aquéllas pasan a ser, además, una carga económica. Pero no podrá condenarse a la tercera edad a depender de un régimen de asistencia inevitablemente precario. Debe ser capaz de ofrecer su disponibilidad, su experiencia, todos sus talentos y sentimientos como contrapartida de la solidaridad a la que tiene derecho a aspirar. Sólo gracias a esta reciprocidad podrán las sociedades conservar o recuperar su unidad a pesar de su envejecimiento general.

Por ello, es que el Defensor del Pueblo desde su privilegiada posición de observador independiente del complejo funcionamiento de la sociedad, se ofrece como mediador calificado, para interceder desde el Estado, entre las necesidades del Pueblo y la prioridades de su dirigencia. Puede ayudar desde esta posición a recrear la relación entre el Estado, las instituciones y la sociedad para alcanzar la armonía y equilibrio que permitan un desarrollo justo y equitativo de todos los sectores que la integran.
Un principio fundamental en materia de salud y nutrición respecto de las personas de edad es que puedan llevar una vida independiente en el seno de la comunidad durante el mayor tiempo posible.

Debe garantizarse la promulgación de leyes que garanticen el acceso de las personas de edad avanzada a los servicios de bienestar social en condiciones de igualdad.

En los países y regiones desarrollados han logrado satisfacer las necesidades de todos mediante planes generalizados de seguridad social.

En los países en desarrollo, donde mucha de las personas, cuando no la mayoría de la población, viven bajo un nivel de subsistencia y la seguridad de ingresos es un tema que afecta y preocupa a todos los grupos de edad.

En este sentido, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, integrada por los titulares de instituciones similares de América Latina y de España, en una Declaración suscripta por unanimidad el 23 de octubre de 1996, en Buenos Aires, resolvió exhortar al Banco Interamericano de Desarrollo para que en sus actuaciones, condiciones de crédito y seguimiento de programas de ajuste estructural en los países latinoamericanos se vele por la plena observancia de las previsiones contempladas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americano sobre Derechos Humanos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de que son titulares, en virtud de convenios internacionales, los habitantes de los países prestatarios.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por resolución 46/91, de fecha 16 de diciembre de 1991, los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, solicitando a los gobiernos a que incorporasen los mismos en sus programas nacionales cuando fuera posible. Algunos de los puntos más salientes son los siguientes:
La personas de edad deberán:

  • tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia;
  • tener oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener ingresos;
  • poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales;
  • tener acceso a programas educativos y de formación adecuados;
  • tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio;
  • poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible.
  • permanecer integradas a la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes.
  • poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades;
  • poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada;
  • poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad;
  • tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación, y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro;
  • poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida.
  • poder aprovechar oportunidades para desarrollar plenamente su potencial;
  • tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad.
  • poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de explotaciones y malos tratos físicos o mentales;
  • recibir un trato digno, independiente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, han de ser valoradas independientemente de contribución económica.


Aquí el trascendente papel a desempeñar por nuestras Instituciones, en pos del cumplimiento de los principios enunciados, pues si las grandes mayorías ven resignar sus legítimos beneficios sociales por la tolerancia del poder administrador o por la codicia del poder económico, será difícil que la justicia social sea patrimonio moral de Latinoamérica.

Nosotros nos relacionamos cotidianamente con la patología de la sociedad, con aquellos que no gozan de las ventajas del poder político o del poder económico; por ello, los  Defensores del Pueblo estamos en condiciones de mostrar una radiografía de las consecuencias no deseadas de las doctrinas económicas imperantes que parecen reemplazar los valores de la escala axiológica por otros de la escala económica: así, la eficiencia reemplaza a la justicia; el afán de lucro a la equidad, crecimiento económico a la solidaridad como si fueron valores opuestos, incompatibles y no complementarios, como lo es la eficiencia con justicia, lucro con equidad y crecimiento con solidaridad.

Es por lo expuesto que con sus críticas el Defensor del Pueblo no nuestra romanticismo del pasado ni es nostálgico de épocas superadas, sino que pretenden colaborar con las autoridades responsables para dar respuesta a las demandas sociales, con una visión promotora de transformaciones en un marco de justicia social.

En tal sentido, la UNESCO el 30 de junio de 1996 en la Declaración de Antigua Guatemala sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz, reconoció a los Ombudsman o Defensores del Pueblo de Latinoamérica como las principales figuras del respeto a los derechos y obligaciones de los seres humanos y ponderó sus funciones destinadas a forjar una cultura de paz, de igualdad y de justicia social que permitan un desarrollo equitativo, amplio y duradero.


3.- EXPERIENCIA ARGENTINA.
Pasaré ahora a referirme a la República Argentina, a quien la UNESCO, en su reciente informe, ha calificado como un país de viejos pobres.

Las personas de edad representan el 12% de la población total, pero soportan un tratamiento indecoroso por parte del Estado, que los excluye y los margina.

De las 4.500.000 personas mayores de 60 años, 2.800.000 perciben algún tipo de jubilación o pensión. Un millón y medio de personas sin cobertura alguna integran un grupo altamente vulnerable, cercano a la pobreza crítica.

Para explicar esta situación, dos parámetros parecen indisociables. Por un lado, las políticas oficiales de ajuste permanente siempre apuntaron, como primera variable, al sistema jubilatorio. Así, en 1992, en el marco de sus acuerdos con el Banco Mundial, el gobierno redujo los subsidios de la mayoría de los jubilados de entonces a 150 dólares mensuales.

Hoy día un cuarto de los jubilados continúa percibiendo 150 dólares por mes, suma irrisoria que no alcanza siquiera para la adquisición de sus medicamentos. Un 50% del padrón de jubilados (1.500.000 beneficiarios) cobra menos de 350 dólares y, en las capas superiores de este escalafón, menos del 3% perciben más de 1000 dólares.

El mejor ejemplo para evaluar la decadencia es el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el único sistema público de ese tipo destinado a jubilados y pensionados. Creado en 1971, en sus primeros años fue una eficiente empresa de servicios médicos y sociales que funcionaba con fondos propios. El estatuto actual le permite administrar sus recursos, que previenen del aporte de trabajadores activos y jubilados y de las contribuciones patronales obligatorias. A fines de los años setenta, PAMI se extendió a todo el país y abrió nuevas bocas de atención, totalizando 55 sedes propias. Hoy, la obra social dispone de un presupuesto de 2.400 millones de dólares para la atención de cuatro millones de afiliados, como carece de infraestructura apropiada, contrata a prestadores de servicios.

El deterioro de la calidad de los servicios se aceleró en los últimos años, menoscabando directamente las prestaciones a los beneficiarios pasivos.

Los déficit con los prestadores fueron creciendo y en más de una oportunidad el PAMI estuvo en virtual cesación de pagos. Así, las personas de edad avanzada sufren, como otra triste rutina de vida, el corte abrupto de servicios indispensables para su supervivencia, medicamentos, atención de médicos de cabecera y suspensión de intervenciones quirúrgicas por falta de pago de anestesistas.

Tal como viene ocurriendo desde el comienzo del ejercicio de mis funciones, el Area de Seguridad Social concita los requerimientos de muchos quejosos. Ello ha determinado que más del 25% del total histórico de nuestro trabajo en estos cinco años haya sido motivado por las disfuncionalidades del sistema previsional. La demora en los trámites previsionales, la falta de respuesta a las peticiones formuladas y la inejecución de las respectivas obligaciones por parte del Estado, son las principales causas de cuestionamientos.

La problemática relativa a la Seguridad Social continúa dando claras muestras de que la clase pasiva permanece en situación de crisis.

Así, al inicio de sus actividades esta Institución se vio enfrentada a las gravísimas demoras que la ANSeS imponía a las tramitaciones de los beneficios que otorga. Esa situación se reflejaba en las ineficientes respuestas a las solicitudes de los beneficiarios; desde el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina se encaró, entonces, una tarea caracterizada por la función de control con un perfil de colaboración crítica, trasladando a esa entidad los numerosos reclamos que se recibían en la Institución.

Debo recordar aquí que esta visión crítica que ejerce el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina no nace de un frío dogmatismo ni la he aprendido en voluminosos tomos de doctrina científica; este diagnóstico surge del contacto con la patología de la sociedad, con el sector de los insatisfechos cuya importancia, aunque se quiera minimizar u ocultar, debería ser un referente inexcusable para quienes tienen la responsabilidad de adoptar las decisiones que aspiren al bien común.

Es que desde esta función se puede advertir cuán profundo es el divorcio entre las insatisfacciones cotidiana de la gente y las preocupaciones de sus dirigentes, y lo que lo legitima aún más es que, actuando con plena autonomía e independencia esa cruda radiografía la efectúa desde el propio Estado, permitiéndole a éste recrear su relación con la sociedad.

Así, a fin de dar respuestas más rápidas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) instaló en el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina una terminal informática que ha permitido acceder al Sistema de Registro Unico de Beneficiarios del ente Previsional, agilizando los trámites al evitarse de este modo, la remisión de pedidos de informes.
Debe recordarse aquí que para el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, el centro de su actuación no es un expediente, sino que siendo una institución solidaria, tiene al ser humano como objetivo último de su acción. Por ello, en este sentido he acuñado en la Institución una frase que resume mi pensamiento en esta materia: “no tratamos con expedientes sino con seres humanos”.

Asimismo, en materia de derechos previsionales, ante la negativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en aceptar la presentación del Defensor del Pueblo de la Nación, quien reclamaba un pronto despacho en las 65.000 causas sobre haberes previsionales que se encontraban demoradas desde hacía más de tres años, hubo necesidad de poner esa situación en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.

Dicha presentación se efectuó el día 8 de octubre de 1996; dos meses y 18 días después, la Corte Suprema de Justicia resolvió favorablemente los reclamos pendientes en aquellas miles de causas.

El objetivo de la presentación ante aquel organismo internacional era impedir la efectiva denegación de justicia, puesto que mi obligación como Defensor del Pueblo de la Nación Argentina es tutelar el derecho de los débiles; de aquellos que no tienen voz o no son escuchados.


4.- CONCLUSIONES.

El Defensor del Pueblo es un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres. A pocos días de abandonar el cargo, puedo asegurar que la figura del Defensor del Pueblo genera en los desprotegidos, una suerte de efecto taumatúrgico. Es por ello, que cuando el Defensor el Pueblo recibe una queja, por ejemplo, por vía postal, desde algún lugar distante del país, la sola respuesta de la Institución acusando recibo de la misma y poniendo en conocimiento del interesado el número de actuación que se le ha asignado, genera una nueva comunicación con el quejoso quien ya expresa su gratitud por haber sido atendida su inquietud. Aquí recuerdo, y hago mías, las expresiones formuladas por el ex Ararteko (Ombudsman) del País Vasco, don Juan San Martín Ortiz de Zárate quien sostuvo que la figura que él representaba era una “Institución con alma” (“El Ararteko”, Arteaga, Jesús María, Universidad de Deusto, Bilbao, 1994).

Así como los Gobiernos difunden sus obras, sus logros, el Defensor del Pueblo tiene como materia permanente de sus tareas, las asignaturas pendientes de los Gobiernos con la sociedad.

Por todo ello, es que desde este privilegiado espacio, formulo una exhortación a las autoridades de los distintos Estados: no nos quedemos con un Estado de papel. Las autoridades no pueden ser espectadores pasivos de la situación expuesta; deben asumir su responsabilidad política frente al Estado y la sociedad, evitando el descreimiento de ésta y el desinterés del otro.