Trayectoria profesional, académica, los cargos que ha desempeñado en la función pública, su trayectoria internacional, el detallede las conferencias que ha pronunciado en el país y en el exterior, sus publicaciones y en particular, información sobre Derechos Humanos, Ombudsman, Defensor del Pueblo, derecho al desarrollo, derechos de usuarios y consumidores, globalización y su actividad profesional actual.

Uganda

"Los desafíos del Ombudsman en la Argentina y en el mundo", pronunciada en la Conferencia Regional de Ombudsman del Este, Sur y Centro de África, Kampala, África, 24 de agosto de 1998.

"Los desafíos del Ombudsman en la Argentina y en el mundo"

CONGRESO DE OMBUDSMAN REGIONAL PARA AFRICA DEL ESTE Y SUR
“EL OMBUDSMAN EN AFRICA EN EL NUEVO MILENIO”
UGANDA, 24/26 DE AGOSTO DE 1998

DR. JORGE LUIS MAIORANO
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION ARGENTINA
VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DEL OMBUDSMAN


1. INTRODUCCION

1.1. Desde su nacimiento formal en Suecia hacia 1809, hasta el Ombudsman de nuestros días, la figura ha acompañado las profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que signaron esos años, las cuales, obviamente, influyeron en su perfil actual. Por eso, como reflexión inicial, quiero expresar que son diversos los desafíos que persigue la Institución en la actualidad, de aquellos que justificaron su origen.

1. 2. En los años del liberalismo político decimonónico, el Ombudsman fue configurado como un delegado parlamentario ante quien se presentaban quejas por el mal funcionamiento administrativo. La ausencia de un trámite solemne para la presentación de las quejas; el carácter no vinculante de sus resoluciones despojadas del clásico imperium jurídico; amplias facultades de investigación y obligación de presentar ante el Parlamento un informe anual en el cual daba cuenta de su labor, fueron algunas de las “huellas dactilares” que identificaron la versión original del Ombudsman.

1. 3. Finlandia en 1917 y Dinamarca en 1953 fueron los eslabones que se sucedieron en una cadena que hoy parece no tener fin.

1. 4. Coincidentemente con la generalización del “Welfare State” y el creciente intervencionismo estatal, el concepto del Ombudsman comenzó a desarrollarse masivamente por el mundo. Hasta mediados de la década de los años 70, solo estuvo comprometido con el control de legalidad de la actividad administrativa, incluyendo la discrecionalidad y la arbitrariedad. Era, y es, quien atiende las reclamaciones acerca de lo que se ha llamado “maladministration” o disfuncionalidad administrativa.

1. 5. Así como la finalización de la segunda guerra mundial marcó el inicio de la internacionalización de los derechos humanos, la incorporación de figuras como el Defensor del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos o denominaciones equivalentes, implicó la nacionalización de esos esfuerzos; es decir, la defensa y protección de esos derechos desde el mismo Estado, a través de instituciones independientes y dotadas de amplias facultades de poder moral.

2.     VERSIONES MAS RECIENTES

2.1. Y es aquí donde, a mi juicio, se inicia la etapa que representa una autentica reconfiguración del modelo original.

2. 2. Con el Proveedor de Justicia portugués (1975) y el Defensor del Pueblo español (1978), la figura del Ombudsman apareció vinculada a objetivos que trascendieron a aquellos que lo identificaron durante las etapas iniciales. Así, por ejemplo, la Constitución española de 1978 contempló a esta figura como un órgano unipersonal, formalmente dependiente y funcionalmente autónomo de las Cortes Generales, cuya misión es la defensa de los derechos fundamentales frente a las posibles violaciones cometidas por los poderes públicos y sus agentes.

2. 3. Su reciente incorporación a las democracias de América Latina, de Europa oriental, de África y la paulatina institucionalización en países de Asia, son testimonio de un proceso generalizado en los últimos quince años donde la figura tanto puede ser valiosa como un mecanismo de control democrático sobre la burocracia, un camino formal para la reparación de los agravios originados en comportamientos inmorales del Gobierno, un órgano anticorrupción como un medio de protección de los derechos humanos.

2. 4. La Historia de la Humanidad es un continuo tejer y destejer de abusos cometidos por la autoridad y de luchas, a veces, encarnizadas, por la libertad.

2. 5. En este sentido, la larga marcha de los pueblos hacia esa ansiada meta, desde la Prehistoria hasta finales del siglo XX, corre paralela con la toma de conciencia de las sociedades y los individuos sobre sus derechos fundamentales. Ahí están para demostrarlo, por ejemplo, varios monumentos estelares de este alborear de la conciencia ciudadana mundial: la Declaración del pueblo de Virginia, en 1776; la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; la Declaración Universal de las Naciones Unidas, de 1948; los pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; la Declaración Africana sobre Derechos del Hombre y de los Pueblos, en vigencia desde 1986.

2. 6. Una prueba del universalismo del Ombudsman, la brindan los ejemplos de sus aplicaciones en países de sistemas políticos parlamentarios y presidencialistas; en Estados unitarios, en Estados federales y en regiones autonómicas, en provincias y en municipios.
2. 7. A diferencia de lo que podía pensarse hace tres décadas, hoy el ombudsman no es un lujo de sociedades desarrolladas; es una necesidad evidente de todo Estado de Derecho e inherente a una democracia de avanzada.

3. SU UNIVERSALISMO

3. 1. Precisamente su universalismo determina que la institución persiga en nuestros días, la tutela y promoción de los derechos y libertades fundamentales de toda persona. Por esa razón, ya se está difundiendo, no sólo por América, sino últimamente también en Europa, Asia y África, una concepción de la idea de “mala administración”, más rica en matices que la tradicional. En mi opinión, este concepto debe abarcar no sólo la fiscalización de los actos diarios y rutinarios de la función administrativa (ejemplo: el respeto a los plazos del procedimiento administrativo, la necesidad de no desvirtuar el valor del silencio administrativo, etc.) sino también las decisiones de autoridades, entes públicos o empresas privadas que prestan, bajo un régimen de permiso, concesión o licencia, actividades calificadas como servicios públicos.

3. 2. El entorno en el cual se desarrolla el moderno Ombudsman dista mucho de aquel de hace cincuenta años. Hoy vivimos un mundo globalizado que se caracteriza por enormes disparidades sociales y económicas que afectan las bases del contrato social y donde se percibe, cada vez con mayor intensidad, la necesidad de cambio para superar las brechas sociales. Desde una perspectiva internacional, el escenario mundial posterior a la guerra fría ha cambiado y, en consecuencia, también ha cambiado la naturaleza de los conflictos. De la violencia de la guerra ideológica se ha pasado hoy a la violencia social que produce la pobreza, la marginalidad, la ignorancia y la exclusión.

3. 3. Por todo ello, los desafíos del Ombudsman de nuestros días se encaminan hacia la protección de los derechos humanos basados en su cualidad esencial cual es la universalidad, es decir, que ellos pertenecen a todos los habitantes del planeta, sin consideración de jurisdicciones, por el solo hecho de ser humanos.

3. 4. Los derechos humanos tradicionales (vida, libertad, dignidad) reconocen ciertas libertades fundamentales que tenemos los individuos por la sola condición de tales. Son los llamados derechos civiles, individuales o fundamentales, propios de la primera etapa de este largo y azaroso camino.

3. 5. En una segunda fase surgen los llamados “derechos económicos, sociales y culturales” cuyo reconocimiento depende, en alguna forma, de cierto tipo de acciones gubernamentales. Es el caso de los derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación. Ellos fueron incorporados en forma expresa y puntual a diversos textos constitucionales del primer tercio del siglo XX, luego de una dilatada y agitada gestación, donde no faltaron profundas conmociones sociales y políticas.

3. 6. Mas recientemente, han surgido los derechos de la tercera generación o derechos de solidaridad donde los titulares no son personas individuales sino la comunidad y ante los cuales el Defensor del Pueblo desempeña un importante rol como abogado de la sociedad.

3. 7. Las últimas aplicaciones del Ombudsman a los países latinoamericanos, a las nuevas democracias de Europa Oriental y de África y su generalización en la región de Australasia y el Pacífico, estuvieron determinadas por la necesidad de añadir una cuota mayor de seguridad a la creciente demanda de tutela integral de los derechos humanos; ello se hizo con las modulaciones singulares de cada ordenamiento jurídico.

3. 8. El Ombudsman, en sus versiones más recientes de la última década, tal el caso de lo que sucede en mi país la Argentina, está comprometido, no sólo con las disfunciones administrativas, sino también con la defensa de los derechos humanos, de cualquier generación que se trate asumiendo, en este sentido, un decisivo rol en las sociedades modernas. La comunidad internacional de Ombudsman ya no considera disonantes ni ajenos los desafíos garantísticos que los Defensores del Pueblo, Procuradores de los Derechos Humanos o figuras con denominaciones equivalentes, han asumido como propios.

4. SU RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

4. 1. Una prueba fehaciente de la importancia actual de la figura que hoy nos convoca, lo constituye un reciente pronunciamiento de la UNESCO, quien ha reconocido en los Ombudsman a los actores principales del respeto a los derechos y obligaciones de los seres humanos y agentes multiplicadores de la cultura de paz que permiten superar los estados de inseguridad y violencia que obstaculizan la consolidación de la paz duradera.

4. 2. De este modo, la UNESCO valoriza el papel de nuestras instituciones en beneficio del respeto y desarrollo de la democracia, de la formación ciudadana y de la participación organizada de las poblaciones marginadas, excluidas y discriminadas. Es que el Ombudsman en sus más recientes versiones está preparado para contribuir a forjar una cultura de paz.

El Procurador del Ciudadano, el Proveedor de Justicia, el Comisionado para la protección de los derechos civiles, no importa cómo lo denomine la legalidad de cada ordenamiento, es un agente de la paz. La defensa continua de los derechos del ciudadano más humilde, del que tiene voto, pero que a menudo comprueba que su voz no es escuchada; sus diligencias para que los derechos fundamentales sean más que un mero documento, para que sean algo más que un simple preciosismo del discurso político, convierten al Ombudsman en un funcionario que puede contribuir activamente a un estado de paz.

4. 4. No olvidemos que, actuando con plena independencia funcional sin connivencia o complacencia con el poder, se encuentra en la privilegiada posición de asumir, desde el Estado, el rol de mediador entre las necesidades del pueblo y las autoridades que rigen sus destinos; se erige así, en un valioso instrumento de diálogo entre sectores encontrados y un importante medio de sensibilización del poder político.

4. 5. Desde esta función se puede advertir la profunda brecha que existe entre las insatisfacciones del pueblo y las prioridades de su clase dirigente. Y lo que lo legitima aún más es que, actuando con autonomía, esa cruda radiografía la efectúa desde el seno del propio Estado, permitiéndole a éste la posibilidad de recrear su relación con la sociedad. La paz no es sólo la ausencia de guerra sino, además, un compendio de la justicia, de la libertad y de la solidaridad que suponen la superación de antinomias. Y es sobre las antinomias que hieren el tejido social (interés público - interés privado; autoridad - libertad; justicia - injusticia; capital - trabajo; egoísmo - solidaridad; macroeconomías - microeconomías, etc.) sobre las que opera la institución del Ombudsman. Así, por ejemplo, los más modernos Ombudsman hoy actuamos tanto contra las discriminaciones, contra los actos abusivos e irrazonables del poder público como ante las injusticias que agravian a usuarios y consumidores de servicios públicos monopolizados y en manos del capital privado.

5. EN VISPERAS DEL SIGLO XXI

5. 1. En vísperas del siglo XXI, es la humanidad misma la que constituye la amenaza más grande a su propia existencia. La proliferación de armas nucleares de la guerra fría ha dado lugar a una perspectiva igualmente sombría: el riesgo constante de conflictos étnicos, la violencia y la inestabilidad entre y al interior de muchos países. Los efectos derivados incluyen la degradación del medio ambiente, la pobreza, la marginación, la superpoblación, las migraciones y las flagrantes desigualdades sociales.

5. 2. Mientras en el pasado, la estabilidad política se aseguraba teniendo como último recurso, la amenaza de la fuerza armada, hoy se obtiene mediante sistemas de democracia participativa. En estos sistemas, el conflicto se aborda merced a una combinación de participación, diálogo, mediación y compromiso. Aquí se inserta el Ombudsman de nuestros días ya que puede, desde el propio Estado, crear los antígenos que eviten la beligerancia social e incentivar, al mismo tiempo, nuevas formas de conciliación y mediación de intereses.

5. 3. Son espacios institucionales donde los individuos abandonan la clásica posición de “administrados” para asumir el rol de ciudadanos o contribuyentes que no tienen sólo la obligación de votar o pagar sus impuestos sino, fundamentalmente, la posibilidad jurídica de exigir el reconocimiento de sus derechos que, por otra parte, en el caso de los derechos fundamentales no son una dádiva graciosa del Estado sino una justa exigencia de la sociedad; ya en algunos países y muy pronto en otros, la figura que nos convoca deberá enfrentarse a las consecuencias de los procesos de liberalización de la economía, modelos actualmente hegemónicos en el mundo, que si bien fortalecen lo macroeconómico, terminan destruyendo millones de microeconomías con el consecuente demérito de los derechos humanos.

5. 4. Su importancia se ha acrecentado a partir de que consolidó su condición de interlocutor privilegiado entre el pueblo y sus necesidades y el poder en cualquiera de sus expresiones; además, se erige en un mediador calificado desde su posición de independencia, no para buscar responsables, sí para articular soluciones a los problemas que generan las antinomias; es también un signo de identidad democrática; un instrumento de participación ciudadana; un medio de legitimación cotidiana de las instituciones estatales; una forma de recrear la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales; un instrumento ágil, diferente, informal e inmediato para defender los derechos humanos; en suma, es un medio de sensibilización del poder público acerca de las reales insatisfacciones de una sociedad.

5. 5. La clave para todo ello es que su procedimiento sea flexible, el trámite sumario permita la fácil accesibilidad de los quejosos y, sobre todo, su inmediación con la problemática cuestionada.

5. 6. Debe otorgar prioridad a la defensa de los grupos vulnerables. Estos son aquellos grupos de personas cuyos derechos, por diversas circunstancias o condicionantes, son más fáciles de ser agraviados, menoscabados, violados. En toda sociedad existen estos colectivos que ofrecen una mayor vulnerabilidad frente a los ataques, por acción u omisión, a sus derechos. Así, por ejemplo, en toda sociedad hay jubilados, aborígenes, discapacitados, asalariados, enfermos internados en hospitales públicos, niños en situación de abandono, procesados y condenados privados de su libertad, usuarios de servicios públicos monopólicos, etc.

5. 7. Como los Ombudsman o Defensores del Pueblo nos relacionamos con la patología de la sociedad, con aquellos que no gozan de las ventajas del poder político o del poder económico, estamos en condiciones de mostrar una radiografía de las consecuencias no deseadas de las doctrinas económicas imperantes. Así, por ejemplo, no podemos ocultar que la extinción del Welfare State, no trajo aparejada el nacimiento de una sociedad de bienestar. Esto ratifica el silenciamiento de los valores de la escala axiológica, para su reemplazo por otros de la escala económica; la eficiencia reemplaza a la justicia; el afán de lucro a la equidad; el crecimiento económico a la solidaridad. Como si fueran valores opuestos, incompatibles y no complementarios, como lo son eficiencia con justicia, lucro con equidad, crecimiento con solidaridad.

5. 8. Es por ello que, desde nuestra posición de Defensores del Pueblo, vemos con honda preocupación cómo la economía prevalece sobre el ser humano y que los derechos fundamentales (sobre todo los económicos, sociales y culturales) se convierten a diario en simples expectativas o catálogos de ilusiones.

5. 9. El Defensor del Pueblo, como institución estatal benéfica, supera el control egoísta y avanza hacia el control social donde la opinión pública se convierte en sombra ética del poder. Contribuye así a afianzar el sentido de la responsabilidad, como sinónimo de respuesta en el ejercicio de la función pública enriqueciendo, al mismo tiempo, a la política.

5. 10. Recientemente se ha ido perfilando una nueva y trascendente función de los más modernos Ombudsman; me refiero a la custodia de los intereses colectivos o difusos o, como los denomina la Constitución Argentina, “derechos de incidencia colectiva”. No se trata de la colectivización de la legitimación sino de la institucionalización de una figura que, administrativa y judicialmente, se presenta como defensora de los intereses de la sociedad en temas de carácter ambiental, por ejemplo.

5. 11. Personalmente he venido sosteniendo que su perfil adecuado es el de un colaborador crítico de la autoridad, no su contradictor efectista; a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, debe agotar sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano.

5. 12. Cierto es que el Ombudsman o Defensor del Pueblo poco podrá hacer frente a un conflicto armado tradicional; en este caso, el ansiado objetivo de la paz le será remoto. Pero donde sí puede contribuir activamente es frente al creciente clamor de quienes ya no se conforman con el derecho a la vida; quieren más y eso implica mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud, mayor protección de los valores comunes, etc.

5. 13. El Ombudsman, o como se lo llame, no es la panacea, un Rey Midas o un salvador de la Patria. Pero eso sí, es una institución con un profundo contenido solidario, íntimamente comprometida con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social y con la paz.

6. EL OMBUDSMAN O DEFENSOR DEL PUEBLO EN ARGENTINA

6. 1. El artículo 86 de la Constitución Nacional de mi país prevé que “El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena independencia funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser reelegido nuevamente por una sola vez. La organización y funcionamiento de esta Institución serán regulados por una ley especial”.

6. 2. Se destacan, pues, dos cometidos principales: 1) la función tutelar de los derechos humanos y de los demás derechos y garantías previstos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes, con especial referencia a los derechos que protegen el medio ambiente, a la competencia, a los usuarios y consumidores, los derechos de incidencia colectiva y contra todo tipo de discriminación; 2) como correlato indispensable para el ejercicio de esa función, ejerce también el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas; de tal forma quedan incluidas dentro de su competencia las personas jurídicas públicas no estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios públicos.

6. 3. En apretada síntesis, sus notas peculiares son las siguientes:
1) la Constitución Nacional argentina adoptó el Ombudsman según la versión clásica (modelo parlamentario) con la ampliación de funciones que contiene la Constitución de España de 1978 para una figura similar;
2) empleó la denominación con que se ha difundido en América Latina: “Defensor del Pueblo”;
3) lo ha caracterizado como una institución no integrante del gobierno. La previsión constitucional lo erige en una Autoridad de la Nación, es decir, una institución de la República; así lo ha puesto a resguardo de los intereses y conveniencias políticas circunstanciales;
4) actúa con absoluta independencia funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Si bien el Congreso Nacional lo designa y, eventualmente, lo remueve, desarrolla sus funciones con plena autonomía a cuyos efectos la ley reglamentaria prescribe que cuenta con servicio administrativo y financiero propio, administra su presupuesto y designa y remueve su personal;
5) su titular tiene las mismas inmunidades que los legisladores; una de ellas, la inmunidad de opinión resulta fundamental para su labor ya que será esa opinión crítica, manifestada en recomendaciones, advertencias, sugerencias, recordatorios de los deberes legales, la expresión concreta de su “magistratura de persuasión”;
6) la ausencia de solemnidad y el informalismo en el desarrollo de sus trámites internos se manifiestan en los mínimos recaudos que se requieren para la presentación de una queja: nombre, apellido, domicilio y firma del interesado. No se exige patrocinio letrado, el pago de ninguna tasa especial, ni la acreditación de alguna de las clásicas facultades jurídicas tradicionales: derecho subjetivo o interés legítimo. Sólo se requiere que el interesado tenga algún tipo de relación con la cuestión planteada;
7) la agilidad y rapidez en los trámites está garantizada en la sumariedad de las actuaciones; no se aplican - por su improcedencia - las normas comunes del procedimiento administrativo y del proceso judicial. Esto vislumbra una idea fundamental: sus trámites son distintos y distantes de todos los conocidos con anterioridad;
8) no sustituye, ni suple la responsabilidad de las respectivas autoridades competentes. Cabe recordar que esta institución no fue concebida, en la Argentina y en el resto del mundo, para brindar auxilio directo ante necesidades concretas; esto implica que no puede proveer una vivienda, no puede dar trabajo al desempleado, no puede dar de comer a los niños y ancianos hambrientos o desprotegidos, no puede comprar medicamentos, otorgar subsidios o dar alojamiento transitorio, por ejemplo. Pero, en cambio, sí puede lograr que los organismos competentes atiendan esos reclamos; que se aplique la legislación vigente; que se modifiquen prácticas o conductas administrativas inveteradas;
9) no suple la defensa individual de los derechos; no es un defensor oficial ni de pobres y ausentes; es una institución que representa ante la Administración los intereses y derechos de los quejosos individuales o colectivos y que, eventualmente, acude ante la justicia para la defensa de los derechos de incidencia colectiva y para efectivizar su función de control de legalidad;
10) es tradicional a esta figura que ella se justifica sólo en términos de complementariedad. No debe sustituir ni competir con los órganos y procedimientos tradicionales, ya sean administrativos o judiciales; por ello, la ley orgánica del Defensor del Pueblo establece que no puede dar curso a una queja cuando, respecto de la cuestión planteada se encontrare pendiente resolución administrativa o judicial. En el mismo sentido, si una vez promovida la actuación, se interpusiese por el interesado algún recurso administrativo o acción judicial, debe suspender la tramitación;
11) carece de facultades para revocar actos, modificarlos o sustituirlos. El Defensor del Pueblo no modifica, ni crea relaciones jurídicas tradicionales; opera desde el plano del reproche moral al recomendar, exhortar, advertir y recordar el incumplimiento de los deberes legales de los funcionarios;
12) puede pedir informes a todas las autoridades de la Administración e incluso a los responsables de empresas prestatarias de servicios públicos quienes están obligados a responder sus requerimientos, en un plazo máximo de 30 días hábiles, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia;
13)     su relación con el Congreso Nacional se manifiesta en la obligación de presentar anualmente un informe donde da cuenta del número y tipo de las actuaciones que tramitó, las que fueran realizadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de las mismas;
14) una consideración especial, merece la legitimación procesal que le ha otorgado al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina el artículo 86 de la Constitución Nacional y que resulta ejemplificada por el artículo 43 de esa Carta Magna.

6. 4. Este último artículo prevé que “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización...”

7. LOS DESAFIOS QUE DEBE ENFRENTAR

7. 1. La contribución más auténtica que puede realizar esta Institución en el mundo globalizado de nuestros días es proteger y defender cotidianamente los derechos humanos de los grupos vulnerables frente a los abusos del poder económico y del poder político. Sin complacencia con el poder, con rebeldía innovadora y con un profundo compromiso con una visión superadora de la sociedad, los Defensores del Pueblo, Procuradores de los Derechos Humanos o denominaciones equivalentes debemos procurar que el poder económico - hoy, tal vez con mayor protagonismo que el poder político - sea realmente solidario con los derechos del pueblo, bajo el principio de que no es justo ni equitativo que el sacrificio sea de las mayorías y las ganancias sean privadas promoviendo que el orden jurídico interno sea consecuente con la equidad y justicia social sin las cuales no puede existir una sociedad que dignifique al ser humano.

7.  2. La clave para todo ello será que el moderno ombudsman mantenga plena independencia de los intereses partidarios y actúe parcialmente para defender los derechos de los débiles; no olvidemos que el poderoso no necesita Defensor; el poder económico o el poder político no necesitan quien los defienda; si, en cambio, lo necesita aquél que muchas veces se convierte en un moderno súbdito del Estado de Derecho.

8. CONCLUSION

8. 1. Grande es nuestra responsabilidad como titulares de la figura del Ombudsman ya que nos corresponde legitimar cotidianamente a esta maravillosa institución de protección y control que, en última instancia, es un canto a la esperanza y a una apuesta a la solidaridad. Tendremos siempre presente que hasta hace pocos años, lo que en muchos de nuestros países podía ser considerado como una utopía política o un vano empeño de un erudito del derecho, hoy es un referente inexcusable para conocer las dolencias, carencias e insatisfacciones que lesionan el tejido social de un país.